Pensiones, economía y ética

Nuevo sistema de salud: aterrizaje forzoso

"Entre las explicaciones estaba la desinformación acerca del proceso; votos de protesta; agobio por los problemas económicos y la creciente sensación de inseguridad; el desencanto con la política o agotamiento con el proceso constituyente; o la falta de representatividad,"

Pensiones alimenticias y de vejez: economía y ética

El problema de las pensiones alimenticias impagas en nuestro país es de larga data. Hoy son miles los juicios que están en tribunales de familia relacionados con esta materia y sólo entre 2019 y 2021 ingresaron 630 mil nuevas causas. Lo anterior sorprende a quienes vemos en esta obligación un deber ético de padres y madres: hacernos cargo del bienestar presente y futuro de nuestros hijos e hijas no es un problema de buena voluntad; es éticamente correcto hacerlo.

Si el argumento ético no tiene peso por sí solo, hay uno socioeconómico que puede hacerle más sentido. El cumplimiento de esta ley implica invertir en nuestros hijos e hijas, en su educación y desarrollo, lo que tiene beneficios privados y sociales. En efecto, la inversión en capital humano, para producir personas de bien que contribuyan al desarrollo del país, ha sido, es y será siempre una buena inversión. Estas personas conducirán el país en el futuro.

Ahora, si los argumentos anteriores no lo convencen, mírelo desde una perspectiva más personal y mezquina: estos niños y niñas nos cuidarán cuando ya no podamos valernos por nosotros mismos, pero probablemente no lo harán si no “invertimos” en ellos y les enseñamos a ser caritativos y generosos con el prójimo.

Adicionalmente, por modificaciones legales de años recientes, quienes no cumplan con el pago de las pensiones alimenticias por tres o más mensualidades consecutivas (o cinco discontinuas) ingresarán al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (el DICOM de las pensiones alimenticias). Quienes ingresen a este registro podrían sufrir (a) la retención de los fondos que mantengan en sus cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión, incluidos sus fondos de ahorro voluntario en su AFP o similar; (b) la retención parcial de los fondos cuando solicite un crédito (no rotativo) a una entidad financiera formal; (c) la prohibición de participar como postor en remates de bienes públicos, o de postular a beneficios económicos estatales para la creación o el fomento de empresas, o para el desarrollo de capital humano; (d) el impedimento para comprar o vender vehículos motorizados o bienes raíces; y (e) la prohibición de obtener o renovar su licencia de conducir o pasaporte, entre otras restricciones. En resumen, la capacidad de los deudores de pensiones alimenticias para operar y prosperar económicamente se verá seriamente limitada, obligándolos a operar informal o ilegalmente.

Por último, a partir de este mes quien mantenga una deuda de pensión alimenticia no podrá cambiarse de AFP y le serán requisados una parte de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual obligatoria, reduciéndose, por ende, su jubilación futura.

Cabe mencionar que al 21 de marzo de este año los juzgados de familia habían ingresado más de 50 mil personas al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (El Mercurio, 26 de marzo), por una morosidad de más de $65 mil millones (USD 82,5 millones aprox.). Si consideramos que al 31 de marzo los fondos de pensiones administraban USD 191,416 millones, el efecto máximo sobre los fondos de pensiones es muy marginal (lo que podría requisarse alcanza a menos de un 0,04% del total administrado), muy distinto a los montos retirados con los tres retiros aprobados (que llegaron a casi USD 50 mil millones).

Así las cosas, se comprende que es mejor alternativa -ética, legal y económica- cumplir con la pensión alimenticia de sus hijos e hijas. Y si pensaba en el futuro, una vez jubilado y cuando sus hijos crecieran, tener un buen pasar con los ahorros previsionales que logró, en parte, incumpliendo su obligación para con ellos, vale la pena que lo vuelva a pensar.