Los puntos pendientes para evitar otro megaincendio forestal

Los puntos pendientes para evitar otro megaincendio forestal

Pese a la experiencia de 2017, las más de 400 mil hectáreas quemadas este año obligan a repensar la prevención y el manejo. Con 97% de causales humanas, perseguir a los responsables es un punto clave. También se propone crear un estado de excepción preventivo y un Servicio Nacional Forestal, mejores cortafuegos y planificación territorial. El fin de semana del 4 de febrero, con más de 230 focos activos, temperaturas sobre 40 ºC en ciudades como Chillán y Temuco y una baja humedad en toda la zona central, Chile revivió la pesadilla de hace seis años.

Pese a que la Dirección Meteorológica de Chile a fines de enero de este año emitió alertas sobre las condiciones que vendrían; pese a que la Conaf tiene el mayor presupuesto de su historia, 22% más alto que la temporada pasada, con $83.816 millones; pese a que el país cuenta desde 2021 con una Política Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres; y pese a que hubo un alza en el número de brigadistas, helicópteros y aviones, de las comunidades capacitadas en prevención y los kilómetros de obras para eliminar material combustible, los megaincendios dejaron 26 fallecidos y convirtieron en cenizas la vida y el trabajo de cientos de personas. Y a las 518 mil hectáreas arrasadas en 2017 se sumaron 428 mil hectáreas este verano, la mayoría entre Maule y La Araucanía, en una catástrofe que tiene como explicación básica el cambio climático, pero que en el caso de Chile se debe en 97% a la acción humana, intencional y accidental, según lo que ha investigado la Corporación Nacional Forestal (Conaf). 

“Estamos frente a un incendio de sexta generación. Es un fenómeno que está pasando a nivel internacional, con incendios cuyas características son impredecibles, y que escapan a cualquier tipo de control (…). Nadie está preparado para enfrentar incendios de esta naturaleza”, explicó la semana pasada Christian Little, director nacional de la Conaf, a la comisión investigadora de incendios forestales de la Cámara de Diputados, refiriéndose a los catalogados como tormentas de fuego, que se caracterizan por su intensidad, velocidad y capacidad de modificar las condiciones atmosféricas del lugar donde se desarrollan. 

La Conaf no accedió a dar una entrevista a Revista del Campo. Las consecuencias de los recientes incendios van más allá de las personas fallecidas y superficie quemada. Hay 2.450 viviendas destruidas, 7.770 personas damnificadas y un costo económico de US$ 2.275 millones, según el Ministerio de Hacienda, del cual el gasto de reconstrucción es de US$ 290 millones. 

Las comunidades y especialistas coinciden en que es clave revisar los puntos débiles que permitieron que, tras la experiencia de 2017, se repitiera el desastre. Y hacer cambios. 

Intencionalidad

La Corporación de la Madera (Corma) representa en torno al 90% de la industria forestal y desde ahí aseguran que los incendios no son comparables con los de 2017, ya que todos estaban mejor preparados. Al analizar qué falló, apuntan directo a la intencionalidad. “Siete de cada diez incendios en Biobío y La Araucanía tienen como causa probable la intencionalidad. Es una intencionalidad criminal, con eventos que se ejecutan en forma simultánea y en minutos previos a la hora cero, cuando las aeronaves no pueden despegar, lo que implica que va a correr toda la noche y se encienden a favor del viento, para que en la mañana amenace a centros poblados”, dice el presidente de Corma, Juan José Ugarte. También afirma que en los últimos siete años solo se habría culpado a 86 personas en los juicios asociados a incendios, quienes no han recibido penas de cárcel, las que sí están contempladas en la ley. “Conaf debe tener la capacidad de hacer una investigación posterior a los incendios. Hoy no investigan en las zonas que consideran de bajo riesgo, por lo que hay extensos territorios del sur donde no hay investigación, y es donde se concentra una parte importante de los incendios intencionales”, advierte Ugarte. 

En el caso de Arauco, una de las principales forestales del país, que esta temporada perdió más de 47 mil hectáreas, con un impacto económico que estiman en US$ 50 millones, aseguran que las medidas de prevención y manejo no son suficientes si no tienen apoyo para reducir la intencionalidad.

“Necesitamos una acción decidida de las autoridades y el Estado para que, bajo ciertas condiciones, prohíba quemar o iniciar cualquier tipo de fuego y con una fiscalización efectiva”, dice Charles Kimber, gerente de personas y sustentabilidad de Arauco, y detalla que esta temporada la empresa invirtió US$ 70,5 millones en prevención y combate. 

