El polígrafo

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La Convención se “autochequea”

Durante las últimas semanas, la Convención Constitucional ha publicado en sus redes sociales informaciones usando el formato del chequeo de datos.

Dos fueron sobre desinformaciones que circularon en redes sociales y que fueron chequeadas anteriormente por proyectos de fact checking (la falsa pensión vitalicia para Elisa Loncon y la supuesta extensión del trabajo de la CC por tres meses), mientras que una tercera fue sobre el derecho a la propiedad, tema que ha generado debate entre los convencionales. "Se dice que se eliminó el derecho a la propiedad. Falso", muestra un video en su Instagram

¿Es válido que una institución se "autochequee"?
Anteriormente, otros "autochehan sido cuestionados en Chile, como los de Carabineros para el estallido social, empresas e incluso algunos publicados por candidatos durante las últimas elecciones. En otros países, también han levantado críticas, como en EE.UU., España, México, Brasil, China e incluso en la guerra en Ucrania.

Los expertos consultados explican que el que una institución publique "verificaciones" de sí misma es una práctica compleja, ya que el chequeo de datos es una herramienta periodística, en la cual se aplican metodologías específicas y debe ser independiente.

Para Marcelo Mendoza, acaclémico de la U. Técnica Federico Santa María, el chequeo siempre debe ser realizado por equipos capacitados, con metodologías dias, de manera independiente y "no puede ser realizado por la propia fuente, porque va contra sus principios".

Ingrid Bachmann, académica UC, recuerda que no “todo es verificable en el sentido de verdadero y falso (... es peligroso caer en un juego de entrar a desmentir o clasificar cuando los matices no están tan claros, hay otros mecanismos más eficientes para salir a aclarar posibles confusiones al respecto”, y recuerda que el fact checking funciona con protocolos y ciertos estándares.

En tanto, Enrique Núñez, y exdirector de Fact Checking UC, sostiene que "no es una práctica ideal, es un desmentido institucional en el marco de la relaciones públicas que utiiza os códigos visuales del fact checking, pero no sería distinto a una declaración en una conferencia de prensa o a un comunicado”. "Cuando las instituciones utilizan los códigos del periodismo para ganar credibilidad en función de hacer llegar un mensaje, también corren el riesgo de desinformar, al hacer difícil distinguir tun mensaje periodístico de otro que no lo es, lo que al final puede ir en detrimento de la credibilidad del periodismo en su misión de informar, y de la misma entidad, al no ser clara con la audiencia”, dice.

Nicolás Fernández, director de comunicación estratégica de la Convención, sostiene que “ejecutar este tipo de acciones va en la línea del objetivo de facilitar la comprensión de la información, sobre la base de exponer información correcta y veraz de las actividades o decisiones de la Convención”. Añade que "instituciones públicas o privadas constantemente realizan aclaraciones de información que no corresponde a lo decidido o acordado, como en estos casos. No es algo inédito”.

Ricardo Montero afirma que entre 1990 y 2010 no hubo estados de excepción constitucional

El lunes se votó el último informe de la comisión de Sistema Político, y uno de los artículos aprobados es el que modifica el actual estado de excepción, proponiendo que sean tres (asamblea, sitio y estado de catástrofe para casos de calamidad pública), pero limitando este último. El convencional Ricardo Montero (PS) criticó el uso de estado del excepción por catástrofe que ha venido aplicándose, “No hay nada malo con los estados de emergencia, son estados que hemos heredado desde hace bastante tiempo. La norma tiene que ser la normalidad y no podemos acostumbrarnos a que todo sea excepcional. Desde 1990 a 2010 no hubo estado de excepción constitucional”, señaló ¿Es efectiva esta afirmación?.

El convencional fue contactado y envió un documento con los estados de excepción entre 2010 y 2017, y reafirmó su frase sobre los aplicados previamente.

El estado de excepción constitucional da la posibilidad al Presidente de "de suspender o restringir el goce de algunos derechos fundamentales” por un tiempo determinado, explica el académico dll Centro de Justicia Constitucional UDD, Gaspar Jenkins. Dentro de la legislación, se contemplan cuatro situaciones en las que el Presidente y en algunos casos junto al Parlamento pueden declararlo: "guerra externa, interna o conmoción interior, excepción constitucional se veían emergencia y calamidad pública".

