Quién decide qué remedio paga el Estado

Quién decide qué remedio paga el Estado

• “...desde 2019 el fondo (para la Ley Ricarte Soto) gasta más de lo que recibe; se ejecuta el doble de lo presupuestado. Desde 2021 no se incluye ninguna patología nueva, y el decreto que debía dictarse en 2023 sigue pendiente, con 39 enfermedades evaluadas a la espera...”.

En 2013 Ricarte Soto encabezó, enfermo de cáncer, la Marcha de los Enfermos para pedir que nadie en Chile quedara en la ruina por el precio de un medicamento que era eficaz. La ley que lleva su nombre da protección financiera para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de alto costo (oncológicas, inmunológicas o poco frecuentes) fue una buena respuesta. Cubre lo que el AUGE no puede cubrir por diseño: enfermedades raras con tratamientos que cuestan millones de pesos al año.

El mérito de esta ley está en el método, que sigue el modelo del GES. La evaluación científica examina cada terapia, una comisión de expertos y pacientes las ordena por prioridad, y los ministros de Salud y Hacienda decretan, dentro de un marco, un fondo con aporte fiscal que se fija en la Ley de Presupuesto. El país resuelve cuánto gasta y después, con criterios públicos transparentes y equitativos, en qué. Todos los recursos provienen de Fonasa, incluso para beneficiarios de isapres.

Desde 2019 el fondo gasta más de lo que recibe; se ejecuta el doble de lo presupuestado. Desde 2021 no se incluye ninguna patología nueva, y el decreto que debía dictarse en 2023 sigue pendiente, con 39 enfermedades evaluadas a la espera y, en la práctica, dando por terminado este mecanismo virtuoso.

Ello, porque pacientes y la industria farmacéutica encontraron otra puerta. A fines de 2018, la Tercera Sala de la Corte Suprema inició una historia de activismo judicial, ordenando financiar tratamientos que no seguían la vía acordada por los legisladores. Fonasa pagó por sentencias cada vez más onerosas fuera del marco presupuestado.

Hoy el Estado gasta unos $270 mil millones anuales en alto costo, y casi uno de cada tres pesos lo asigna un juez: sin evaluación de eficacia ni negociación de precio. El sesgo es evidente. Recibe tratamiento quien litiga, no quien más lo necesita. Detrás de cada fallo hay una familia desesperada, y con razón. También hay otras, con la misma enfermedad, que no tuvieron abogado.

Ese ciclo se está cerrando. Tras los cambios en la conformación de la Tercera Sala, ha vuelto a primar la voluntad de la ley. Sostiene ahora que la cobertura de alto costo es un proceso técnico reglado por ley, que negar lo que ese proceso no ha incorporado no es arbitrario, y que un tribunal no puede sustituir a la autoridad al priorizar recursos. La ministra suplente Sylvia Pizarro agregó el argumento de la igualdad: dar el fármaco a quien demanda es tratar distinto a quien padece lo mismo y no demandó.

Es la doctrina correcta. La Corte devolvió la decisión a un cauce que lleva cinco años bloqueado y sobre el que la Subsecretaría de Salud Pública debe retomar iniciativa. El proyecto que eleva el aporte a $185 mil millones aún no es ley, y el Presupuesto 2027 propone para Ricarte Soto solo lo necesario para mantener las terapias en quienes ya la tienen.

La salida está en la propia ley. Ampliar el marco de forma sostenible, dictar el decreto pendiente, negociar precios con el poder de compra del Estado y pasar al GES las terapias que ya no son de alto costo. Los cerca de $80 mil millones que se pagan cada año por sentencias equivalen a lo que la reforma quiere inyectar al fondo. El dinero ya se está gastando. Falta decidir quién lo asigna: un proceso técnico que mira a todos los pacientes, o quién llegó primero a tribunales, con una inequidad e influencia de terceros es evidente.

En la medida que la judicialización se morigere, estos recursos deberían ser reintegrados a la ley; pero dependemos de la consistencia judicial.