Proyecto FES: Exautoridades y economistas alertan sobre medidas que podrían afectar "el desarrollo futuro del sistema"

Proyecto FES: Exautoridades y economistas alertan sobre medidas que podrían afectar "el desarrollo futuro del sistema"

Fondo Monetario Internacional estimó una expansión de 2% para el país este año:

Esta semana la iniciativa fue despachada de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Ahora será revisada por Hacienda.

Esta semana la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó el proyecto FES (que crea un nuevo sistema de financiamiento para los estudiantes de la educación superior), por lo que ahora deberá ser revisado por Hacienda. 

En ese contexto, diversas exautoridades y economistas advirtieron que "dos medidas pueden afectar seriamente el desarrollo futuro del sistema". De hecho, puntualizaron que "un buen" método "de educación superior debe apuntar a la equidad y calidad", pero "ambos propósitos no quedan a resguardo en este proyecto".

Se trata de Ignacio Briones; Fernando Coloma; Sebastián Edwards; José De Gregorio; Ignacio Irarrázaval; Osvaldo Larrañaga; Felipe Larraín; Cristián Larroulet; Roberto Méndez; Alejandro Micco; Felipe Morandé; Claudio Sapelli; Hernán de Solminihac; Mario Waissbluth; Carlos Williamson; Vivianne Blanlot; y Mariana Aylwin, quienes a través de una carta enviada a El Mercurio, dieron cuenta de lo anterior. 

En ella, exponen que "consideramos oportuno llamar la atención sobre dos medidas adicionales que pueden afectar seriamente el desarrollo futuro del sistema. En primer término, se introduce la noción de que los aportes del Estado para costear los estudios de quienes no pueden pagar se restituyen, pero a tasas diferenciadas. Las simulaciones sobre su impacto revelan que un importante contingente de estudiantes terminaría pagando dos a tres veces lo recibido; en jerga económica, un impuesto al graduado, o bien, un gravamen al capital humano". 

"En las circunstancias actuales, es un impuesto injusto que desincentiva la formación de capital humano avanzado y la productividad", agregan. 

En segundo lugar, mencionan que "se elimina prácticamente el copago de los estudiantes: en aquellas instituciones con gratuidad, para los estudiantes de deciles 7, 8 y 9, y en las sin gratuidad, los deciles 1 al 9. Diversos analistas estiman una caída anual de ingresos en alrededor de US$ 200 millones, lo cual, sin duda, afectará la autonomía de las instituciones y la calidad de los programas académicos". 

Lee la carta completa a continuación.

Señor Director: 

La comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento para los estudiantes de la educación superior (FES). La iniciativa entrega herramientas para corregir el mayor problema del CAE, la alta morosidad, que obliga al Estado a destinar cada año unos US$ 500 millones al pago de garantías bancarias. Este mayor gasto fiscal frena toda posibilidad de ampliar los recursos públicos en el ámbito infantil y escolar, y, por tanto, en este plano, se trata de una reforma necesaria. Se contempla también una condonación (parcial) de las deudas, compromiso de campaña del Presidente Boric. 

No obstante, consideramos oportuno llamar la atención sobre dos medidas adicionales que pueden afectar seriamente el desarrollo futuro del sistema. En primer término, se introduce la noción de que los aportes del Estado para costear los estudios de quienes no pueden pagar se restituyen, pero a tasas diferenciadas. Las simulaciones sobre su impacto revelan que un importante contingente de estudiantes terminaría pagando dos a tres veces lo recibido; en jerga económica, un impuesto al graduado, o bien, un gravamen al capital humano. 

En las circunstancias actuales, es un impuesto injusto que desincentiva la formación de capital humano avanzado y la productividad. En segundo lugar, se elimina prácticamente el copago de los estudiantes: en aquellas instituciones con gratuidad, para los estudiantes de deciles 7, 8 y 9, y en las sin gratuidad, los deciles 1 al 9. Diversos analistas estiman una caída anual de ingresos en alrededor de US$ 200 millones, lo cual, sin duda, afectará la autonomía de las instituciones y la calidad de los programas académicos. 

Nos preocupa que, pese a las advertencias sobre los negativos efectos de estas dos últimas propuestas, el Gobierno decidiera no acoger ninguna de las recomendaciones. Llamamos a las autoridades de gobierno y a los legisladores a tomar conciencia de que un buen sistema de educación superior debe apuntar a la equidad y calidad. Ambos propósitos no quedan a resguardo en este proyecto. 

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