Demoras en sistema de alerta de tsunami y proyectos viales en Valdivia y La Araucanía: Los otros ruidos en el sector de concesiones

Consorcio que impulsó licitación del mecanismo de alerta inició una demanda en tribunal

Demoras en sistema de alerta de tsunami y proyectos viales en Valdivia y La Araucanía: Los otros ruidos en el sector de concesiones

• Las recepciones de ofertas para millonarias iniciativas en el sur del país sufrirán modificaciones en sus fechas y pasarían para 2027, según el MOP.

“En adjudicación”. Así se leía ayer en la presentación del biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, quien expuso en un seminario de CLAPES UC (ver actividad) la situación actual del proyecto Sistema Nacional de Alerta Temprana de Tsunamis. Esta iniciativa de concesión involucra una inversión de US$ 115 millones, financiada a través de subsidios estatales, pero que hoy se topa con un escenario de estrechez fiscal.

La industria de las concesiones de obras públicas está preocupada por la demora en la adjudicación de esa iniciativa, cuyas ofertas económicas se conocieron a inicios de este año. Pero también por el aplazamiento de otros planes viales concesionados en las regiones de Los Ríos y La Araucanía. La inquietud ocurre tras el impasse relacionado con los corredores viales del Biobío, cuyo formato de desarrollo aún no estaría zanjado (ver recuadro). 

Sistema de alerta llega a tribunal 

Hace seis meses, en los primeros días de febrero, se realizó la apertura de las ofertas económicas presentadas por los dos grupos interesados en la concesión —a 20 años— del sistema de alerta de tsunamis. Esta iniciativa apunta a desplegar en el borde costero una red de 1.029 sirenas, con altos estándares tecnológicos, para notificar a la población de eventuales catástrofes naturales. Considera estaciones de alarma sonora y visual, comunicación redundante y centros de control.

El consorcio compuesto por las empresas Globe (chilena), Gilat Satellite Networks (israelita con sede en Perú), Finvest (chilena) y Lafcarr Project & Design (española), presentó la propuesta económica más favorable para el Estado, pues propuso el menor factor de subsidio a la construcción y a la operación.

El otro grupo que presentó ofertas fue el integrado por la chilena Icafal Inversiones y la firma española Dominion, que impulsó ante el MOP el sistema de alertas como una iniciativa privada que fue declarada de interés público en 2018. Estos últimos no quedaron conformes con el proceso de licitación y en marzo de 2026 ingresaron al Tribunal de Contratación Pública una demanda de impugnación en contra de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas por las acciones “ilegales y arbitrarias ocurridas durante el procedimiento de licitación de la obra pública fiscal denominada Sistema Nacional de Alerta Temprana de Tsunami”.

En su escrito, los demandantes cuestionaron que la autoridad calificó como “técnicamente aceptable” la oferta de un licitante que adolecía de “severos defectos técnicos” y que no acreditó experiencia en mantención de sistemas de alerta de tsunamis. Indicó que lo anterior es un incumplimiento. Agregaron que el otro consorcio “tampoco cumplió con las exigencias establecidas en las bases de licitación respecto de la presentación de los antecedentes financieros de sus integrantes”.

Tras el seminario de CLAPES UC, “El Mercurio” intentó consultarle al ministro Louis de Grange por el futuro del sistema de alerta de tsunamis, pero la autoridad salió velozmente de la actividad y no contestó preguntas. De todos modos, posteriormente desde el MOP indicaron que con relación a ese proyecto “están avanzando los procesos posteriores a la recepción a las ofertas”, sin precisar más detalles.

Asimismo, este medio consultó al Ministerio de Hacienda por su posición respecto de esta concesión que requiere subsidios estatales, pero en su respuesta la cartera señaló que se encuentra abordando la validación de las fuentes de financiamiento correspondientes.

Gloria Hutt, presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) y exministra de Transportes, afirmó que “el proyecto sistema de alerta de tsunami es muy importante. Es absolutamente necesario. Es muy deseable que avance por el mecanismo de concesiones, porque ahí es donde se generó como idea privada, llegó a ser de interés público, se licitó y ahora está en este impasse que no se ha resuelto”.

Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) y exministro de OO.PP. y Transportes, señaló que “lo que debería ocurrir es que (el proyecto) se apruebe tal como fue licitado y se presentaron las ofertas. Si se considera como un aporte al desarrollo de la infraestructura de servicio de este país, debería ser adjudicado”. 

