Luces y sombras de la masificación

Luces y sombras de la masificación

...antes de promover la creación de nuevas instituciones en la educación técnico-profesional, conviene poner especial atención en los criterios de calidad, tanto en la oferta institucional como en la formación recibida en la educación escolar...".

El rápido crecimiento de la matrícula en la educación superior chilena ha marcado su desarrollo en las últimas dos décadas. Entre 2005 y 2015 su número se elevó desde 600 mil estudiantes a un millón 200 mil, siendo determinante el aumento en las ayudas estudiantiles, en especial el CAE, que permitió bajar las barreras económicas a la entrada al quintuplicar el aporte fiscal por alumno. Es interesante advertir que, contrariamente al argumento que se dio en 2014 para impulsar la gratuidad, el crecimiento del sistema ocurrió mucho antes que la Ley 21.091, de modo que esta solo reemplazó los préstamos por subsidios estatales.

La masificación tuvo consecuencias desde el punto de vista laboral. Desde luego, la educación superior es una inversión en capital humano y, dependiendo del nivel, robustez y calidad de los conocimientos adquiridos, configura las competencias laborales que luego se despliegan en el mercado del trabajo. Así, conocer las trayectorias de quienes participan en la educación terciaria y el contexto país donde ello sucede permite evaluar cuánto rinden económicamente los recursos invertidos, tanto públicos como privados, y, de paso, su impacto como palanca de movilidad social.

Un reciente estudio en CLAPES UC responde a esas preguntas al analizar la evolución del empleo y los ingresos monetarios entre 2010 y 2022 en base a la "Encuesta de Presupuestos Familiares" del INE.

En primer término, como era esperable, la mano de obra exhibe en promedio más años de estudios formales. Mientras en 2010 un 31,2% de los ocupados totales había pasado por la educación superior, en 2022 era un 44,5%. Pero este aumento no fue a la par con un incremento paralelo en los empleos con mayor calificación. En efecto, se hizo visible que el menor dinamismo económico en la reciente década ha mermado la capacidad de crear más empleos formales atractivos, produciendo un descalce entre oferta y demanda y generando una alta subocupación. Esta última se la define como empleos que requieren menos calificaciones a las adquiridas en la educación superior. En el citado período hubo una fuerte alza de la subocupación, del orden de las 500 mil personas, concentrada en la educación universitaria y siendo significativamente mayor en las mujeres.

Un segundo aspecto medible son los ingresos del trabajo. En el caso de egresados de universidades, se comparó con los ingresos promedios de ocupados que solo tienen cuarto medio; es lo que la OCDE define como "premio salarial". En este caso se observa que, pese a una leve tendencia a la baja, se mantienen brechas netas positivas en favor de egresados universitarios. Estos antecedentes debilitan la tesis de estar en presencia de una "inflación" de títulos universitarios, si ella se interpreta como un factor que habría causado un masivo deterioro de los ingresos. En el caso de los egresados de la educación superior técnico-profesional, hay también brechas positivas en los ingresos de los ocupados.

Distinta es la situación laboral de quienes abandonan los estudios superiores; cada vez menos por razones económicas y más por motivos vocacionales o académicos.

En general, este segmento exhibe un ingreso promedio igual o inferior respecto de quienes solo terminaron cuarto medio. En el caso de las universidades esta situación solo se da en los desertores con subocupación, pero siendo un porcentaje bajo, 1,9 % de la ocupación total.

Inquietante es el escenario en la educación técnico-profesional, puesto que quienes no finalizan sus estudios corresponden a un 15% de la población con ese nivel educativo. Para dichas personas el tránsito por la educación superior no habría sido una decisión acertada, responsabilidad que recae en las políticas públicas sobre acceso y financiamiento, menosprecio por la preparación que traen desde el colegio y lentitud en los procesos sobre certificación de la calidad. Sobre lo último, a diferencia del subsistema universitario, en que el 95% de las instituciones está acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación, en la educación técnico-profesional un 54% de los institutos profesionales no está acreditado y en los centros de formación técnica sobre el 80% no ha cumplido con esta regulación.

En consecuencia, un llamado de alerta para la política pública: antes de promover la creación de nuevas instituciones en la educación técnico-profesional, conviene poner especial atención en los criterios de calidad, tanto en la oferta institucional como en la formación recibida en la educación escolar.