Alertas Constitucionales CLAPES UC - Proceso Constituyente (02 de Octubre)

🗳️ El 20 de septiembre, el pleno del Consejo Constitucional aprobó consagrar la protección de la vida de quien está por nacer y la expulsión de extranjeros que ingresen al país de forma clandestina. Respecto de ésta última medida, la consejera María Claudia Jorquera (UDI) indicó que “para nadie es desconocido que el desorden migratorio que hemos visto en las últimas décadas ha resentido nuestra convivencia”. Agregó que “no se trata de tener una política de puertas cerradas”, sino que de buscar soluciones a una situación complicada que vive nuestro país. Asimismo, se aprobó que los enfermos terminales privados de libertad que no representen un peligro para la sociedad pudieran solicitar la reclusión domiciliaria total.

 

✅ El 20 de septiembre, el pleno del Consejo Constitucional aprobó elevar la objeción de consciencia institucional e individual a rango de derecho fundamental. Al respecto, la norma en cuestión señala que: “[e]ste derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme a ellas, a transmitirlas, y a la objeción de conciencia individual e institucional. Se garantizará su ejercicio, debido respeto y protección”. Para la consejera Ivonne Mangelsdorff (RN), la incorporación de la objeción de conciencia resulta de vital importancia, como una forma de entregar una real protección a las personas en su actuar ciudadano. Al respecto, el consejero Aldo Valle (Indep. PS) manifestó su preocupación por la “amenaza potencial” que representa para el Estado de Derecho la redacción de esta norma que establece la objeción de conciencia individual e institucional. Asimismo, se aprobó la libertad de expresión, información y opinión, sin censura previa y la prohibición de las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado.

 

📍El 21 de septiembre, el pleno del Consejo Constitucional refrendó el derecho preferente de los padres o tutores legales de elegir el tipo de educación y el establecimiento de enseñanza que estimen de acuerdo con sus convicciones morales o religiosas. En materia de libertad de enseñanza se aprobó que el Estado deberá garantizar la continuidad del servicio educativo en sus establecimientos educacionales y que “la enseñanza estatal y la reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna”. En materia de protección de la salud, las y los consejeros aprobaron por voto de mayoría que es deber preferente del Estado “garantizar para todas las personas la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas” y que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Además, que “cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”. En materia de seguridad social, se aprobó que “cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por éstas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta”. Finalmente, en materia laboral, se aprobó que el derecho a un trabajo decente y que la libertad sindical comprende “el derecho a la sindicalización, y a la huelga ejercida dentro del marco de la negociación colectiva”, no pudiendo declararse en huelga los funcionarios del Estado, municipales, o quienes laboren en corporaciones o empresas que atiendan servicios de utilidad pública o “cuya paralización cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población o a la economía o seguridad del país”.

 

🗒️ El 21 de septiembre, el pleno del Consejo Constitucional aprobó la consagración del derecho a una vivienda adecuada, con preferencia al acceso a una vivienda propia mediante la promoción de acciones progresivas por parte del Estado. Otra de las innovaciones constitucionales fue la aprobación del derecho al acceso al agua y al saneamiento, el que priorizará el consumo humano y su uso doméstico de subsistencia. Además, al aprobarse el derecho de propiedad, que también fue votado durante la sesión, se estableció que las aguas son bienes nacionales de uso público; por tanto, se podrán constituir derechos de aprovechamiento sobre ellas, tal como ocurre en la actualidad, lo cual fue criticado por la consejera Nancy Márquez (CS) al considerar el actual contexto de sequía. También respecto al derecho a la propiedad, se rechazó que los bienes nacionales de uso público sean susceptibles de concesión. Entre los otros derechos aprobados durante la jornada están la igual y equivalente repartición de los tributos, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, la no discriminación arbitraria del Estado en esta materia, la libertad para adquirir toda clase de bienes, el derecho de autor y la propiedad intelectual y la protección de los consumidores. 