Se aplazan iniciativas 

La industria de las concesiones también ve con preocupación postergaciones de otros proyectos. Uno de ellos es la Concesión Accesos a Valdivia, iniciativa de unos US$ 587 millones, que consiste en la ampliación de capacidad, mejoramiento, construcción, conservación y explotación de obras preexistentes y otras nuevas, de las rutas 202 y 206: un total de 87 km en la Región de Los Ríos.

El llamado a licitación para la concesión de estas obras fue realizado en diciembre de 2025 para recibir las ofertas en septiembre de 2026 y abrir los sobres económicos al mes siguiente. Pero eso se postergó inicialmente para diciembre de este año y enero de 2027, plazos que ahora el MOP está analizando cambiar, según la presentación realizada ayer por el ministro De Grange.

La segunda concesión Ruta 5 Tramo Collipulli-Temuco, en La Araucanía —de US$ 1.051 millones— volverá a tener un cambio de fecha. Su llamado a licitación ocurrió en mayo de este año y se esperaba que el MOP recibiera las ofertas en agosto, cuestión que se aplazó para el 24 de septiembre de 2026. Sin embargo, ese hito se moverá para el primer trimestre de 2027, expuso ayer el ministro.

“Los calendarios de licitación pueden experimentar ajustes, que en algunos casos responden a la necesidad de fortalecer los proyectos antes de su llamado a licitación. Cuando se postergan o suspenden iniciativas que forman parte de una cartera de inversiones previamente anunciada de manera formal, la señal es inquietante y se requiere que el cambio vaya acompañado con una justificación adecuada”, sostuvo Gloria Hutt. Agregó que “para acelerar la inversión en infraestructura, tan necesaria en este momento, se requiere mantener el ritmo de las licitaciones y dar señales sólidas de continuidad y confianza a los interesados”.

Durante su exposición en CLAPES UC, De Grange afirmó que “hay una cartera de proyectos bien ambiciosa y créannos que la estamos empujando con mucha fuerza. Hay equipos para avanzar con más celeridad”.

El ministro indicó que la cartera de concesiones del MOP suma US$ 12.366 millones para el período 2026-2030, pero aventuró que espera que esa cifra crezca a US$ 16.000 millones. “Esa va a ser una medida de éxito para nosotros”, destacó. 

‘‘Hay una cartera de proyectos bien ambiciosa y créannos que la estamos empujando con mucha fuerza. Hay equipos para avanzar con más celeridad”.
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LOUIS DE GRANGE BIMINISTRO DE OO.PP. Y TRANSPORTES 

‘‘Cuando se postergan o suspenden iniciativas que forman parte de una cartera de inversiones previamente anunciada de manera formal, la señal es inquietante”.
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GLORIA HUTT PRESIDENTA DE COPSA 

‘‘Es muy importante sostener la cartera de proyectos que ha sido trabajada durante este período como relevante para ser impulsada a través del sistema de concesiones”.
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CARLOS CRUZ DIRECTOR EJECUTIVO DEL CPI 

Corredores del Biobío: Azvi busca acuerdo con el MOP 

En la industria de las concesiones aún existe cierta esperanza de que los corredores de transporte público Ruta 160 y Ruta 150 y Autopistas Concepción-Talcahuano Tramo II, en la Región del Biobío, se realicen a través del mecanismo de alianza público-privada.

A inicios de este mes, el Ministerio de Hacienda decidió postergar esas concesiones que demandaban subsidios estatales. Pero dichas obras, luego de protestas de parlamentarios y actores políticos de esa zona, se reactivaron. Sin embargo, el Ejecutivo decidió que los proyectos —que estaban por adjudicarse a una filial del grupo español Azvi— los haría la Dirección de Vialidad, con fondos públicos.

Pese a ello, la filial de Azvi —Cointer— envió una carta al MOP para manifestarle su voluntad de alcanzar un acuerdo económico para desarrollar bajo el formato de concesiones estas obras que originalmente sumaban US$ 400 millones en inversiones.

El gremio de los concesionarios, Copsa, le solicitó al Ministerio de Obras Públicas no descartar la vía de las concesiones hasta conversar con la compañía de origen español. El resultado aún no se conoce. META El MOP tiene una cartera de licitaciones en concesiones por US$ 12.366 millones al 2030, pero espera elevarla.