Evidencia y datos frente al delito

Tres investigadores sobre materias de seguridad pública han advertido, en declaraciones a El Mercurio, las dificultades para acceder a los antecedentes que permitan comprender de forma más precisa tanto el fenómeno delictual como las respuestas del Estado. Dichas aprensiones se inscriben en el debate abierto tras la reciente ola de homicidios y las medidas adoptadas por el Gobierno; los analistas coinciden en que dos de las dimensiones de cualquier estrategia contra el crimen son la calidad de la información y la coordinación de las instituciones.

Según Diego Piñol, del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la U. de Chile, obtener datos desagregados, en su caso para un estudio del sistema carcelario, ha sido "un dolor de cabeza"; a su juicio, el principal problema es el déficit de información que posibilite la revisión de los programas públicos. En este sentido, el especialista de Libertad y Desarrollo (LyD).

Daniel Rebolledo puso como ejemplo que la Política Nacional contra el Crimen Organizado y el plan Calles sin Violencia —que el Ejecutivo anunció que se extenderá al conjunto de la Región Metropolitana— no disponen de indicadores para medir el impacto o el gasto realizado; el experto de Clapes UC Leonardo Hernández observó que tampoco hay cifras detalladas acerca de los costos de los privados y el gasto que hacen en seguridad (ver informe).

"El análisis de la criminalidad requiere de datos, antecedentes rigurosos e inteligencia policial y persecutoria".

La semana pasada, en estas páginas, el investigador del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC Pablo Carvacho llamó la atención respecto de la "eterna promesa" de la coordinación inter policial, en circunstancias que ni siquiera hay datos unificados de delitos; los expertos aseguran que la información aún es insuficiente y que cada institución maneja sus propias bases. El director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, ha señalado también que en un tema tan sensible como el decomiso de armas, cada entidad tiene sus registros. No existe, tampoco, información transparente sobre la dotación policial y su disponibilidad. De acuerdo con el director ejecutivo de Paz Ciudadana, las policías

necesitan un cambio de cultura organizacional y, por lo mismo, no basta con reiterar declarativamente que desde ahora habrá más colaboración.

En un documento que la Sofofa entregó a la ministra Tohá, la organización gremial consideró iniciativas como materializar la operación del Banco Unificado de Datos; georreferenciar las zonas más peligrosas; procesar de mejor manera la información para la persecución y el análisis académico; y disponer de indicadores transparentes de desempeño de las instituciones. Johnson y la Sofofa han convergido, asimismo, en lo fundamental que resulta modernizar Aduanas.

La información y la evidencia son claves para la asignación eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales.

Mal puede sostenerse cualquier política efectiva o acuerdo nacional si no se dispone de herramientas adecuadas de medición. La responsabilidad primera de aquello es del Ejecutivo. El análisis de la criminalidad requiere de datos, antecedentes rigurosos e inteligencia policial y persecutoria que favorezcan entender el desafío, diseñar las políticas adecuadas y, desde luego, solucionar los cuellos de botella institucionales.