¿Es el modelo chileno de concesiones la respuesta para la infraestructura argentina?

¿Es el modelo chileno de concesiones la respuesta para la infraestructura argentina?

"La idea de adoptar un sistema que ha probado su eficacia en otro país parece una solución tentadora. Pero trasladar un esquema exitoso no garantiza automáticamente el mismo éxito en otro contexto".

El Presidente electo de Argentina, Javier Milei, abrió un debate al proponer la adopción del modelo de concesiones chileno para resolver los desafíos de infraestructura en su país. ¿Es esta la respuesta a las necesidades de Argentina?

Por más de 30 años, el sistema de concesiones chileno ha sido un pilar en el desarrollo de la infraestructura pública. Milei destaca acertadamente que este enfoque liberaría recursos públicos, redirigiéndolos hacia sectores con mayores necesidades, como la educación o salud. Sin embargo, la implementación de este modelo debe sopesarse cuidadosamente.

La idea de adoptar un sistema que ha probado su eficacia en otro país parece una solución tentadora. Pero trasladar un esquema exitoso no garantiza automáticamente el mismo éxito en otro contexto. En el caso de Argentina, la clave está en adaptar y ajustar este modelo a sus necesidades y realidades propias.

El modelo de concesiones en Chile ha permitido una activa participación del sector privado en la construcción de infraestructura pública, liberando fondos estatales para otras áreas críticas. Es esencial resaltar que esta asociación no significa que el Estado se desentienda de su responsabilidad; por el contrario, debe ser un actor activo y garante del proceso.

Para tener una idea del aporte de las concesiones en nuestro país, los US$ 28 mil millones invertidos en infraestructura pública desde el inicio de este sistema, equivalen a 103 hospitales de alta complejidad, 4.391 centros de salud familiar, 14.638 escuelas, 21.956 salas cuna y 731.880 viviendas sociales.

Desde otro punto de vista, la inversión anual promedio realizada bajo dicho modelo entre 1993 y 2023, equivale a un 38% de la inversión ejecutada en promedio con fondos públicos por el Ministerio de Obras Públicas entre 2010 y 2023. Esto permite tener hoy 77 contratos vigentes entre proyectos en construcción y en operación, lo que representa 41 carreteras, 11 aeropuertos, 12 hospitales, tres recintos carcelarios y dos embalses, entre otros.

 

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