Transantiago, otra tormenta perfecta: Termina el subsidio, suben los costos y vencen los contratos

Tarifa lleva 1.259 días congelada

Transantiago, otra tormenta perfecta: Termina el subsidio, suben los costos y vencen los contratos

Las alzas del IPC y el diésel han presionado los costos del sistema —rebautizado como Red en 2019-, cuya tarifa se encuentra rezagada en $100 desde el estallido social. En 2023, el Gobierno habla de comenzar a “normalizar” el valor.

El sistema de transporte público de Santiago enfrenta un año desafiante en distintos frentes. El ex Transantiago, rebautizado en 2019 como Red, se encuentra ad portas de un proceso de licitación de operadores para el restante 64% del sistema, que se agrega a que las alzas de costos han presionado incrementos en las tarifas que no se han materializado, lo que significará que el Gobierno deba definir si inyectar o no un mayor subsidio y, en paralelo, planificar una estrategia de normalización de tarifas a partir del próximo año. Todo enmarcado además en un año en que expira la ley de subsidios que sostiene al sistema.

“Por un lado, hay una necesidad cada vez mayor de actualizar la tarifa para reflejar los aumentos de costos, debido a la mayor estrechez fiscal. Pero, por otro, es una medida que ha mostrado ser muy impopular en el pasado y desde 2019 se asocia al estallido, por lo que requiere de un respaldo político que la actual administración parece no tener por el momento”, describe Rodrigo Troncoso, investigador del Centro de Políticas Públicas UDD, como antesala del escenario político que espera a los cambios previstos.

Explosiva alza de costos

La presión de costos y los altos subsidios, que arriesgan a convertir el sistema de transportes “en un saco roto” es la principal de las problemáticas que enfrenta el sistema. Este año, el subsidio total es de $700 mil millones, que serán insuficientes dada la congelación de tarifas.

En los últimos ocho años, el subsidio ajustado por inflación ha subido un 28%, donde dos tercios se explica por aumento de costos y un tercio por la incorporación de la tarifa rebajada del adulto mayor en 2019 ($53 mil millones en 2022). En el mismo periodo, la tarifa en la práctica ha disminuido un 17% en términos reales, porque el valor del pasaje ha subido sólo $100 (16,7 %), mientras que el IPC en el período acumula un 38,4 %.

El 6 de octubre de 2019, la tarifa de buses se subió $10 y la de Metro en hora punta $30. Dicho aumento, que culminó en el estallido social, fue revertido el 22 de octubre, manteniéndose la tarifa actual de buses en $700 (ver gráfico). Así, el sistema ya cumple 1.259 días desde su última alza permanente de tarifa, el período más largo sin movimientos. El anterior se extendió por 735 días, entre febrero de 2016 y febrero de 2018.

Expertos en el sistema de transporte explican que el alza de tarifas del sistema puede gatillarse de dos formas: por un alza en el “indexador tarifario”, compuesto por un polinomio de costos que busca mantener el valor real dela tarifa, y por la pérdida del equilibrio financiero del sistema. Ambos casos son analizados por un Panel de Expertos que resuelve elevar el precio del transporte, lo que ocurre una vez al trimestre y que desde octubre del 2019 puede ser vetado por el Presidente. Desde ese año se han evitado $100 en alza en buses y $120 en alza del Metro (tarifa de hora punta), en ambos casos $50 han sido este año.

Como recuerda un ex funcionario de Transportes, durante el año 2020 y hasta mediados del 2021, el sistema no tuvo alzas importantes de costos debido a que la menor demanda permitió ajustes importantes del programa de operación (circulación de buses), y a que la inflación y precios del diésel se mantuvieron bajos. Sin embargo, con los parámetros actuales y con un mayor precio del dólar, las estimaciones a partir del indexador tarifario indican que las tarifas deberían subir entre $50 y $70 hacia fines de este año. Congelarlas alzas este año podría implicar un desembolso cercano a $80 mil millones en subsidios adicionales, sostienen conocedores del sistema.