 

📐El 22 de septiembre, se aprobó que la calidad de ciudadano se pierde, entre otras cosas, por “condena de delitos que la ley califique como conducta terrorista, y los relativos al tráfico de estupefacientes, trata o tráfico de personas”. Además, se pierde por “los delitos que hayan cometido autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y que hubieren merecido, además, pena aflictiva”. Otro de los puntos abordados y votados en el pleno del Consejo Constitucional fue que el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación. Asimismo se determinó  que las medidas adecuadas para la realización de estas prestaciones serán determinadas por la ley y las normas fundadas en ella, y que para llevarlas a cabo “los tribunales no podrán definir o diseñar políticas públicas”. También se consagró que las personas que por “causa de actos u omisiones ilegales sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio” sobre tales derechos sociales podrán recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva.

 

🖌️ El 22 de septiembre, el pleno del Consejo Constitucional consagró por primera vez a nivel constitucional el derecho a la cultura. Finalmente, el texto señala que “el Estado resguarda el derecho a participar en la vida cultural y científica”, y que “fomentará la actividad cultural mediante distintos mecanismos de financiamiento (…) garantizando la debida pluralidad de visiones”. El consejero Miguel Littin (PS) celebró la aprobación de este artículo, al que calificó como “un anhelo de artistas chilenos”.

 

✅ El 23 de septiembre, desde el pleno del Consejo Constitucional se aprobó la posibilidad de presentar iniciativas ciudadanas de ley. El consejero Carlos Solar (PRep), integrante de la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado, señaló que tanto esta norma como el capítulo aprobado promueven una “ciudadanía más empoderada”. Por otra parte, se aprobó la norma que inconstitucionaliza a los “partidos políticos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella”. Otras normas aprobadas en este capítulo contemplan foros de deliberación ciudadana, la participación equilibrada entre mujeres y hombres en la integración de los órganos colegiados de los partidos, se eliminan las órdenes de partido, se establecen sanciones al incumplimiento de la disciplina partidaria, entre otras medidas que buscan fortalecer a las colectividades y disminuir la fragmentación política. El mismo día se aprobó el redistritaje y la composición del Senado y la Cámara de Diputados.

 

📢 El 25 de septiembre, el pleno del Consejo Constitucional aprobó la limitación de la dieta parlamentaria, la que no podrá superar a la de un ministro de Estado. Además, la norma contempla deducir las inasistencias injustificadas a sesiones, asunto que argumentó el consejero Arturo Phillips (UDI): “no se trata de cuestionar el trabajo legislativo, sino que otorgar seriedad y fomentar la responsabilidad frente al electorado”. Otras de las materias abordadas fueron las disposiciones “anti díscolos” que involucran la pérdida del escaño parlamentario. El Consejo aprobó que el diputado(a) o senador(a) que renuncie al partido que declaró su candidatura, pierda su puesto en el Congreso, pero no recogió la propuesta de la Comisión Experta que establecía la misma sanción para quien fuera expulsado de su colectividad. El consejero Alejandro Kohler (PS) señaló que no aprobar esta propuesta “deja cojo el esquema de disciplina partidaria”. Además, entre las causales de pérdida de escaño, se aprobó el cese de funciones del parlamentario que “incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios violentos”.

 

🗳️ El 25 de septiembre, la delegación de la Comisión de Venecia visitó el Consejo Constitucional. La delegación está integrada por Josep María Castellà (España), Paolo Carozza (EE.UU.), Gianni Buquicchio, presidente emérito de la Comisión; Simona Granata-Menghini, secretaria de la institución, y Doménico Vallario, letrado del organismo. La instancia, experta en el ámbito constitucional, se encuentra de visita en el país con la finalidad de examinar los alcances de la propuesta de nueva Constitución, a partir de una solicitud formulada por un grupo de senadores. Tras los diversos encuentros que sostendrán en el país, que incluye también a la Secretaría Participación Ciudadana, elaborarán un informe con las impresiones del texto que se someterá a plebiscito el próximo 17 de diciembre

 

