Indicaciones del Gobierno

Indicaciones del Gobierno

Señor Director:

Como profesores universitarios nos preocupa que las recientes indicaciones del Gobierno al proyecto de ley FES no aborden de manera real y efectiva las dos principales críticas. el efecto negativo sobre el financiamiento de las universidades al eliminar el copago estudiantil en aquellas instituciones en gratuidad, respecto a los deciles de ingreso 7, 8 y 9, y en las sin gratuidad, los deciles 1 al 9, y la existencia de un impuesto a los graduados. Sobre lo primero, analistas han calculado que el menor copago reduciría en alrededor de un 159% los ingresos del pregrado en el sistema universitario; del orden de US$ 200 millones anuales. Esto afectará la autonomía de las instituciones y la calidad de los programas académicos. Y respecto del impuesto a los graduados, si bien se pone un tope a la obligación de pago 3,5 veces el arancel regulado, sigue siendo un gravamen muy significativo. Este impuesto, además de injusto, porque lo pagarán sectores de ingresos medios que necesitan ayudas fiscales, desincentivará la formación de capital humano avanzado y afectará la productividad. 

Por otro lado, se añade una indicación que causa aún mayor inquietud, Se dice que “para resguardar las finanzas públicas” se establecerá un cupo máximo de 80 mil estudiantes que por primera vez desean financiar los estudios con el FES. Y si la demanda fuese superior, se asignarán los cupos según criterios de priorización basados en la situación socioeconómica de los estudiantes. Creemos que hay mejores maneras de "proteger al fisco”, desde luego, mejorando los mecanismos de recuperación de los desembolsos fiscales, Lo que no es razonable es correr el riesgo de profundizar la inequidad en nuestro país, al segregar en el acceso a la educación superior a jóvenes que no obtienen cupos, pese a tenerlos méritos para estudiar, no acceder a la gratuidad y no contar con los recursos para pagar los aranceles. 

Hacemos un llamado a las autoridades de gobierno y a los legisladores a tomar conciencia de que un buen sistema de educación superior debe apuntar a la equidad y calidad. Ambos propósitos no quedan a resguardo en el proyecto de ley y las indicaciones no se hacen cargo de las mayores objeciones.