Impacto económico del proyecto de nueva Constitución

Impacto económico del proyecto de nueva Constitución

Tiene razón el ministro de Hacienda al señalar que “una cosa son las propuestas y otra cosa es lo que se aprueba... Lo que hay que hacer es mirar lo que está quedando en el texto definitivo”. Esto, a propósito de la fuerte incertidumbre que generan las normas elevadas al pleno para su aprobación, particularmente en materia económica.

Lo cierto es que Chile, históricamente, contaba entre sus principales activos con la certeza y la seguridad jurídica derivadas de la solidez institucional. En contraste, las normas hasta ahora contenidas en el proyecto de nueva Constitución socavan las limitaciones al poder del Estado y terminan con las posibilidades de desarrollo futuro del país.

Además del evidente debilitamiento de los contrapesos esenciales para el adecuado funcionamiento del sistema político, la creación de un sistema nacional de justicia que promueve un pluralismo jurídico barre con la certeza jurídica indispensable para incentivar las inversiones. Esto es particularmente grave en aquellos territorios donde se aplicarán normas especiales asociadas a las distintas etnias, lo que creará aun mayor incertidumbre respecto de la regulación de las relaciones comerciales y, de paso, sepultará la igualdad ante la ley.

A lo anterior, se suma la ambigüedad con que se garantiza el derecho de propiedad, optando por conceptos imprecisos para determinar la compensación frente a una eventual expropiación. Todo ello en oposición a la protección basta y preferente de tierras indígenas.

Por su parte, la conformación de entidades territoriales amparadas por la concepción de Chile como un Estado regional, plurinacional e intercultural, amplifica la incertidumbre frente a una posible dispersión tributaria que podría terminar afectando los equilibrios fiscales y complejizando la inversión en regiones.

El pleno también definió que ciertos bienes naturales comunes (agua, aire, mar, subsuelo, bosques nativos) serán inapropiables, entregando al Estado la regulación de su uso y goce, lo que además de afectar los legítimos derechos de propiedad sobre los beneficios de una actividad económica lícita, generarán una profunda confusión en sectores como la agricultura, la energía eólica y la minería.

Esto, sumado a la regulación de la actividad empresarial del Estado, donde se le otorga exclusividad en ciertas áreas, sin precisar si esto ocurrirá en igualdad de condiciones con los particulares que, hasta el momento solo ven como se precarizan las condiciones que viabilizaban la inversión de largo plazo y hacían de Chile un país competitivo.

Como si todo esto fuera poco, se golpea a las Pymes, estableciendo la negociación ramal, sectorial y territorial, además de la titularidad sindical. Normas que no distinguen diferencias entre empresas y que, sin duda, tendrán implicancias en las principales actividades productivas.

Chile no puede permitirse perder competitividad, restringir el emprendimiento o espantar inversiones, dinamitando la creación de empleos de calidad, el crecimiento sostenido y la posibilidad de lograr mayor bienestar social. Es contradictorio consagrar un amplio catálogo de derechos sociales y al mismo tiempo minar las fuentes de su financiamiento.