✅ El 25 de septiembre, el pleno del Consejo Constitucional aprobó reducir en 17 los escaños a distribuir en las elecciones, los que pasan de los 155 actuales a 138. El consejero Edmundo Eluchans (UDI) señaló que se llegó a esa cifra al unir las propuestas de Chile Vamos y del Partido Republicano. Por otra parte, y con el voto en contra de la bancada republicana, se rechazó el mecanismo de paridad de género que corregía la distribución de escaños en el parlamento. La disposición transitoria operaría durante las dos elecciones posteriores a la entrada en vigencia de la propuesta constitucional cuando algún sexo superara el sesenta por ciento de los electos. La consejera Patricia Spoerer (PRep) justificó el rechazo por estar en contra de las correcciones “de salida”. La consejera Nancy Márquez (CS) criticó el rechazo de la medida y señaló que la paridad es un “mecanismo de justicia distributiva” que evita la concentración del poder político. Otra de las materias aprobadas que generaron debate en el Pleno fue la que establece como iniciativa exclusiva del Presidente de la República los proyectos de ley que establezcan las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva. El consejero Julio Ñanco (RD) afirmó que la norma “representa un retroceso en derechos fundamentales y una atribución de funciones legislativas al (poder) ejecutivo”. Finalmente, entre las innovaciones aprobadas se cuenta la “agenda legislativa prioritaria”, facultad del Presidente de la República para informar al país durante la cuenta pública de hasta tres proyectos de ley que “deberán ser puestos en votación y terminar su tramitación legislativa en el plazo máximo de un año”.

 

📍 El 26 de septiembre, la Comisión de Venecia se reunió con la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad. El objetivo principal del encuentro, que se desarrolló en la sede del Congreso Nacional en Santiago, fue conocer todo el trabajo realizado -hasta este momento- por ambos órganos, en el marco de la elaboración de una nueva Constitución en el país, cuya propuesta será sometida a Plebiscito del 17 de diciembre próximo. Junto con valorar la reunión, el vicepresidente de la Comisión Experta, Sebastián Soto, explicó cómo se abordaron las distintas materias hasta sellar el anteproyecto que le fue presentado al Consejo Constitucional; entre cuyos temas destacó: la jerarquización de los tratados internacionales y el umbral del 5% para que los partidos políticos tengan representación en el Parlamento.

 

🗒️ El 26 de septiembre, por 26 votos a favor, 17 en contra y 7 abstenciones, el pleno del Consejo Constitucional rechazó la norma propuesta por la Comisión Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado, que buscaba elevar el requisito de edad mínima para ser elegido Presidente de la República -de 35 a 40 años-, contenida en el Capítulo V: Gobierno y Administración del Estado. Asimismo, se aprobó fijar la elección conjunta de parlamentarios con la segunda vuelta presidencial, se aprobó la incorporación de una comisión que fije sueldos de altas autoridades del Estado y que los embajadores designados por el Presidente de la República deban concurrir a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado con el fin de efectuar una presentación en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo.

 

📐 El 27 de septiembre, el pleno del Consejo Constitucional aprobó normas sobre Modernización del Estado y el Consejo de Evaluación de Leyes, tomando varios aspectos de la Iniciativa Popular N°7927 (“Por un Estado sin Pitutos”). En ese sentido, se aprobó que se distingue constitucionalmente entre el Gobierno y la Administración del Estado, consagrando que al primero le corresponderá la definición y aprobación de las políticas públicas, los planes y programas y, al segundo, ejecutar y controlar tales acciones para promover y garantizar la prestación de servicios públicos en forma continua y permanente, actuando imparcial y objetivamente para desarrollar de manera eficiente el uso de los recursos públicos. Lo anterior tiene directa relación con la postulación a cargos públicos, por lo que se afirmó que la ley establecerá un régimen general único de designación, contratación, promoción y cese de funciones de los funcionarios del Estado, sobre la base de “un sistema de selección, de libre e igualitario acceso, competitivo, inclusivo, no discriminatorio, transparente, imparcial, ágil, que privilegie el mérito de los postulantes”, garantizando la carrera funcionaria. Al referirse a estas materias, la consejera Gloria Hutt (Evópoli) señaló que el Proceso Constitucional es “una buena oportunidad para corregir ámbitos de la vida nacional que no están dando respuestas a las demandas ciudadanas”. Respecto al Consejo de Evaluación de Leyes y Políticas Públicas, dicho órgano tendrá por objeto la evaluación de las leyes y las políticas públicas sobre la base de los objetivos perseguidos por éstas. Asimismo, deberá elaborar un plan de evaluación legislativa y de políticas públicas con la colaboración del Presidente de la República y del Congreso Nacional para garantizar la calidad y eficacia de las leyes y políticas públicas. Además, la dirección y administración superior del Consejo estará a cargo de una Comisión Directiva, la que  estará constituida por cinco integrantes, designados por el Mandatario previo acuerdo del Senado adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio. 

