Reglas claras conservan la amistad

Los ciudadanos necesitamos reglas claras que nos permitan saber qué esperar. Nos acercamos al plebiscito del 26 de abril, por lo que parece razonable buscar respuestas precisas a preguntas elementales.

En la eventualidad de ganar la opción Apruebo, y al hablar de “nueva” Constitución ¿estamos ante la exigencia de comenzar desde cero para que sea considerada “nueva”? ¿o, por el contrario, si mantenemos ciertas normas de la actual Constitución, ya no se trata de una “nueva” carta fundamental? ¿Cuántas reformas son necesarias para que consideremos que estamos ante una “nueva” Constitución? Se trata de cuestiones básicas, cuya definición es indispensable ante la necesidad de votar informados y responsablemente.

El constitucionalismo es acumulativo y así lo demuestra nuestra historia. Las Constituciones de 1828, la de 1925 y la de 1980 han mantenido continuidad en base a la carta fundamental que las precedió. Por tanto, debemos concordar en que no es necesario escribir una Constitución desde una hoja en blanco, que deje fuera nuestra valiosa tradición constitucional.

Resulta igualmente preocupante, que a días del plebiscito -técnicamente es un referéndum- no logramos respuestas ni consensos sobre los objetivos que se persiguen o sobre lo que deseamos sustituir o conservar de la Constitución actual. Las opciones que ofrece el plebiscito obligan a cuestionarse dónde están las trabas, las barreras o los obstáculos contenidos en la actual Constitución que supuestamente han impedido realizar las reformas necesarias en materias de educación, pensiones, saludo, o incluso, el avanzar hacia un Estado social de derechos.

Lo cierto es que una carta fundamental establece las bases de la institucionalidad y los grandes lineamientos de nuestro Estado de Derecho, pero en caso alguno podemos pretender que se transforme en un catálogo de derechos o en la expresión de la declaración de principios de un partido político o la interpretación subjetiva y excluyente de nuestra historia.

La invitación es a proporcionar respuestas claras que honren las expectativas de la ciudadanía y su confianza. Insistir en una discusión constitucional sesgada, nos hace perder el foco respecto de los cambios que sí precisa la Constitución y que significarían avances en materias como crecimiento inorgánico del Estado, además de contribuir a desviar la urgencia legislativa que requieren las demandas sociales.

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