7 de agosto del 2025
Los dos casos de Jeannette Jara que fueron incluidos en la formalización de los generales (R) Yáñez y Rozas
“Se trata de vincular a la candidatura mía con temas del estallido delictual, como le llama la derecha, y decir que defendía a la *primera línea”, y que estaba por la quema del metro, y por los encapuchados, y todo eso es mentira”.
Con esas palabras este martes la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC), repasó en el conversatorio del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la UC CLAPES UC (ver actividad), lo que fue la crisis social de 2019, así como también la postura y críticas que realizó el oficialismo en aquel periodo.
Si bien no entró en detalles respecto a su posición, la exministra del Trabajo durante el estallido social aprovechó su profesión de abogada para asumir un rol de litigante en querellas que ella misma patrocinó. Por aquel entonces la abanderada integraba Ideas para Conchalí, una plataforma de política local que en medio de la crisis social buscó denunciar casos de violación a los derechos humanos.
En ese contexto, Jara representó dos casos que finalmente derivaron en la investigación que tomó la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la cual formalizó por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en contra de los generales (R) Ricardo Yáñez y Mario Rozas.
La causa de Altos Mandos aún se encuentra dentro del plazo de investigación y los generales (R) se encuentran sujetos a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal, las que serán revisadas en una audiencia el próximo 12 de agosto.
La víctima 191
El 1 de octubre de 2024 la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, comenzó la formalización en contra de los altos oficiales que encabezaron Carabineros durante la crisis social. Durante cinco días, Chong leyó los 229 casos en los que se les imputan los delitos omisivos a Rozas y Yáñez.
Entre esos casos, la fiscal de la causa denominada Altos Mandos, nombró como víctima de vulneraciones a los derechos humanos a Juan Carlos Pereira, a quien calificó como “víctima 191”. El hombre denunció que la tarde del 29 de noviembre de 2019, mientras se encontraba en una manifestación en el sector de Vicuña Mackenna con calle Reñaca, recibió el impacto de una lacrimógena percutada desde una escopeta lanzagases de Carabineros. Un impacto que le provocó un TEC grave en la cabeza.
Pero el caso de Pereira, antes de llegar a esa instancia tuvo una larga trayectoria judicial. El caso de ese manifestante fue denunciado a la Fiscalía en enero de 2020 a través de una querella interpuesta ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y en la que Pereira confirió patrocinio y poder, es decir, representación jurídica, a la ahora candidata Jara, quien figuró como abogada querellante en esa causa hasta el 5 de agosto de 2021, cuando la abogada presentó su renuncia a la causa.
Diez días después de aquello, y en medio de la investigación del Ministerio Público, la fiscal Chong solicitó al tribunal agrupar la causa de Pereira al caso Altos Mandos, donde finalmente se formalizó a los altos oficiales en retiro de la policía uniformada. En esa instancia, “la víctima 191- ya tenía otro abogado querellante.
A pesar de que Jara renunció a la causa en agosto de 2021, en mayo de 2022 la jefa jurídica de la Subsecretaría del Trabajo, Andrea Soto, ingresó un escrito ante el tribunal porque la entonces ministra seguía siendo notificada de la causa, por lo que solicitó “tener a bien se excluya como interviniente en el proceso judicial”.
El caso inicial
Otro caso del estallido social que representó la candidata, en su calidad de abogada querellante, fue el de Alejandro Pérez, un joven que en enero de 2020 presentó una querella en contra del entonces general director de Carabineros Mario Rozas.
En la acción judicial, Pérez, quien presentó como abogada querellante a la ahora candidata oficialista, denunció que el 6 de diciembre de 2019 recibió el impacto de una lacrimógena disparada por funcionarios de la policía uniformada mientras se manifestaba en el sector de Vicuña Mackenna, lo que le causó un TEC grave en su cabeza e hirió su ojo izquierdo. Por este caso también se querelló el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Jara representó a Pérez en esa causa hasta el 16 de marzo de 2022, día en que el mismo denunciante solicitó al tribunal que le revocaran el patrocinio y poder a quien cinco días antes había asumido como ministra del Trabajo.
Respecto a esa causa, en septiembre de 2021, la Fiscalía agrupó tanto las querellas del INDH como la de la propia víctima, las que después separó hasta que días antes de la formalización de Rozas y Yáñez la fiscal Chong lo agrupó como un caso más del caso Altos Mandos, entregándole la denominación de “víctima 195: durante la imputación de cargos ocurrida el 1 de octubre.
Fuente: La Tercera, Página 22.