La riqueza para quienes la producen

La riqueza para quienes la producen

Con esta frase celebró el Presidente Boric la promulgación de la nueva ley de fraccionamiento pesquero, recordando que este ideario está en la esencia del proyecto político de su conglomerado. El subsecretario de Pesca fue más claro: “La pesca para los que pescan”. Bajo esta épica política, la propiedad de los derechos de pesca debe ser de quienes directamente realizan el esfuerzo extractivo.

Este enfoque recuerda uno de los principales slogans de los Bolcheviques (“La tierra para quienes la trabajan”) que avivó la Revolución Rusa de 1917, derivando en una orgía de terror, revanchismo y millones de muertos, descrita magistralmente por Orlando Figes en “La Revolución Rusa: la tragedia de un pueblo”.

En Chile, la nueva ley redistribuye anticipadamente cuota de los industriales -siete años antes del término de su vigencia legal-, traspasando al sector artesanal cerca del 30% del total destinado a procesamiento, con un valor anual estimado superior a USD 150 millones. De ese total, USD 70 millones corresponden solo a cuotas de jurel. Como referencia, en el escándalo de 2015, SQM reconoció pagos ilegales por unos USD 15 millones para campañas políticas entre 2009 y 2014.

Este traspaso anticipado y forzado de cuotas genera al menos dos problemas graves:

En primer lugar, debilita los incentivos a crear nueva riqueza, genera incerteza jurídica, desincentiva inversiones y crea ineficiencias económicas. En el caso del jurel, las naves artesanales no pueden operar todo el año ni cubrir todas las zonas de migración de este pez, lo que mermará la producción para consumo humano y reducirá el valor agregado. Y las posibles soluciones (traspasos o cesiones de cuota) enfrentan trabas regulatorias y significativa fragilidad jurídica.

Segundo, tensiona y cuestiona la “justicia distributiva”: Los mayores beneficiados son armadores artesanales con grandes lanchas (llamadas “semiindustriales”), cada una valorada sobre $500 millones. Algunos poseen entre tres y cinco de estas. En Chile existen unas 500 de estas naves. En cambio, los conocidos botes amarillos —que vemos en caletas— agrupan al 90% de las embarcaciones inscritas, pero representan apenas el 20% del desembarque artesanal. El resto proviene de los “semiindustriales”, cuyas ventas anuales promedian $300 millones por lancha. ¿Podemos seguir llamándolos “artesanales”? Además, no pagan royalty, sus derechos son heredables y sin plazo de vencimiento.

La nueva ley de fraccionamiento pesquero es un mal negocio para Chile. Beneficia sobre todo a unos pocos, comprometidos a pagar, de alguna forma, el regalo recibido. Para el resto de nosotros, lo importante es tener claro qué pasó aquí. Y en las próximas elecciones, sacar al pizarrón a los políticos que la promulgaron.

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