Impuesto a los graduados

Parlamentarios de la Nueva Mayoría han declarado muy ufanamente haber encontrado la llave maestra para resolver el problema del financiamiento estudiantil y atrapar a la esquiva gratuidad en la educación superior. Se trata de implementar "un impuesto especial a los graduados" para financiar el acceso de los nuevos entrantes al sistema sin capacidad de pago. Las paradojas de la vida. Primero, con el impuesto a los graduados, es cierto, no se paga en el acceso, pero se paga al egreso, por lo que en rigor la idea de educación gratis, marcada a fuego en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, se echa por la borda. Segunda paradoja, el impuesto a los graduados fue propuesto el año 1955 por Milton Friedman ("El Rol del Gobierno en la Educación"), con el fin de dar financiamiento a los estudiantes sin recursos para pagar la educación terciaria. El Estado haría un aporte en el presente que el estudiante se comprometía a devolver en el futuro a través del sistema tributario. De este modo, decía Friedman, "se asegura que el costo de la educación sea asumido por el estudiante que se beneficia y no por el resto de la población", como sucede con los impuestos generales. Y otra curiosidad. El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, un conocido gurú de la izquierda, se declara más bien partidario de otorgar a los estudiantes un crédito con pagos después de la titulación contingente al ingreso de los graduados de forma tal que "el peso de la deuda se vincule con la capacidad de pago". Es lo que hoy hace el vapuleado crédito con aval del Estado, CAE, que la izquierda demoniza. Pero más allá de las paradojas y de los rubores que deben sentir algunos parlamentarios con proponer este impuesto "friedmaniano", es importante entender cómo funciona este mecanismo. Primero, es dinero público y no privado, como en el caso de los créditos, lo que obliga al Estado a disponer de recursos fiscales; en un contexto de fragilidad presupuestaria, Hacienda arriscará la nariz. Además, el impuesto a los graduados es fácil presa del juego político y de la tentación de usarlo como un impuesto al capital humano para otros fines fiscales lo que reduce el esfuerzo personal y el ahorro. Para evitarlo, el pago debe asociarse al costo de la educación y a lo que se obtiene en el mercado laboral, con un techo máximo razonable. Ahora que el Gobierno anunció su disposición a enviar una indicación sustitutiva al proyecto de reforma a la educación superior consciente de que se trata de una iniciativa legal muy defectuosa, es valorable que se piense en opciones a la ramplona e injusta gratuidad universal. El recado para nuestros parlamentarios es legislar con visión de país y no con ataduras ideológicas que se estrechan siempre con la realidad: los bienes públicos no son gratis, alguien debe financiarlos.