Expertos critican opacidad en cifras para evaluar avances (o retrocesos) en crisis por seguridad

Falta de indicadores y datos:
Expertos critican opacidad en cifras para evaluar avances (o retrocesos) en crisis por seguridad

El jueves, el Presidente Boric, acompañado de sus ministros, comunicó nuevas medidas contra la delincuencia, tras la crisis en seguridad que vive el país.

Los anuncios fueron motivados por la conmoción producida tras las masacres en Lampa y Quilicura el fin de semana antepasado, al igual que otros planes informados tras hechos de alta connotación pública, como el Plan Calles sin Violencia en abril de 2023 —tras el homicidio del suboficial Daniel Palma— o la Política contra el Crimen Organizado (2022) dada a conocer días después de que se publicó que el temor a la delincuencia estaba en su nivel más alto en los últimos 14 años.

Sin embargo, tanto para los expertos en seguridad ciudadana —así como para la labor periodística— se presentan dificultades de acceso a la información en datos desagregados que permitan caracterizar y comparar la evolución del fenómeno, así como la evaluación de los programas del Gobierno, con metas e indicadores concretos.

El Polígrafo conversó con tres investigadores, quienes relataron las complejidades de acceder a la información.

Diego Piñol, del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (Cesc) de la U. de Chile, lleva más de 20 años realizando estudios sobre delincuencia y comenta que para todos los expertos es "un dolor de cabeza" conseguir datos desagregados. Relata, por ejemplo, sus intentos por conseguir antecedentes para un análisis sobre el sistema carcelario.

"Pedimos datos a distintas instituciones, nos reunimos, hicimos peticiones de Transparencia, y no nos entregaron nada. Son datos básicos".

A su juicio, el problema más grave no está en las cifras para caracterizar los delitos —donde destaca, por ejemplo, el CEAD de la Subsecretaría del Interior que entrega datos en línea hasta marzo de 2024-, sino en los que permiten evaluar a las instituciones.

"Por ejemplo, hemos intentado evaluar el programa Lazos y ha sido imposible. Lo que está en la página web es lo que quieren mostrar, pero si necesitas una profundidad mayor, olvídate”.

Una opinión similar es la de Daniel Rebolledo, investigador especialista en seguridad ciudadana de Libertad y Desarrollo, desde donde han criticado la capacidad de acceder a información que permita evaluar los programas contra la delincuencia.

"En Calles sin Violencia, que es su plan insigne, no han determinado con claridad cuáles son los indicadores que se tienen que tener a la vista para evaluar", así como tampoco un documento oficial con la misión y objetivos.

Explica que incluso solicitó por Transparencia información, tomando como base lo que se conocía a través de las pautas de prensa, y no logró obtener resultados valiosos o comparables en el tiempo.

Algo similar, sostiene, ocurre con la Política Nacional contra el Crimen Organizado, "que tiene un plan, pero sus indicadores no son claros" y también con ciertos aspectos presupuestarios, en que se puede conocer la ejecución, pero no el detalle de los gastos.

En Clapes UC, el año pasado realizaron un estudio sobre los costos de la delincuencia (ver informe).

Leonardo Hernández, director alterno de la institución, comenta que lograron obtener datos "gruesos", pero que, por ejemplo, en cifras del sector privado, "nos quedamos cojos, en elementos como los gastos en ciberseguridad que realizan las empresas".

"En términos relativos, Chile comparado con países de igual nivel de desarrollo tiene buenas estadísticas. Si nos comparamos con Argentina, tenemos mejores estadísticas. Pero necesitamos invertir en datos para hacer mejores políticas y evaluar las que estamos haciendo, con menor rezago, datos más del día a día", sobre todo en el actual panorama en que se observan oscilaciones.

"La naturaleza de la delincuencia ha ido cambiando, necesitamos datos más actualizados", sentencia.