Un país en marcha, pero en reversa

Si alguien buscaba en el discurso presidencial del 21 de mayo elementos que permitan a la economía chilena salir del frenazo o mejorar las expectativas respecto de reformas tan importantes como la laboral, educacional o constitucional, salió profundamente defraudado (con excepción parcial en la constitucional).

Todos podemos equivocarnos, pero reiterar el mismo error es mucho menos entendible. Eso es lo que ocurrió con el diagnóstico económico del discurso, esencial para enmendar rumbo. Tal como en plena campaña electoral de 2013, se sigue sosteniendo que las razones de la desaceleración son externas y no se reconocen los negativos impactos de la reforma tributaria y la incertidumbre de otras reformas sobre la inversión y el crecimiento. Todo esto después del evidente frenazo económico que enfrentamos desde 2014 y que ya le ha costado muy caro al país. Solo en materia de recaudación fiscal, el paupérrimo crecimiento de 2014 costó unos US$ 2.000 millones en relación con el promedio de crecimiento 2010-2013.

La respuesta del discurso al frenazo es un rol más activo de la política fiscal. Sin embargo, el resultado del impulso fiscal en el crecimiento ha sido, por decir lo menos, escuálido. Y no solo en 2014. En 2009 el gasto público creció casi 17% real y la economía se contrajo en 1%. No olvidemos que el sector público representa solo cerca del 20% de la economía; por tanto, para reactivar hay que reencantar al otro 80%: el sector privado. Este punto estuvo ausente en el discurso.

Lamentablemente, cuando el diagnóstico es equivocado y no se reconocen los errores, es muy difícil enmendar el rumbo. Si este es el camino elegido, nos llevará a crecer -con suerte- al 3% y lo sufrirán los chilenos con menos posibilidades de empleo y menor crecimiento de los salarios, como ya está ocurriendo.

En el ámbito laboral, la Presidenta dice que los ciudadanos "nos demandan más y mejores oportunidades de trabajo". Pero si ello es así, ¿cómo se sigue adelante con una reforma laboral que podría generar una pérdida de 150 mil puestos de trabajo? Y si demandan mejores oportunidades de trabajo, ¿cómo deja ausente de una reforma laboral la capacitación de sus trabajadores para incrementar sus conocimientos y aspirar así a mejores oportunidades de trabajo? ¿Será por todo lo anterior que nunca pronunció las palabras reforma laboral?

El discurso también dejó en evidencia las dificultades de la reforma insignia del gobierno en el ámbito de la educación: la gratuidad. El anuncio de que a partir de 2016 se asegurará que el 60% más vulnerable estudiará "sin beca ni crédito" solo en centros de formación técnica, institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro o universidades del CRUCh generará una compleja situación. ¿Qué ocurrirá con el importante número de alumnos vulnerables que, con gran esfuerzo, estudian en otras instituciones? Las declaraciones del ministro de Educación de que aún no se ha presentado la forma en que se financiará la gratuidad sugiere que la discriminación responde simplemente a los altos costos de la medida, punto que ha sido levantado desde un comienzo por distintos técnicos, pero hasta ahora obviado por la autoridad.

Los anuncios constitucionales del discurso dejan entrever alguna definición presidencial. Aun cuando no es el ideal tener que recurrir a la exégesis para dilucidar el verdadero sentido de lo expresado por la Mandataria en materias de tal trascendencia, valoramos que haya utilizado el concepto de "acuerdo político amplio" para referirse al contexto dentro del cual deberá generarse nuestra nueva Carta Fundamental. Lástima que haya sido la única vez en toda su intervención donde utilizó estas palabras que llaman a la ponderación y al ejercicio democrático de búsqueda de acuerdos transversales en el interés del país y no de una mayoría política transitoria.

Este acuerdo amplio constitucional supone que deberá existir un equilibrio adecuado entre la participación ciudadana y un "momento institucional legítimo y confiable". Esto último es un reconocimiento expreso a que no es posible realizar una modificación de esta envergadura sin sujetarse a las normas institucionales vigentes: es el Congreso Nacional -como depositario de la soberanía popular- el que debe tramitar y votar el proyecto de nueva Carta Fundamental. Parafraseando al mismo Camilo Henríquez citado en su alocución por la Mandataria para justificar sus ansias de contar con un incierto nuevo texto constitucional, "una porción del pueblo no es la soberanía, ni puede ejercer la potencia soberana del pueblo entero".

http://www.elmercurio.com/blogs/2015/05/23/32043/Un-pais-en-marcha-pero-en-reversa.aspx