Consultado el Ministerio de Transportes sobre sus cálculos respecto a estas alzas, indicaron que “como Gobierno tenemos el compromiso de mantener el congelamiento de la tarifa durante todo 2022 y eso es lo que haremos”. Agregaron que han venido trabajando un proyecto de ley que esperan ingresar a la brevedad. De hecho, desde el Ministerio de Hacienda reconocieron que la iniciativa ya está en trámite en la Dirección de Presupuestos, por lo que podría haber anuncios en el corto plazo.

El sistema también ha enfrentado el aumento de la violencia y los destrozos, que inciden también en sus costos. Según datos solicitados por Transparencia, entre 2018 y mayo de este año se han incendiado 206 buses, incluyendo seis eléctricos este año. Solo uno de estos últimos ronda los US$300 mil. Otro problema es la evasión, que se instaló desde la creación del sistema. Si bien en 2018 se había estabilizado en torno al 26%, después del estallido se elevó y este año ya está en el 36%

¿Plan de normalización?

“Los subsidios transitorios, como la congelación de tarifas de la luz o el Transantiago, parecen ganar persistencia, y eso es una deuda muy costosa cuyo ajuste será muy doloroso para los ciudadanos”, sostiene Luis Gonzales, coordinador económico en cambio climático, energía y medio ambiente de CLAPES UC, respecto a la inyección de recursos que se ha hecho al sistema y que en algún momento se tendrá que sincerar en la tarifa.

Sobre eso, el ministro Juan Carlos Muñoz dijo en abril pasado en El Mercurio que en 2023 “vamos a tener que entrar en una fase de normalización de la tarifa”, proceso mediante el cual los precios subirían para “ir calzando de mejor manera los costos e ingresos del sistema”. Sin embargo, a seis meses de que expire el subsidio transitorio (ver recuadro), aún no hay información sobre cómo será ese proceso.

Desde su cartera comentan algo más de detalles de la iniciativa de ley en que están trabajando. “A través de este to esperamos prorrogar los componentes transitorios por dos años y también involucrar una serie de cambios, que incluyen la forma en que las regiones pueden invertir los recursos; ello, para que éstos puedan ser usados principalmente con foco en el transporte. Nuestra expectativa es que este tema se resuelva previo ala Ley de Presupuestos”, señalaron.

Desde Hacienda declinaron comentar sobre los planes para descongelar la tarifa, indicando que la cartera encargada es Transportes. Sin embargo, de no alcanzar a tramitarse una ley que permita la extensión del subsidio para el próximo año, Teatinos 120 tendrá que regular las fuentes de financiamiento en la Ley de Presupuestos que se enviará en septiembre, lo que deberá ser discutido en el Congreso.

La discusión de una nueva extensión del subsidio transitorio implicará necesariamente la discusión de los recursos del Fondo de Apoyo Regional (FAR) o “espejo”, que aportó el 38,5 % del financiamiento de la inversión regional de este año. La ley indica que, de no renovarse el subsidio, los recursos del FAR podrán gastarse hasta el año 2024.

Licitaciones pendientes

La gestión del sistema es una de las múltiples tareas en las que también está embarcado el Ministerio de Transportes. En la historia previa, los primeros contratos del Transantiago, que partió en 2007, tenían una duración de 10 años y presentaron varias rigideces y falencias que obligaron a un profundo rediseño en 2011. Debido al vencimiento de éstos, en 2017 se intentó llevar a cabo una nueva licitación, proceso que resultó fallido después de que fuera observado por el Tribunal de la Libre Competencia y declarado desierto en 2018 por la ministra Gloria Hutt, cuyo equipo preparó un nuevo diseño separando los operadores de vías de los suministradores de buses.

En febrero de este año se adjudicaron las seis nuevas unidades de servicios que operarán cerca del 36% del sistema de transporte, quedando por licitar los servicios operados por las empresas Subus, Vule y Metbus (unidades 2,3 y 5).

Respecto de los procesos licitatorios pendientes, el ministerio ha declarado que evaluará el funcionamiento de las nuevas licitaciones, lo que implicaría extender el servicio de los actuales operadores a lo menos dos años.

