¿Garantía suficiente?

¿Garantía suficiente?

Diversas encuestas de opinión muestran que la mayoría de las personas quiere que sus ahorros previsionales continúen en cuentas de capitalización individual y, además, que existe temor respecto a perder los fondos acumulados (temor que, según algunos, estaría siendo instalado por grupos de derecha). Esta demanda ciudadana, sumada a un intento por destrabar la propuesta que presentó el gobierno para un quinto retiro de fondos, llevó a este último a presentar un proyecto de reforma constitucional para declarar dichos fondos inexpropiables, proyecto que lo enfrentó con la Convención Constitucional (el vicepresidente de esta última acusó al gobierno de cometer una “impertinencia” al presentar un proyecto de reforma constitucional al respecto).

En simple, el proyecto presentado por el gobierno indica que “... los fondos originados en las cotizaciones obligatorias deberán destinarse única y exclusivamente a fines previsionales”, lo que implica que no podrán hacerse más retiros, y que “se garantizará siempre la propiedad del afiliado(a) respecto de los ahorros provenientes de la capitalización individual, sin que la ley pueda expropiar dichos ahorros”.

La propuesta, sin embargo, no hace mención alguna a la administración de los fondos, en un contexto donde las autoridades de gobierno —incluido el Presidente— se han manifestado en favor de un nuevo sistema sin AFP. Por ende, ¿podría el gobierno, reconociendo que la propiedad es de los afiliados, administrar los fondos? Y más aún, ¿podría administrarlos invirtiendo en instrumentos que no busquen necesariamente la mayor rentabilidad financiera al mínimo riesgo posible (lo que hacen las AFP bajo la atenta supervisión de la Superintendencia)? Por ejemplo, ¿podría el gobierno invertir los fondos en proyectos altamente rentables desde una perspectiva social o pública (como reducir la contaminación ambiental, o la contaminación acústica), pero no financiera o privada?.

Aparentemente sí. El problema es que para pagar pensiones altas se necesita generar pesos, y para esto hay que invertir en proyectos que sean rentables privadamente (el lector puede imaginar muchas alternativas donde el Ejecutivo, bajo fuertes presiones políticas, sumado a la infinita creatividad de los legisladores, administra esos recursos con fines 'sociales').

No basta con que se declare la inexpropiabilidad de los fondos previsionales existentes. Se necesita más: el gobierno debe asegurar que la administración de esos recursos siga a cargo de entidades autónomas, técnicas y no afectas a presiones políticas. Sin esa certeza, la incertidumbre persistirá, retrasando la posibilidad de retomar un camino de crecimiento sostenible en el mediano y largo plazo.

“El gobierno debe asegurar que la administración de los fondos previsionales siga a cargo de entidades autónomas, técnicas y no afectas a presiones políticas”.