Estado de excepción 

Tanto en los incendios de 2017 como en los de este verano, una de las críticas es que se decretó tarde el estado de excepción de catástrofe, y se sugiere incorporar en la Ley de Incendios la figura de un “estado de excepción preventivo”. 

“En el caso de un terremoto se entiende que se declare después, porque no hay cómo predecirlo, pero en los incendios se puede saber. Este verano las alertas se anunciaron por todas partes, se detuvieron las faenas, pero el estado de excepción se decretó cuando ya estaba consumido el 88% de la superficie. Luego pasamos de tener 94 a 25 incendios, lo que muestra que es una medida súper efectiva”, dice Juan José Ugarte. 

Desde el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (CLAPES UC) coinciden en la importancia de incorporar un decreto de ese tipo, y añaden que es relevante mantener una buena coordinación entre el sector público y el privado. “Se debería tomar como un activo al sector forestal y generar más alianzas.

Un elemento que analizamos este año es que la coordinación no fue renovada y llama la atención”, dice Luis Gonzales, coordinador económico en cambio climático, energía y medio ambiente de CLAPES UC, refiriéndose al acuerdo anual para la gestión y combate de incendios que durante cuatro décadas había firmado la Conaf y la Corma, y que en agosto no se renovó. 

“El año pasado insistimos frente a las nuevas autoridades desde mayo para avanzar en la firma del convenio y, aparentemente, no lo consideraron relevante, porque nunca nos respondieron”, dice Ugarte. En cuanto a los cambios que se requieren a mediano plazo, Luis Gonzales destaca la necesidad de transformar a la Conaf en un servicio nacional forestal, pasando a ser una entidad pública, porque es una corporación de derecho privado, para lo cual existe un proyecto desde hace años en el Congreso. “Debe ser un servicio ágil y oportuno con los recursos disponibles, que tenga capacidad de coordinación”, afirma, aunque en la industria de la madera apuntan a la formación de una subsecretaría forestal. También dice que se debe avanzar hacia una mejor gestión de los brigadistas de la Conaf, ya que tienen una rotación de 70% cada año. “Existe una tasa de rotación que no permite conservar la experiencia en el manejo de incidentes, por lo que es necesario generar un sistema de administración de esta experiencia en el tiempo para preservar ese capital humano”, destaca.

Planificación

Las condiciones bajo las cuales ocurrieron los incendios de 2017 y 2023 son similares, influenciadas por el fenómeno de La Niña y la megasequía, además de elementos más específicos y hablan de que la proyección es a que Chile sea cada vez más vulnerable a incendios. 

“Las proyecciones de cambio climático hacia fines de siglo muestran una amenaza creciente desde la perspectiva climática y meteorológica”, dice un informe elaborado por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2). Los especialistas insisten en la importancia de disminuir la exposición de las personas y el patrimonio natural al fuego. 

“La planificación territorial puede ser de mucha ayuda, estableciendo zonas de restricción de altas cargas de combustible, como lugares cercanos a las ciudades, parques nacionales o zonas industriales, y obligaciones de generar discontinuidades de los combustibles mediante manejo”, plantea Alejandro Miranda, investigador del Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad de la Frontera y del CR2.

En el caso de los cortafuegos, advierte que son efectivos y relevantes en la medida que se instalen estratégicamente. “Los cortafuegos serán menos efectivos si no se establecen con criterios que maximicen su utilidad, tomando en cuenta el comportamiento histórico de los incendios. Los corredores biológicos pueden ser relevantes, y también son deseables las actividades agrícolas o cultivos de baja carga, que pueden ser parte de una planificación a largo plazo”, sostiene. 

Si bien existen herramientas tecnológicas para predecir cuáles son las áreas más vulnerables y cómo se comportarían, no sirven si no están acompañadas de incentivos u obligaciones para los propietarios. “Necesariamente debe haber una restricción de las plantaciones forestales tal como se hacen en este momento, en las zonas donde ponen en riesgo a la población”, afirma. 

Desde la industria forestal aseguran que también se deben revisar las tomas de terrenos en zonas rurales. “Un problema relevante es que tenemos 1.500 hectáreas tomadas en zonas definidas como interfaz, lo que presenta un riesgo y nos pone como tarea el diseño y mantenimiento de bosques y casas autoprotegidas”, dice Charles Kimber.

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