Empresarios lamentan rebelión oficialista contra ley que reduce la "permisología": "Es difícil de entender"

Empresarios lamentan rebelión oficialista contra ley que reduce la "permisología": "Es difícil de entender"

En tanto, economistas se mostraron críticos por la falta de coordinación entre el Gobierno y sus parlamentarios.

El lunes 42 diputados oficialistas presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar artículos clave del proyecto de ley de permisos sectoriales, que se aprobó la semana pasada bajo el liderazgo del ministro de Economía, Nicolás Grau. 

La iniciativa -que busca reducir los tiempos en los que se aprueban los proyectos de inversión- preocupa en los diputados del sector. Es que -según señalan- se estarían vulnerando principios constitucionales y significaría un retroceso en la protección mediambiental. 

Esto, a pesar de la defensa que el propio Ejecutivo ha hecho de la iniciativa. "Creemos que esta es una ley que cumple con todo el ordenamiento constitucional chileno y que es una ley que se va a hacer en el marco de nuestro ordenamiento constitucional", dijo ayer el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Desde el mundo empresarial lamentaron el recurso al que acudieron los parlamentarios y defendieron la importancia para la inversión del proyecto. 

"Es lamentable" 

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, fue parte de quienes criticó la arremetida de los diputados. "Es difícil entender la impugnación a la ley de permisos sectoriales que responde a la necesidad de terminar con los largos y engorrosos procesos de aprobación de proyectos de inversión", dijo. 

"Los permisos ambientales -precisó- (...) se están discutiendo en otro proyecto de ley que ha encontrado más dificultades y requiere algunos perfeccionamientos para que la tramitación ambiental efectivamente deje de ser el cuello de botella que hoy es para las inversiones. Este tema, entonces, corre por otro carril y debe avanzar hacia destrabar permisos ambientales, lo que no se contradice con mantener altos estándares de protección del medio ambiente". 

En tanto, Rosario Navarro, presidenta de la La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), indicó que "en un contexto de bajo crecimiento, nos preocupa la falta de consenso proinversión que refleja esta impugnación, considerando que ninguno de los artículos impugnados genera vacíos regulatorios ni implica desprotección". 

"Esta ley -añadió- ha sido fruto de un amplio consenso político y técnico, que se pone en cuestión, arriesgando la tan necesaria certeza jurídica". 

"Más que una amenaza, la Ley Marco es una oportunidad y un avance en el objetivo de ordenar la permisología, dar certezas y reactivar la inversión con estándares modernos. Confiamos en que el Tribunal Constitucional despeje prontamente estos puntos para avanzar en su implementación", indicó también. 

Desde la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, en tanto, sostuvo que "es lamentable que luego de una tramitación de más de un año de un proyecto que ya fue aprobado y despachado sigan existiendo estas dificultades. Entendemos que los parlamentarios están en su derecho de presentar este requerimiento, pero esto significa un evidente retraso, todo lo contrario a lo que el país necesita". 

Economistas: "Estas demoras tienen un costo" 

Desde la academia hubo críticas por los desajustes de La Moneda con sus parlamentarios. "Es llamativo que este tema no haya sido discutido y resuelto previamente al interior del Gobierno, dado que el proyecto fue impulsado desde el Ejecutivo. Revela falta de coordinación y de orden en las filas oficialistas", dijo Hermann González, coordinador macroeconómico CLAPES UC. 

Agregó que "estas demoras tienen un costo para el país porque impiden avanzar en una materia que es prioritaria no sólo para el crecimiento económico, sino también para la creación de empleos que es el principal talón de Aquiles de la economía en este momento". 

En tanto, Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la USS, sostuvo que "es completamente inconsistente que el propio oficialismo, por hacer un punto político, intente abortar un proyecto emblemático de la agenda económica del Gobierno, que ha sido valorado transversalmente como un aporte para reducir la permisología en el país". 

"Este requerimiento ante el TC nos hace retroceder a una confrontación inexistente entre desarrollo y conservación. Es una falsa dicotomía", aseveró también.

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