Desde el regreso de la democracia y hasta 2009 no se declararon estados de excepción constitucional, sino "zonas de catástrofe" ante desastres naturales, que se basan en la ley 16.282 (1965), que entrega atribuciones administrativas al Presidente.  Por ejemplo, se usó en la erupción del volcán Chaitén (2008).

En 2010 se dictaron tres estados de excepción tras terremoto de ese año.

Si bien los datos presentados por el constituyente son correctos, los expertos consultados explican que hay que considerar el contexto.

Manuel Núñez, académico de la Escuela de Derecho dela UC de Valparaíso, explica que es necesario entender la situación política del momento. "Los estados de excepción constitucional, se veían como un recuerdo de la dictadura, el tener a los militares en la calle, entonces el Presidente no  quiso utilizar, prefirió las zonas de catástrofe.

En esto coincide Guillermo Jiménez, académico de la Facultad de Derecho de la U. Adolfo Ibáñez, quien agrega que actualmente para “algunos hechos de la naturaleza parecido, antes no se declaraba y ahora sí, y eso es una decisión política”.

Para Emilio Pfeffer, abogado constitucionalista autor de textos sobre el tema, las razones no son políticas, sino que previo al terremoto del 27 de febrero, las situaciones de catástrofe fueron más focalizadas territorialmente, "y se prefirió la zona de catástrofe que el estado de excepción”.

Respecto dela legislación, en 2005 las reformas constitucionales del expresidente Ricardo Lagos modificaron aspectos de los estados de excepción constitucional como por ejemplo, las facultades del jefe de la Defensa Nacional.

Elsa Labraña dice que ventas del cobre casi equivalen al gasto público

La semana pasada se votó en particular el informe de segunda propuesta de la comisión de Derechos Fundamentales y uno de los temas más debatidos fue la expropiación.

La convencional Elsa Labraña (Coord. Plurinacional) se refirió a ese artículo y abogó por la nacionalización del cobre exponiendo sus ganancias. “Según los datos de la Sonami, el ingreso por las ventas de nuestro recurso (cobre) es de casi 65 mil millones aproximadamente, cifra muy cercana al presupuesto de todo el gasto público de la Nación que es de 72 mil millones para este año”, sin señalar si se refería a pesos o dólares.

¿Es correcta esta afirmación?

Al ser consultada, la convencional optó por no responder.

Según los datos del Banco Central, las exportaciones de cobre alcanzaron los US$ 53.276 millones en 2021 y la exportación de la minería en general llegó a los US$ 58.630 millones, mientras que el presupuesto de la nación aprobado para 2022 es US$ 82.135 millones, por lo que la comparación no es correcta.

Tampoco es correcto si se refiere a pesos, ya que las exportaciones de cobre serían $40.551 miles de millones y el presupuesto, $70.316,5 miles de millones.

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) también recopila datos de exportaciones de minería, pero suma a sus estadisticas lo informado por Aduanas. Según su información, las exportaciones de cobre en 2021 lograron US$ 53.422,8 millones y las mineras alcanzaron los US$ 61.327 millones.

Para la Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami), institución que citó la convencional Labraña, las exportaciones mineras durante 2021 alcanzaron los US$ 62.400 millones. Sin embargo, ese monto se refiere a las exportaciones de toda la minería y no solo del cobre.

Josefina Henríquez, economista e investigadora de CLAPES UC, coincide en el análisis, "En 2021, las exportaciones de cobre fueron de aproximadamente US$ 53 mil millones, las cuales también mostraron un aumento extraordinario en valor. Pero esto no es sostenible porque el precio del cobre de tendencia es más bajo”, Y agrega que la diferencia con el monto que afirma la convencional se debe a que “en minería se exporta también hierro, plata, oro, aunque en menor medida que el cobre”.

Para Juan Ortiz y María Carolina Molinare, investigadores del Observatorío del Contexto Económico UDP, "las cifras de la convencional no son correctas y están fuera de rango, al revisar los datos del Banco Central y a través de nuestro propio análisis”