29 de julio del 2022
Reforma de pensiones e impuestos
Que las personas no quieran pagar impuestos no es ninguna novedad y las razones son obvias: no es fácil que el fruto de nuestro trabajo deba ser compartido con otros. Por eso los impuestos son una obligación legal cuyo incumplimiento es perseguido y sancionado. Este pago forzoso es distinto a la caridad que las personas realizan voluntariamente. Lo que diferencia un caso del otro es que en los impuestos no se observa directamente el uso de los recursos ni quién o cómo se beneficia con ellos. Hay una relación difusa entre el aportante y el beneficiario. ¿O el lector sabe en qué se usa el IVA que paga cada vez que va al almacén? Por lo mismo, los impuestos causan comportamientos que buscan evitarlos, generando en este proceso ineficiencias económicas: se usan recursos escasos en la persecución de fines socialmente poco deseables. Un ejemplo de ello es el trabajo de los asesores tributarios cuyo único fin es idear maneras de pagar menos impuestos: mentes brillantes se dedican a una actividad muy rentable privadamente, pero cuyo aporte a la sociedad es nulo.
Lo mismo puede ocurrir con la seguridad social. Un trabajador aceptará aportar un porcentaje de su sueldo para financiar su pensión futura cuando sabe que ese dinero es suyo, esto es, que va a una cuenta de capitalización individual de la que dispondrá él o sus herederos. Pero en un fondo solidario, donde el ahorro se va a repartir entre muchos y no hay una relación clara entre mis aportes y mi pensión futura, esta cotización se empieza a parecer más a un impuesto. ¿Qué se puede esperar entonces de aumentar la tasa de cotización de 10% a 16%, si el incremento va a un fondo solidario administrado por el Estado?
Las personas racionalmente van a buscar maneras de evitar pagar este impuesto adicional. ¿Cómo? Con mayor informalidad laboral o subdeclarando los ingresos laborales; ambas soluciones van en la dirección contraria a lo que se necesita para resolver en el largo plazo el problema de las bajas pensiones.
¿Por qué el gobierno insiste en una fórmula que las personas mayoritariamente han rechazado según las distintas encuestas de opinión, esto es, en un fondo solidario (en vez de capitalización individual heredable) administrado por el Estado (en vez de libre elección)? Falta conocer el detalle del proyecto del gobierno y a estas alturas solo se puede especular, pero todo parece indicar que el gobierno necesita recursos para mejorar las pensiones actuales (se espera llevar la PGU a $250 mil) y financiar otras políticas sociales. La mitad del incremento en la tasa de cotización (3%) sería para el primer fin, mientras la otra mitad de “capitalización colectiva” podría invertirse en deuda pública para financiar otros proyectos sociales.
“¿Por qué el gobierno insiste en una fórmula que las personas mayoritariamente han rechazado?”.
Fuente: La Segunda, Páginas 13.
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PensionesIng. Comercial y Magister UC. Master en Economía y Ph.D. en Economía Financiera U. de Columbia (EE.UU.). Profesor Asociado Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas UC.