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Un remedio efectivo contra la desigualdad

14 de julio del 2014


Existe consenso: debemos mejorar nuestra distribución de ingresos. El problema es que no existen balas de plata y Chile lo sabe bien. Por décadas, el país ha realizado avances gigantescos en sus políticas sociales, pero la desigualdad se ha reducido poco. Las "nuevas" apuestas del Gobierno pasan por reformas estructurales de dudoso impacto, al menos en el corto plazo.

El nuevo proyecto de reforma tributaria -todavía deficiente, aunque mejor que el original- es una de esas apuestas, pero se anticipa que tendrá un impacto muy acotado. Por otra parte, la reforma educacional, "la madre de todas las batallas contra la desigualdad", parece a la deriva en un mar de dudas. Pero independientemente de la incertidumbre que la rodea, lo cierto es que incluso la más extraordinaria de las reformas educacionales no generaría efectos reales en la distribución de ingresos antes de 20 años.

¿Existe una alternativa para apurar el tranco? Sí. La transformación del sistema de capacitación puede ser el remedio más efectivo en contra de la desigualdad. Y si bien esta no ha sido parte de las demandas de la calle, la idea tiene adherentes transversales entre trabajadores, empresarios y técnicos. Incluso fue mencionada en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, pero ha pasado sin pena ni gloria.

Comencemos por el diagnóstico. Nuestro modelo de capacitación adolece de múltiples falencias y la evidencia así lo demuestra: los más de US$ 300 millones destinados anualmente al sistema no han tenido impacto ni en salarios ni empleabilidad. Difícil así reducir la desigualdad. Entre las razones que explican el magro resultado encontramos: solo el 10% del gasto en capacitación del país (vía franquicia tributaria) se va a los trabajadores de menores ingresos (¿no acentúa esto las desigualdades?); solo el 1% del gasto en capacitación se destina a la microempresa y solo el 3% a la pequeña, precisamente donde están los empleos más necesitados; la ausencia de evaluación de conocimientos aprendidos (solo asistencia), lo que además impide generar reputación en la oferta de cursos; una duración promedio de los cursos de menos de 30 horas (sí, leyó bien, ¡30 horas!), y, por último, la ausencia de certificación que impide la apropiación de los beneficios de la capacitación por parte del trabajador.

¿Qué proponemos? En primer lugar, integrar a trabajadores, Estado y empresarios a través de una nueva institucionalidad que tenga como objetivo el desarrollo de habilidades y capacidades consistentes con las demandas de nuestros sectores productivos. No habrá capacitación de calidad mientras no se conecten la oferta y demanda. En segundo lugar, renovar la franquicia tributaria dirigiéndola al trabajador. Es necesario empoderar a nuestra fuerza de trabajo, evitando las distorsiones del modelo actual que implican que los menos preparados financien la capacitación de los más preparados. Para lograrlo, proponemos que cada empleador acumule en una cuenta individual hasta el 2% de su salario (a cuenta de la franquicia del Estado) por un período de cuatro años para destinarlo a su formación.

Tercero, generar incentivos para llevar la capacitación a las pymes y premiar los esfuerzos pro trabajadores. Para esto planteamos ajustar el tope de la franquicia entre 0 y 2%, en función del tamaño de la empresa e indicadores de empleo que esta demuestre postcapacitación. Cuarto, crear un sistema de evaluación y certificación para la capacitación que permita al trabajador apropiarse de sus beneficios. Finalmente, proponemos fortalecer la fiscalización del sistema (la unidad de fiscalización a cargo de esta materia contaba el 2013 con 12 personas a nivel central y 40 en las direcciones regionales).

En la práctica, una capacitación de calidad ofrece la única posibilidad real de mejorar nuestros niveles de productividad y desigualdad en el corto y mediano plazo en forma eficiente y efectiva. El sistema maneja un abultado presupuesto (el gasto del Sence fue de $ 172.000 millones en el 2013), por lo que no es necesario agregar más recursos, solo orientar los esfuerzos para utilizar los disponibles en forma eficiente. Aun cuando no sea producto de las demandas de la calle, la necesidad de mejorar nuestro proceso de formación para el trabajo es de sentido común. No tenemos tiempo que perder para hacernos cargo de los desafíos actuales en materia de desigualdad y productividad. Chile merece más en materia de capacitación.
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Pobreza y desigualdad
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Felipe Larraín

Doctor en Economía. Universidad de Harvard (EE.UU.). Ingeniero Comercial UC. Exministro de Hacienda. Profesor Titular Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas UC.

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