Migración: orden y dignidad

Migración: orden y dignidad

"Un Estado que tolera grandes bolsas de informalidad migratoria renuncia, en la práctica, a ejercer control efectivo".

El debate migratorio en Chile ha vuelto a instalarse con fuerza, tensionado entre dos posiciones que, aunque opuestas, comparten un mismo defecto: su simplificación. Por un lado, se sostiene que regularizar a migrantes empadronados equivale a premiar la ilegalidad y debilitar el estado de derecho. Por otro, se afirma que su expulsión sería una traición a los principios humanitarios y a la tradición chilena de acogida.

La migración no es hoy un fenómeno hipotético ni futuro: ya ocurrió. Miles ingresaron por pasos no habilitados en los últimos diez años; en su mayoría huyendo de la dictadura chavista. Son personas que viven, trabajan y han formado familia en Chile, muchas de ellas empadronadas por el propio Estado, es decir, identificadas, registradas y conocidas por la autoridad. El dilema, entonces, no es si Chile tendrá migrantes, sino en qué condiciones institucionales, sociales y humanas aceptará tenerlos.

Persistir en la irregularidad prolongada no fortalece el orden; lo erosiona. Un Estado que tolera grandes bolsas de informalidad migratoria renuncia, en la práctica, a ejercer control efectivo. La irregularidad no disuade, sino que precariza: fomenta el trabajo informal, debilita la fiscalización, expone a las personas a redes abusivas y dificulta la persecución del delito. Paradójicamente, el resultado suele ser más inseguridad, no menos.

Pero tampoco es cierto que cualquier regularización sea virtuosa por definición. Procesos amplios, automáticos y sin condiciones pueden enviar señales equivocadas, desincentivar el cumplimiento de la ley y generar un efecto manada que el país no está en condiciones de absorber.

De allí que el verdadero desafío político no esté en elegir entre orden o dignidad, sino en articular ambos principios. Un camino intermedio -más exigente y menos retórico- supone asumir que la regularización puede ser una herramienta de orden, siempre que sea focalizada, condicionada y excepcional. Regularizar a quienes acrediten arraigo, trabajo, ausencia de antecedentes penales y voluntad de integración no es una claudicación del Estado, sino una forma de ejercer soberanía con inteligencia.

Ese mismo camino exige, sin ambigüedades, que el Estado sea firme y eficaz en la expulsión de quienes cometan delitos graves, y creíble en el control fronterizo futuro. La integración no puede confundirse con impunidad, ni la hospitalidad con ingenuidad. Una política migratoria legítima necesita reglas claras, aplicación consistente y consecuencias reales.

Chile ha sido históricamente un país de acogida, pero también una república construida sobre la ley. Honrar ambas tradiciones implica abandonar los extremos y asumir la complejidad del presente. El camino intermedio no es el más cómodo ni el más popular, pero es probablemente el único capaz de combinar control, humanidad y cohesión social.