Poca confianza

Poca confianza 

Señor Director: 

El añadido a la ley de reajuste salarial del sector público que impulsa el Gobierno y que “rigidiza” los despidos en los cargos a contrata, cambia la doctrina de la Corte Suprema sobre confianza legítima. El máximo tribunal construyó una ingeniosa regla práctica al decir que si a un empleado a contrata —cuya duración legal en el cargo es por un año— se le renueva sucesivamente hasta por cinco años, adquiere cierta inmunidad laboral y su desvinculación debe ser fundada, razonable y no arbitraria. En corto, logra conjugar mayor estabilidad laboral, que se gana tras sucesivas renovaciones, incluso más allá de un periodo presidencial y eficacia en el servicio al crear incentivos al buen desempeño para lograr esa meta.

La propuesta del Ejecutivo vacía de contenido la doctrina de la Corte y quita valor jurídico a la renovación. ¿Por qué se hace? Por cálculos de corto plazo para intentar “amarrar” a funcionarios afines y posiblemente a “recién llegados” que no deberán esperar cinco años para adquirir esa prerrogativa. Se lesiona el sano principio de “confianza legítima” y se le reemplaza por el de “confianza política” adquirida en el gobierno que se aleja del poder. Esta norma pone otro candado que cierra más la puerta a la transparencia, flexibilidad y eficiencia que merece nuestro empleo público.