MOP alista cambio legal para crear un panel que resuelva controversias en las obras públicas

MOP alista cambio legal para crear un panel que resuelva controversias en las obras públicas

• Hoy existe una instancia para resolver disputas entre el Estado y las concesionarias, pero no para infraestructura de obra pública. En septiembre el gobierno espera abrir el debate en el Congreso

Un cambio de alto impacto para la industria de infraestructura comenzaría a tomar forma en el Ministerio de Obras Públicas (MOP). La cartera trabaja en un nuevo mecanismo para resolver las controversias que surgen durante la ejecución de los contratos, uno de los problemas que por años ha generado fricciones entre las constructoras y el Estado. De hecho, es un símil al panel de Expertos de Concesiones.

El tema quedó expuesto la semana pasada durante un seminario de CLAPES UC (ver actividad) . Allí, el presidente de Echeverría Izquierdo, Fernando Echeverría, cuestionó las condiciones bajo las cuales se desarrollan los contratos de obra pública, las que calificó como "poco atractivas" para el sector privado. Sin embargo, en medio de sus críticas, destacó una iniciativa que avanza en el MOP: la creación de un mecanismo específico para resolver las controversias entre el Estado y los contratistas.

Y el diseño ya comienza a tomar forma. Desde hace cerca de dos meses, la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), encabezada por Joaquín Dagá, viene trabajando y socializando la propuesta con actores como la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el Instituto de la Construcción y el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI). 

"Hemos tenido una muy buena acogida de los distintos actores", señala Dagá. La idea, explica, es construir previamente un acuerdo que facilite el posterior trámite legislativo: "Lo primero que queríamos, y creo que lo hemos logrado, era generar un consenso en los distintos actores para que ojalá esto salga rápido en el Congreso".

Septiembre será un mes clave. La DGOP espera cerrar las modificaciones que se requerirán tanto en la legislación que regula al MOP como en el Reglamento de Obras Públicas para implementar el sistema.

"Ya tenemos prácticamente escrita la versión final de los cambios regulatorios y normativos", afirma Dagá.

Y agrega: "El sistema de concesiones tiene un mecanismo de resolución de controversias que viene a resolver las distintas discrepancias que se generan entre el concesionario y el Estado de Chile. Pero, en contraparte, los contratos de obra pública tradicional no tienen un mecanismo de este tipo".

Actualmente, frente a diferencias por multas, errores de ingeniería, compensaciones u otras materias, el contratista puede recurrir administrativamente ante el propio MOP y la Contraloría o acudir a lo tribunales ordinarios.

"Hoy no existe una instancia en la cual se puedan resolver esas discrepancias. El MOP resuelve unilateralmente, o bien en la justicia ordinaria, que demora seis u ocho años", sostiene Dagá.

El diagnóstico de la DGOP muestra la magnitud del problema. De 6.885 contratos terminados entre 2011 y 2018, el 54% registró aumentos de monto y el 49% incrementos de plazo.

Uno de cada tres superó un 10% de aumento presupuestario y la misma proporción registró extensiones de plazo superiores al 20%. 

De las alertas tempranas al nuevo panel

La solución diseñada por el MOP tiene tres niveles. El primero es un Libro de Alertas Tempranas, paralelo al Libro de Obras e inspirado en contratos colaborativos utilizados en otros países. La apuesta es registrar un eventual problema incluso antes de que se transforme en una disputa.

"Si el contratista identifica un error en la ingeniería, tiene que decirlo al tiro y dejar por escrito: 'Aquí identifiqué este error que puede significar un conflicto en el futuro'", ejemplifica Dagá. 

El instrumento se aplicaría a todos los contratos de obras públicas regulados por el DS MOP 75, un universo que actualmente comprende 985 contratos en ejecución por $ 6,5 billones (millones de millones).

El segundo eje son Comisiones Consultivas para las controversias de contratos regionales inferiores a UTM 200 mil -unos $ 14 mil millones- y con una duración superior a seis meses. Estarán integradas por dos representantes del MOP y dos del contratista y tendrán un máximo de 30 días para emitir un informe técnico no vinculante. Actualmente, 821 contratos por $ 3,5 billones entrarían en este segmento.

Para las grandes obras, en tanto, se propone crear un Panel de Resolución de Controversias. "Es un panel comparable al Panel Técnico de Concesiones, pero para obra pública", resume Dagá. 

La instancia se aplicaría a contratos desde UTM 200 mil y estaría integrada por cinco miembros: dos abogados, dos ingenieros y un arquitecto designados mediante Alta Dirección Pública. Tendrá 30 días para pronunciarse, prorrogables una vez, y sus recomendaciones serán fundadas pero no vinculantes. El procedimiento tampoco suspenderá la ejecución de las obras.

Actualmente, 78 contratos entrarían en esta categoría. Aunque representan solo el 8% del total considerado por la DGOP, concentran $ 2,9 billones, equivalentes al 45% de los montos en ejecución analizados.

El mecanismo deberá pasar posteriormente por el Congreso. Dagá reconoce que esta será una de las primeras iniciativas de carácter normativo de su gestión, pero también pone cautela sobre los tiempos: "Todavía falta toda la discusión parlamentaria, que no es menor".