19 de agosto del 2026
Presidente de Echeverría Izquierdo critica sistema de contratación de obras del Estado: "La verdad es que no es muy atractivo”
En momentos en que el Gobierno busca elevar la inversión en infraestructura y atraer a nuevos actores para desarrollar su cartera de proyectos, el presidente de Echeverría Izquierdo, Fernando Echeverría, lanzó una advertencia: bajo las condiciones actuales, trabajar en obras públicas todavía resulta poco atractivo para las empresas.
"La verdad es que no es muy atractivo", afirmó el empresario este martes durante un encuentro organizado por CLAPES UC (ver actividad) sobre infraestructura y transporte. Echeverría sostuvo que las compañías locales tienen hoy mayores incentivos para trabajar con el sector privado y cuestionó el sistema mediante el cual el Estado contrata la ejecución de sus proyectos.
"Las inversiones públicas tienen un sistema demasiado rígido y regulado que no toma en cuenta todas sus dimensiones", señaló.
La crítica aparece, además, en medio de la controversia por los corredores de transporte del Biobío, luego de que el Gobierno congelara el proceso concesional que tenía como mejor oferente a Cointer, ligada al grupo español Azvi, y optara por impulsar las obras bajo un esquema de obra pública. La fórmula planteada contempla que la Dirección de Vialidad avance mediante contratación directa, en un proyecto que originalmente se desarrollaría bajo el modelo de concesiones.
Echeverría apuntó a una diferencia relevante entre ambos mercados. Según sostuvo, actualmente la inversión en infraestructura productiva privada supera en más del doble a la inversión en infraestructura pública.
Así, "las empresas privadas compiten unas con otras para atraer a los mejores contratistas", afirmó. Agregó que éstas realizan procesos de selección, establecen exigencias de seguridad y requieren capacidad económica a las compañías que participan de sus proyectos.
Uno de sus principales cuestionamientos al sistema estatal apunta a cómo se distribuyen los riesgos. "El Estado, lo que pasa, es que tiende a traspasar todos los riesgos a los contratistas mediante contratos poco equitativos que, entre otras carencias, no contemplan mecanismos de resolución de controversias", sostuvo.
El empresario acompañó su diagnóstico con cifras. Señaló que, entre 2010 y 2018, en el 54% de los contratos hubo aumentos importantes de monto y casi el 50% registró incrementos de plazo. De estos últimos, más de un tercio superó en 20% el plazo originalmente establecido.
A ello se suman los extensos tiempos para resolver las diferencias. Echeverría afirmó que cuando una controversia no logra solucionarse administrativamente y termina en tribunales, los procesos tardan en promedio 4,3 años.
"Competencia desleal"
El empresario abrió un segundo flanco de debate al cuestionar las condiciones bajo las cuales compiten algunas compañías extranjeras por contratos públicos, asegurando que "hay una competencia desleal" de parte de algunas de ellas.
Entre otros puntos, el presidente de Echeverría Izquierdo criticó la forma en que estas firmas acreditan su experiencia mediante certificados emitidos por entidades extranjeras que, según planteó, el Estado no tendría cómo verificar.
También sostuvo que algunas compañías no constituyen patrimonio en Chile y que, frente a problemas, pueden abandonar una obra y retirarse del país, dejando al Estado como alternativa litigar fuera de Chile.
En ese punto recordó el caso de la ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), ubicado precisamente frente al lugar donde se desarrollaba el encuentro. Echeverría aludió a la constructora española que estuvo a cargo de las obras y la calificó como una empresa "de cuarta categoría", señalando que posteriormente abandonó el proyecto.
También apuntó a la participación de empresas chinas y sostuvo que se han producido adjudicaciones a precios que calificó de "ridículos". En esa línea, mencionó los problemas que, según afirmó, ha enfrentado Metro con algunos de estos contratistas.
Más inversión
Pese al duro diagnóstico, Echeverría coincidió con el gobierno en la necesidad de elevar los recursos destinados a infraestructura. "Necesitamos mucha más inversión en infraestructura", sostuvo.
Sin embargo, advirtió que el desafío no puede concentrarse únicamente en las concesiones. "Siempre recurrimos aquí también al sistema de concesiones, pero la verdad es que el sistema de concesiones representa un porcentaje de la inversión en infraestructura. El año pasado fue alrededor del 11%", señaló.
"Entonces, tenemos que aumentar mucho más la inversión en infraestructura, no solo a través de concesiones, sino que a través de todos los otros mecanismos", agregó el empresario.
La cartera por US$ 6.211 millones que puso el gobierno sobre la mesa
El biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, presentó en CLAPES UC la hoja de ruta de infraestructura del gobierno para 2026-2030. En conectividad, la exposición cifró en US$ 2.440 millones la inversión en proyectos viales, aeroportuarios y portuarios. Entre las principales obras destacó el Puente Chacao, con una inversión informada de US$ 1.000 millones y 66% de avance; la Ruta Austral, por US$ 800 millones; la conexión Ruta 68-Ruta 78, por US$ 244 millones; AVO II, por US$ 787 millones; y el Teleférico Bicentenario, por US$ 97 millones. La apuesta también incluye US$ 1.293 millones en seguridad hídrica, con la desaladora de Coquimbo (US$ 328 millones), Nueva La Punilla (US$ 537 millones) y el embalse Zapallar (US$ 389 millones). En salud, la presentación calcula la inversión en US$ 1.953 millones, mientras que otros US$ 525 millones corresponden a infraestructura para Carabineros y la PDI.
Fuente: Diario Financiero, Página 4.