Incertidumbre, Constitución y el retorno a la carbono neutralidad de Chile

Incertidumbre, Constitución y el retorno a la carbono neutralidad de Chile

"Los problemas de interpretación y la incógnita en la generación del arbitraje de las leyes, provoca una falta de claridad en la asignación de derechos de propiedad y la incertidumbre en el establecimiento de los costos de transacción que generan una gran duda en lo más necesario en término de acción climática: inversión privada y asociaciones público-privadas."

Chile se autoimpuso un reto para los siguientes 30 años, el de volver al carbono neutralidad y alcanzar el desarrollo. Apenas aprobado este desafío por ley -Ley 21455 Marco de Cambio Climático- ahora se enfrenta a una decisión sobre la nueva constitución que está empezando a generar muchas dudas. El principal problema económico que está generando esta propuesta es la incertidumbre por la ausencia en la claridad de la asignación y gestión de los derechos de propiedad y el potencial incremento en los costos de transacción en las actividades económicas.

Los datos del índice de incertidumbre del Banco Central para 26 años y de CLAPES UC para los últimos 15 años muestran que los máximos históricos de estos indicadores se alcanzan entre abril y junio de 2022. La relación entre incertidumbre, constitución e inversión es el canal donde la acción climática juega sus cartas hacia el 2050 para retornar al carbono neutralidad que se tenía hasta 1996 según los datos del balance de emisiones del MMA. La apuesta no es menor, ya que se trata de llevar la capacidad de absorción de gases de efectos invernadero de los bosques y la biodiversidad a más del 50%, reducir emisiones en transporte al menos a 17%, las emisiones de generación eléctrica por debajo del 15% y ampliar los esfuerzos para el resto de sectores por debajo del 18% y así retornar a “net-Zero CO2eq”.

Los antecedentes importantes son: estudios elaborados para las dos NDC y la Estrategia Climática de Largo Plazo, que fueron base para la elaboración de los principios y normas de la ley de cambio climático, muestran que para volver al carbono neutralidad en los siguientes 30 años o antes, es necesario al menos US$55.000 millones en inversiones de mitigación, asumiendo el actual marco legal que rige en Chile y sin considerar costos de implementación y costos regulatorios.

En el capítulo tres art. 127 se vuelve sujeto de derecho a la naturaleza, con incrementos en burocracia en este y otros capítulos, dada la figura de una defensoría de la naturaleza. Entre algunas de sus atribuciones se encuentra el de tramitar y hacer seguimiento de los reclamos sobre vulneraciones de derechos ambientales. Potencialmente acusaciones sobre los subsidios a los combustibles fósiles de la política fiscal que ya suman US$3.000 millones y un sin número de agravios sin determinación clara de derechos de propiedad serán materia de judicialización y el aumento en “tramitología” que siembran obstáculos y dudas en vez de crear certezas y señales claras.

En términos prácticos, los problemas de interpretación y la incógnita en la generación del arbitraje de las leyes, provoca una falta de claridad en la asignación de derechos de propiedad y la incertidumbre en el establecimiento de los costos de transacción que generan una gran duda en lo más necesario en término de acción climática: inversión privada y asociaciones público-privadas. Inversiones en curso y necesarias para tecnologías limpias, muchas de ellas que ya de por sí, tienen un riesgo tecnológico y de demanda que son frágiles ante eventualidades coyunturales, como altos precios de combustibles por citar un ejemplo, y estructurales como la que se plantea ahora con un cambio del marco legal entran en duda ante este nuevo escenario.

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