¿Qué es la “permisología” y cuál es su impacto en la inversión y la economía?

¿Qué es la “permisología” y cuál es su impacto en la inversión y la economía?

La complejización del contexto regulatorio y los cambios de criterio de la autoridad han afectado numerosos planes y obras.

El concepto de “permisología” hace referencia a los procesos burocráticos para obtener los permisos que acreditan el desarrollo de un proceso de inversión. Este problema ha generado constante debate en la discusión público-privada, debido a que es conocido por generar problemas en los plazos de otorgamiento de permisos (e incumplimiento de estos), además de problemas de coordinación entre diferentes servicios. 

Según la investigadora de CLAPES UC, Carmen Cifuentes, la “permisología” se convierte en un obstáculo para la inversión, argumentando que es una fuente esencial de crecimiento económico. En esa línea, la experta señala que los datos muestran una fuerte correlación positiva entre la inversión y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Además, destaca que la inversión está estrechamente relacionada con la creación de empleo, avances tecnológicos y mejoras en la productividad. 

“En los últimos años, la economía ha experimentado una desaceleración en la inversión, que ha disminuido de una tasa de crecimiento anual promedio del 8,8% entre 1990 y 2013 a un modesto 1% en la última década. La economía chilena necesita por tanto impulsar la inversión, algo que no se logrará si es que no nos hacemos cargo de la excesiva permisología”, asevera Cifuentes. 

La investigadora hace alusión a un reciente estudio de la Comisión Nacional de Evolución y Productividad (CNEP), el cual arrojó que la tramitación de permisos sectoriales prioritarios para invertir en Chile a menudo supera la normativa legal. Y que la ruta crítica de algunos proyectos puede extenderse hasta 11 años, lo que pone de manifiesto problemas de ineficiencia, incertidumbre e inestabilidad. “Hemos observado casos emblemáticos en los sectores de la construcción y la minería”, comenta la experta. 

De acuerdo con la directora del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad de los Andes, Pilar Giménez, en los últimos 10 años, la normativa que rige a los desarrollos inmobiliarios ha experimentado una serie de cambios, con nuevas leyes, modificaciones reglamentarias y continuas interpretaciones por parte de diversas autoridades sectoriales, incluida la Contraloría General de la República, a través de circulares, oficios y dictámenes, y sostiene que esto ha generado un contexto regulatorio confuso en el cual se hace cada vez más difícil la obtención de los permisos necesarios para llevar adelante todo tipo de proyectos.

La académica detalla que estos permisos no solo se refieren a aquellos que se solicitan en las Direcciones de Obras Municipales, sino que a muchos otros que son otorgados por ministerios sectoriales.

“Para hacerse una idea de la magnitud del problema, un proyecto minero, por ejemplo, requiere más de doscientos tipos de permisos. Y como estos pueden caducar, se pueden llegar a solicitar más de mil permisos antes de operar el proyecto. La Comisión Nacional de la Productividad ha estudiado esto, encontrando que una planta de desalación puede demorarse 11 años en obtener estos permisos”, afirma Julio Pertuzé, profesor de Ingeniería Industrial y Sistemas UC. 

El efecto de la “permisología” en las inversiones 

Carmen Cifuentes explica que este concepto puede tener efectos negativos sobre los proyectos de inversión cuando es excesiva, además de demorosa. También, indica que la abundancia de trámites y los retrasos asociados con la obtención de permisos no solo desaceleran la inversión, sino que también pueden disuadir a individuos o empresas de invertir, especialmente considerando los costos involucrados. Incluso, esto puede afectar adversamente tanto la inversión local como la inversión extranjera directa. 

Según Pilar Giménez, toda persona o empresa que esté considerando desarrollar un nuevo proyecto de construcción, requiere conocer cuál será el costo de su proyecto y cuánto tiempo se demorará en obtener las autorizaciones y construirlo. 

“Lamentablemente estos dos elementos se vuelven inciertos cuando tenemos un escenario regulatorio confuso y discrecional, pues no es posible visualizar realmente cuáles serán los costos del proyecto asociados, por ejemplo, a las mitigaciones viales o ambientales del proyecto. Tampoco es posible, en el escenario actual, tener certeza respecto de los plazos de tramitación y aprobación del proyecto, pues no se cumplen los plazos legales, lo que tiene implicancias financieras muy relevantes para quienes quieren llevar adelante inversiones”, asegura la directora del Centro de Estudios Territoriales UAndes. 

La académica recalca que las estadísticas muestran plazos promedio de tramitación por región que superan con creces un año completo. Y añade que a esta falta de claridad se suma el debilitamiento de la certeza jurídica de los proyectos aprobados, debido a que éstos pueden ser cuestionados e invalidados en etapas avanzadas de las obras, o incluso luego de que están terminados. 

Julio Pertuzé señala que, a nivel de la OCDE, Chile es uno los países más burocráticos en cuanto a la “permisología” necesaria para la inversión. Y menciona que los inversionistas extranjeros están viendo con mayor cautela a Chile, argumentando que eso afecta el crecimiento de largo plazo. 

“Los países del norte de Europa especialmente, y Japón es otro buen ejemplo, son países en que se confía mucho en la palabra de las personas y los negocios tienden a cerrarse con la simple declaración de voluntad. Esto también se ve en Estados Unidos y en Canadá. En Chile es impensable hacer un negocio con un simple llamado telefónico o una conversación, siempre tenemos que dejarlo por escrito. (…) Sin embargo, es una señal de la desconfianza que a nivel de los grandes proyectos de inversión se ve traducido en que, para quien quiere invertir, el número de barreras a superar constituyen en sí mismo una limitación a la posibilidad que se ejecute con éxito un proyecto”, expresa el economista de la consultora PKF, Héctor Osorio. 

Casos emblemáticos de proyectos afectados 

Pilar Giménez destaca que existen numerosos casos recientes afectados por esta complejización del contexto regulatorio y sobre todo por los cambios de criterio de la autoridad respecto de la manera de aplicar ciertas regulaciones. 

A modo de ejemplo, la especialista hace referencia a: 

• El conflicto de los edificios de la Comuna de Estación Central por un cambio de interpretación respecto de la edificación continua.

• La paralización de proyectos asociados a declaratorias de humedales urbanos.

• El conflicto en torno al desarrollo de proyectos en el área rural en parcelas de 5.000 m2.

• La interpretación de la Contraloría General de la República, que termina prohibiendo la construcción de viviendas de uso residencial en terrenos ubicados en el Área de Protección Ecológica del Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

“Hay proyectos emblemáticos tanto de inversión privada como pública. De los primeros está el famoso caso de Plaza Egaña o el proyecto Soldado. Dentro de los segundos, la línea 7 del Metro o el Hospital de El Salvador”, añade Juan Pertuzé.

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