La capacidad de ejecución del Estado

La capacidad de ejecución del Estado

• “Solo en el sector energético existen más de US$ 30 mil millones en inversiones a la espera de una resolución ambiental. A ello se suman proyectos mineros, de infraestructura, vivienda e industria”.

Chile ha avanzado en el debate sobre la llamada “permisología”, reconociendo la necesidad de modernizar y simplificar los procesos de autorización de proyectos de inversión. Sin embargo, concentrar la discusión únicamente en el número de permisos resulta insuficiente. El verdadero desafío es fortalecer la capacidad del Estado para tramitarlos, coordinarlos y resolverlos dentro de plazos razonables.

Hoy un proyecto minero puede tardar más de once años en obtener las autorizaciones necesarias para iniciar su construcción. Más que una consecuencia de regulaciones excesivas, esta realidad evidencia una creciente brecha entre los plazos que establece la legislación y la capacidad efectiva de las instituciones públicas para cumplirlos. Aunque el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental contempla un plazo legal de 450 días hábiles para un Estudio de Impacto Ambiental, en 2024 el tiempo promedio alcanzó cerca de 1.170 días y dos de cada tres proyectos excedieron los plazos establecidos.

Las consecuencias son significativas. Solo en el sector energético existen más de US$ 30 mil millones en inversiones que permanecen a la espera de una resolución ambiental. A ello se suman proyectos mineros, de infraestructura, vivienda e industria, cuya materialización se posterga durante años, afectando el crecimiento económico, la productividad, el empleo y el desarrollo de las regiones.

La experiencia internacional demuestra que es posible mantener altos estándares ambientales sin renunciar a una gestión pública eficiente. El contraste entre Dominga, en Chile, y Marathon Palladium, en Ontario, Canadá, es ilustrativo. Ambos enfrentan exigencias ambientales comparables, pero mientras el proyecto chileno acumula más de una década de tramitación, el canadiense obtuvo sus autorizaciones mediante una institucionalidad capaz de coordinar organismos, resolver oportunamente y entregar certezas.

La reciente Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales constituye un avance importante. La incorporación de tramitaciones paralelas, plazos vinculantes y mecanismos como el silencio administrativo positivo apunta en la dirección correcta. No obstante, ninguna reforma legal será plenamente efectiva si no va acompañada de instituciones con capacidades técnicas, recursos adecuados, liderazgo y una gestión moderna que permita implementar las normas con eficiencia.

Durante años el debate se ha centrado en cambiar las reglas. Ese esfuerzo era necesario y debe continuar. Pero hoy debemos avanzar hacia un desafío igualmente importante: recuperar la capacidad de ejecución del Estado. 

Porque la competitividad de un país no depende únicamente de la calidad de sus leyes, sino también de la capacidad de sus instituciones para aplicarlas con oportunidad, coordinación y certeza. En definitiva, el verdadero desafío ya no consiste solo en diseñar mejores reglas, sino en construir un Estado capaz de ejecutarlas eficazmente. Esa será una de las claves para impulsar la inversión, recuperar el crecimiento y fortalecer la competitividad de Chile en las próximas décadas.