 

🖌️ El 28 de septiembre, el pleno del Consejo Constitucional aprobó una serie de normas sobre descentralización. Entre las materias abordadas está la organización del territorio “en regiones, provincias, comunas y territorios especiales” y tendrá como metas la integración armónica, la sustentabilidad y el desarrollo del país. Uno de los principios consagrados es la radicación preferente; es decir, se priorizará “que las funciones públicas sean radicadas en el nivel en que se ejerzan con mayor eficiencia y eficacia, privilegiando, en tal caso, el nivel local sobre el regional, y éste último, a su vez, sobre el nacional”. El consejero Jorge de la Maza (PRep) señaló que actualmente “es humillante” para las autoridades administrativas regionales tener que venir a Santiago para lograr avances en materias como infraestructura pública. Asimismo, se ratificaron un conjunto de normas que fortalecen los gobiernos regionales y locales. Un elemento nuevo, propuesto y aprobado por la derecha -sector autor de la enmienda- es que una ley institucional creará un “consejo consultivo” que colabore con el gobierno regional para el desarrollo de una herramienta de planificación estratégica y pueda confeccionar, cada año, un informe técnico sobre el estado de la economía de la región y sus potencialidades. Además, se aprobó que la administración de cada región resida en el gobierno regional, el que estará “constituido por el gobernador o gobernadora regional y el Consejo Regional, cuyo número de integrantes será establecido por ley. Estas autoridades serán electas en la región por sufragio universal, de conformidad con la Constitución y la ley electoral”. Este tema fue destacado por la consejera republicana Patricia Spoerer, quien señaló que la elaboración de políticas regionales, conectadas a lo nacional, son esenciales para enfrentar “las desigualdades” entre las regiones. Asimismo, el 29 de septiembre se plasmaron los territorios especiales en el texto constitucional. 

 

✅ El 29 de septiembre se aprobó la creación de órganos autónomos en el Poder Judicial. Para la gobernanza del Poder Judicial existirán órganos con autonomía legal encargados de los Nombramientos de sus Integrantes; la Formación y el Perfeccionamiento de Jueces y Funcionarios (actual Academia Judicial); así como la Gestión y Administración del Poder Judicial, (actual Corporación Administrativa del Poder Judicial). Estos tres órganos funcionarán separadamente y de forma coordinada. Una ley institucional regulará, en cada caso, las competencias, organización, funcionamiento y demás atribuciones de los órganos respectivos que ejercerán la gobernanza judicial. “Los integrantes de los cuerpos directivos de los órganos durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos por una vez, salvo los del órgano que esté a cargo de los nombramientos judiciales, quienes no podrán ser reelegidos, y cuyos integrantes judiciales durarán dos años en su cargo”. Al respecto, el comisionado Hernán Larraín señaló que la separación de las funciones jurisdiccionales y administrativas “no genera burocracia ni incrementa costos” y avanza de manera “seria y efectiva” hacia la modernización del Poder Judicial.

 

📍 El 30 de septiembre el pleno del Consejo Constitucional incorpora la Defensoría de las Víctimas al Consejo Constitucional. La norma establece la creación de este servicio, el cual estará dotado de “personalidad jurídica, de una función descentralizada y con una territorialidad desconcentrada”. Asimismo, dependerá del Ministerio de Justicia y tendrá por propósito “garantizar el acceso a la justicia” y promover “la utilización del arbitraje, la mediación y otros medios alternativos para la resolución de conflictos”. Respecto de las atribuciones, estas tienen relación con asesorar, entregar representación jurídica y apoyo integral, psicológico y social a las víctimas de delitos. El consejero Miguel Rojas (PRep) expuso que “hoy votaremos por cada chileno que ha sido víctima de un delito y ha quedado al desamparo de la justicia, la que muchas veces protege más al delincuente, que al mismo afectado por el delito”.