Mineduc saca la calculadora: promesa de ajustes al FES implicaría profunda reestructuración

Las dos principales autoridades de la cartera en la materia aseguran copago y tope de retribución 

Mineduc saca la calculadora: promesa de ajustes al FES implicaría profunda reestructuración 

• Expertos advierten que los cambios, hasta ahora poco y nada detallados, obligan a replantear el “impuesto al graduado”. Mientras tanto, la subsecretaría del área afirma que no presentará indicaciones hasta que la iniciativa sea aprobada en particular.

Luego de varios vaivenes del Ejecutivo y más de un año de reclamos de expertos y rectores, el proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES) parece encaminarse hacia una revisión mayor. Esto, luego que el ministro Nicolás Cataldo (PC) confirmara que se incorporará un mecanismo de copago dentro del instrumento, mientras que el subsecretario Víctor Orellana (FA) adelantó que se fijará un tope máximo de pago para los beneficiarios, inferior al hoy vigente, de pagar 3,5 veces la carrera. 

A la espera se encuentran, además, de que la Contraloría responda a la reconsideración del dictamen que cuestionó la clasificación contable del instrumento, determinante para definir si puede seguir tratándose como activo financiero o deberá registrarse como gasto público. Así, los equipos técnicos del Ministerio de Educación (Mineduc) ya sacan la calculadora de cara a ajustes que podrían implicar una reestructuración profunda del modelo que busca reemplazar al Crédito con Aval del Estado (CAE). 

El Gobierno debe estar “dispuesto a cobrar” 

Una simulación elaborada por el investigador Carlos Williamson, de CLAPES UC, muestra la magnitud del efecto que tendría, por ejemplo, la modificación de poner un tope de pago más bajo. Basado en los antecedentes financieros del proyecto, el modelo estima que si el sobrepago se reduce de 3,5 a 1,5 veces, la recuperación de los fondos caería cerca de 40%, generando un desequilibrio de unos US$ 22 mil millones en el horizonte de proyección. 

Esto, debido a la forma en que se configura hoy el sistema: “El FES instaura un sistema de cobranza o contribución que es un impuesto al graduado con tasas progresivas: un amplio tramo exento, del orden del 60%, un tramo intermedio de 10% que paga menos que el costo de la carrera y un 30% que paga más, y las tasas que se cobran ahí deben ser muy altas para compensar a los que no pagan. Es la ilusión de crear ‘solidaridad’ con la plata ajena”, explica el ingeniero comercial. 

Afirma que “esto no ocurre con un crédito donde se paga contingente al ingreso. Los modelos de impuestos al graduado no existen en ningún país, precisamente, porque enfrentan el dilema de ser muy gravosos o que al bajarle al gravamen no se financian”. 

Esta fórmula considera que el desembolso promedio por alumno ascienda a $26 millones, con una recuperación promedio anual de $2 millones por contribuyente. Pero pequeñas variaciones en los parámetros generan impactos significativos en la sostenibilidad del sistema, pues resulta ser “altamente sensible”. 

El director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la U. Andrés Bello, Raúl Figueroa, dice que “el proyecto tiene problemas serios que derivan de su diseño. Y si se quieren abordar las críticas que se han hecho, es fundamental contar con una propuesta que se haga cargo de manera integral de todos los problemas que se han identificado. Lo que ha hecho el ministro es entregar modificaciones parciales que generan dudas respecto del impacto fiscal de esas iniciativas y que no abordan el problema esencial”. 

Y remarca: “Lo que tiene que hacer el Gobierno hoy es dar una señal clara al país de que está dispuesto a cobrar, el pago es lo único que puede hacer viable un sistema de financiamiento estudiantil. Hoy tiene la manija para dar esa demostración, sin necesidad de aprobar aún el proyecto”. 

Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP, plantea que “cambiar el límite máximo de pago impacta en el costo del proyecto; por lo tanto, si se quiere mantener el costo fiscal, se deben introducir cambios en los parámetros, ya sea aumentando el número máximo de años a pagar o modificando los tramos de contingencia en el ingreso. De no cambiarse los parámetros, el costo fiscal del proyecto aumenta”. 

Aprobar primero, mejorar después 

El estudio internacional de la economista británica Lorraine Dearden (UCL), financiado por la Subsecretaría de Educación Superior, ha sido el principal insumo técnico citado por el Ejecutivo durante la tramitación del FES. Sin embargo, sus autores también plantearon ajustes en los topes y períodos de pago en el seminario del Congreso la semana pasada. Sugieren reducir el límite de pago a 1,5 veces el costo de la carrera, ampliar el período de gracia a dos años y extender el plazo de pago de 20 a 25 años. 

Consultada al respecto, la Subsecretaría de Educación Superior respondió por escrito que los cambios al proyecto “buscarán recoger los planteamientos y recomendaciones que han hecho expertas, expertos e instituciones de educación superior con el objetivo de mejorar el instrumento. Sin embargo, para incorporar indicaciones es necesario que avance la tramitación del proyecto en el Senado y que se apruebe la idea de legislar”. 

Entre las páginas del estudio de Dearden, se señala que consiste en “una iniciativa cofinanciada por University College of London (UCL) del Reino Unido y la Subsecretaría de Educación Superior de Chile”. La repartición pública no precisó sobre el costo.