De todos modos, antes del 2026 se tendrán que renovar cerca de 2.400 buses antiguos (35% de la flota) por cumplimiento de vida útil. Esta renovación requiere que se realice la licitación pendiente.

Este año también expiran los servicios del operador tecnológico (Sonda) y del Administrador Financiero (Tarjeta BIP), cuyas bases de licitación fueron ingresadas a revisión de Hacienda y Contraloría durante el año 2021 quedando pendiente su toma de razón para luego abrir el proceso públicamente.

“Como Gobierno tenemos el compromiso de mantener el congelamiento de la tarifa durante todo 2022 y eso es lo que haremos” Ministerio de Transportes

“Los subsidios transitorios parecen ganar persistencia, y eso es una deuda costosa, cuyo ajuste será muy doloroso para los ciudadanos” Luis Gonzales, CLAPES UC

La compleja tramitación que se anticipa en el Congreso

Tal como ocurrió con anteriores proyectos para inyectar recursos al Transantiago, la discusión en esta oportunidad se avizora compleja, considerando la mayor fragmentación parlamentaria y la menor experiencia política del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz (sin militancia y pasado empresarial y académico). El ministerio está cerca de enviar al Congreso el proyecto para ampliar los fondos transitorios del Transantiago por al menos otros dos años, lo que implica también mayores recursos para las regiones a través del fondo espejo.

“La discusión de esa iniciativa, sin duda que puede ser compleja, porque cada vez que se agotan los fondos y hay un financiamiento en el fondo espejo hay una lucha por los recursos para las regiones que no es menor”, recuerda el senador PS Juan Luis Castro, integrante de la comisión de Transporte. “En esta oportunidad, el ministro ha ido haciendo un trabajo prelegislativo, pero falta el momento del debut de este proyecto, que obviamente si no se presenta rápido va a seguir encareciendo demasiado el costo de la locomoción colectiva. Por eso, es clave que próximamente se clarifiquen las cosas, se hable de los montos, la distribución región por región, se tenga acuerdo con los gremios del transporte”.

En la Cámara, el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Jaime Sáez (RD), cuenta que el ministerio ya les adelantó que presentará una ley corta “para la que esperamos que haya un ambiente favorable, porque es una cuestión de sentido común en la que hay que actuar con urgencia”, y que dentro de un año presentará una ley larga, cuya fin “es empezar a cerrar el tema de que tengamos que estar discutiendo subsidios al transporte cada tres o cuatro años, y de esta forma dar también una mayor certeza tanto a los usuarios como a quienes desarrollan la operación del transporte en el país”.

Ley de Subsidio: Partió tras la luca de presupuesto

Transantiago fue inaugurado en febrero del 2007. En principio, el sistema no requeriría de subsidios, según sus diseñadores. Pero al poco andar, los mayores costos fueron evidentes. Su financiamiento fue una discusión central del Presupuesto del 2008, al punto que su asignación fue rechazada quedando aprobada en la simbólica cifra de $1.000. El problema fue resuelto con la invocación del 2% constitucional para catástrofes y mediante el ingreso de una ley de financiamiento estable.

Así nació la Ley 20.378 que creó el subsidio al Transantiago con dos fondos, uno permanente y uno transitorio, establecido en su “artículo tercero”, que duraría hasta 2014, siendo decreciente en el entendido de que el sistema alcanzaría un mayor equilibrio. De igual forma, la negociación exigió la creación de un fondo “espejo” de recursos para inversión regional, cuya duración continuaría hasta dos años después de la extinción del fondo transitorio.

Aún así, la mayor presión financiera significó una ampliación de montos y plazos del fondo transitorio en 2010 y 2015, extendiendo su vigencia hasta el año 2022 (ahora busca renovarse). Actualmente, el subsidio transitorio corresponde al 57% del subsidio total.

$700 mil millones es el subsidio total para el Transantiago este año, que será insuficiente dada la congelación de tarifas.

36% es la tasa de evasión que registra el sistema de transporte este año.