“¿Se cae el FES?”

“¿Se cae el FES?”

Queda escaso tiempo para sacar adelante la prometida reforma del Gobierno al sistema de financiamiento estudiantil. Su importancia es innegable. En él se basa el financiamiento público a la educación superior chilena. Si bien la creación del CAE, en 2005, fue un acierto al abrir las puertas de acceso a mi- les de jóvenes, sus problemas de diseño lo llevaron al banquillo de los acusados.

¿Motivos? Al comienzo era un crédito a tasas de mercado y sin pagos contingente al ingreso laboral lo cual generó un sobre endeudamiento de las primeras cohortes que tomaron la deuda. El que solo la banca pudiera canalizar los préstamos fue oneroso para el Estado. Que no hubiese garantías de cobranza, salvo el aval del Estado, generó un gasto fiscal extra importante. Y que las autoridades actuales al asumir hayan proclamado la condonación de las deudas agravó la morosidad. El reemplazo del CAE por el FES es, así, un imperativo. Y el FES tiene varias propuestas que van en la línea correcta; incluso puede tener sentido una condonación acotada.

¿Por qué entonces su avance suscita tanta oposición? La razón de fondo es que el Gobierno inexplicablemente decidió ir más lejos al introducir una reforma tributaria, un impuesto a los graduados progresivo según ingresos laborales con un componente de solidaridad; esto es, un tramo exento.

Lo segundo, introduce incertidumbre en el financiamiento de las universidades porque elimina el copago de los estudiantes, excepto para el decil más rico, lo cual es parte importante del financiamiento de los costos del pregrado y cofinancia el gasto de investigación, desarrollo e innovación. Resulta incomprensible que el Mensaje Presidencial valore el mejoramiento de la calidad universitaria y nada diga sobre el impacto que para algunas universidades supera el 30% de su financiamiento total.

Además de estas objeciones el proyecto del FES debe sortear una duda que se instaló sobre el informe financiero que lo acompaña y que surgió tras la objeción del Consejo Fiscal Autónomo sobre cómo contabiliza la Dipres los ingresos y gastos derivados de los préstamos a los estudiantes.

El Gobierno del Presidente Boric tiene la oportunidad de hacer una reforma de trascendencia y definitiva a las ayudas estudiantiles en un sistema de educación superior cuya matrícula supera el millón 300 mil jóvenes y cuyos recursos son vitales para financiar los estudios de los sectores de ingresos medios y bajos. Hasta ahora ha hecho caso omiso de las críticas; pertinaz renuencia a modificar un proyecto que grava severamente al capital humano, y que resta cuantiosos recursos al financiamiento de las universidades, arriesga ser una traba insalvable para su aprobación final en el Congreso.