Seis años de espera y el desafío de ordenar los cables en Chile

Lenta aplicación de la Ley:

Seis años de espera y el desafío de ordenar los cables en Chile

• El reglamento de la normativa que obligó a las empresas a retirar el cableado en desuso comenzó a regir recién el año pasado. El plan contempla 66.226 intervenciones a 2028 y, hasta el momento, se han retirado más de 30.000 kilos de basura aérea y ordenado más de 180.000 metros de cables.

Un caso emblemático de letargo regulatorio es la ley conocida como "Chao Cable", que se demoró seis años en ser aplicada. El reglamento, que fue retirado dos veces de la Contraloría tras observaciones e impugnaciones de la industria, recién entró en vigencia en septiembre de 2025 con un procedimiento común para operadores, municipios y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), para que identifiquen y retiren los cables en desuso. 

El plan está en marcha desde mayo de este año y contempla 66.226 puntos entre 2026 y 2028 (14.681 en 34 comunas este año; 25.770 en 131 comunas el próximo, y 25.775 puntos en 154 comunas en 2028). 

Para Iván Ramírez, académico de la Universidad Mayor, la ley de 2019 fijaba la obligación, pero faltaba definir cómo cumplirla; es decir, qué cables están en desuso, quién es su dueño, procedimientos y plazos de retiro, y coordinación entre operadores y municipios. "Lo que se destrabó en 2025 fue la operacionalización y exigibilidad práctica de la ley. Un cambio especialmente importante es pasar de operativos voluntarios o aislados a planes anuales formalizados. La Subtel debe aprobar los planes de retiro, ordenamiento y establecer metas nacionales, regionales y comunales", sostiene.

Desde la mirada del diputado René Manuel García, presidente de la Comisión de OO. PP., Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara, el primer obstáculo que tuvo esta normativa "fue la propia burocracia del Estado". Y añade que "un reglamento que tarde seis años es inexplicable; y, mientras tanto, esos cables siguieron colgando durante temporales, que agravaron las emergencias". 

A juicio del parlamentario, durante décadas las empresas de telecomunicaciones fueron cambiando tecnología, pasando del cobre a la fibra, y dejaron el cable antiguo colgando del poste "simplemente porque no había ninguna norma que las obligara a retirarlo. La ley puso fin a esa irresponsabilidad", dice. 

René Manuel García precisa que, hoy, cada compañía responde por la instalación, identificación, mantención, ordenación, traslado y retiro de sus redes. "Y no nos equivoquemos: esto no es una cuestión de estética urbana; un poste sobrecargado es un riesgo", comenta.

Un poste, muchos dueños

Para los expertos, la parte más compleja de la implementación son las dificultades técnicas que aparecen en terreno. Retirar cables es más difícil que cortar lo que parece viejo. 

Un solo poste puede acumular décadas de energía eléctrica, fibra óptica coaxial, pares de cobres y acometidas, incluso de operadores que desaparecieron. 

Sobre este punto, Ivan Ramírez manifiesta que es importante determinar la propiedad y el legado tecnológico. Y observa que en este proceso de retiro se presentan algunas dificultades como la ausencia o mala calidad de inventarios históricos, además de un problema operacional. "El retiro tampoco puede hacerse indiscriminadamente, porque deben considerarse tensiones, anclajes, mensajeros, cruces, acometidas, distancias de seguridad respecto de conductores eléctricos y continuidad operacional de las redes activas", señala.

Ordenar no es soterrar

Rodrigo Arriagada, investigador principal de CLAPES UC, explica que la ley regula el ordenamiento de cables de telecomunicaciones y no el soterramiento, tarea que implica llevarlos bajo tierra, construir ductos, cámaras y conexiones, lo que -a su parecer es una intervención mucho más compleja y costosa. Sin embargo, advierte que soterrar posee varios beneficios: "Reduce la exposición de los cables al viento, las ramas y los choques contra postes, por lo que puede evitar ciertos cortes y mejorar la seguridad. También despeja el paisaje urbano y, si se retiran postes, libera espacio en las veredas". 

Con relación a este tema, en enero de este año las empresas eléctricas informaron al Senado que enterrar una red urbana puede costar entre seis y diez veces más que una aérea equivalente. 

A modo de ejemplo, intervenir 254 metros de Avenida La Dehesa, en la Región Metropolitana, costaría unos $2.080 millones, considerando a $8.200 millones por kilómetro. Esta estimación municipal -precisa Arriagada- contempla redes eléctricas y de telecomunicaciones y corresponden a un proyecto específico; "por lo tanto, no debe interpretarse como un costo promedio de soterramiento en Santiago".

Responsabilidades compartidas

Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas A. G., manifiesta que la asociación valora esta normativa porque permite abordar un problema que afecta la seguridad de las personas y, además, promueve el ordenamiento del espacio público. 

Asimismo, aclara que la normativa establece que las empresas de telecomunicaciones son responsables de identificar, mantener y retirar sus instalaciones en desuso, asumiendo los costos. Y que las distribuidoras apoyan técnicamente en coordinación con la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam). 

Sobre cómo se reparten las responsabilidades y costos con las empresas de telecomunicaciones, que también usan los postes, Meriches precisa que es importante distinguir que le corresponde a cada sector. "Las empresas de telecomunicaciones utilizan posras mediante apoyos sujetos a tarifas reguladas, pero son responsables de sus propios cables y equipos, incluyendo su instalación, mantención y retiro", comenta. 

Desde los municipios, en tanto, el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, señala que frente al problema de excesos de cables en desuso, una de las soluciones que la ACHM diseñó fue una ordenanza tipo para facilitar la fiscalización del retiro de cables por parte de las empresas. 

Y si bien se muestra partidario de avanzar hacia el soterramiento de los cables, recalca la responsabilidad respecto a su financiamiento. "Valoramos que el proyecto de ley en discusión proponga que estos costos sean asumidos por las empresas concesionarias, sin traspasarlos a las cuentas de las personas", puntualiza. 

A modo de conclusión, el siguiente paso -precisa Iván Ramírezes integrar la ley con un inventario georreferenciado, trazabilidad de residuos y economía circular, con indicadores verificables de kilómetros y toneladas retiradas, y del porcentaje reciclado. Sin esa trazabilidad -advierteserá difícil saber si lo retirado se recicla o termina como residuo. "La ley ya existe y el plan también. Lo que falta es medir qué tanto cambió el cielo de las ciudades", enfatiza.