¿CUÁNDO LIBERAR TARIFAS CONGELADAS?: Expertos recomiendan sincerar costos con gradualidad y aplicar subsidios focalizados

Transporte público y cuentas eléctricas se fijaron tras el estallido de octubre de 2019

¿CUÁNDO LIBERAR TARIFAS CONGELADAS?: Expertos recomiendan sincerar costos con gradualidad y aplicar subsidios focalizados

En el caso de las tarifas del transporte público, el Gobierno dijo que se mantendrán fijas, mientras que expertos sugieren traspasar a usuarios al menos una parte de los $40 que corresponderían. En las cuentas eléctricas, las alzas comenzarán este año con el IPC, pero podrían ser DAVID LEFIN

A fines del año pasado, el Panel de Expertos del Transporte Público —instancia técnica y autónoma que estima los ajustes en los precios delas tarifas— calculó que estas se debían aumentar en $40 a partir de este mes. Sin embargo, el Gobierno desestimó la recomendación y señaló que el precio del transporte público seguirá congelado, tal como ha estado desde 2019, a raíz del estallido de octubre.
Así, después de más de tres años sin variación, los expertos señalan que llegó el momento de comenzar a traspasar a los usuarios al menos una parte del alza de costos, pero protegiendo a las familias de los segmentos más vulnerables. Lo mismo debiera ocurrir con las tarifas eléctricas, que también se encuentran congeladas luego de las manifestaciones de la crisis social de 2019.

Sin embargo, desde la perspectiva política, es complejo para el Gobierno tomar la decisión de comenzar a liberar los precios, más aún con la baja aprobación —de apenas un 30%— que está registrando en las encuestas y con la economía frenando. Subir ahora los precios bolsillo de las personas sería un disparo en los pies. Gradualidad y focalización serían la opción más realista, dicen los analistas.

“La tarifa sigue congelada”

Las primeras manifestaciones de octubre de 2019, que terminaron con el estallido, apuntaron precisamente al alza de $30 en el pasaje del Transantiago. El aumento finalmente se revocó y desde entonces el gobierno del Presidente Piñera congeló el precio, lo que ha mantenido la administración del Presidente Boric desde que asumió en marzo de 2022.

“No hay cambios al respecto, la tarifa sigue congelada”, afirmó hace una semana el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, luego de conocer la estimación que hizo recientemente el Panel de expertos, aunque agregó que más adelante “se tiene que descongelar”, lo que se anunciará con tiempo y será gradual.

Para el economista y exmiembro del Panel de expertos Juan Pablo Montero, la decisión de congelamiento ha sido política más que técnica. En su opinión, técnicamente lo que correspondía era respetar el subsidio que se definió para el sistema y que la diferencia se ajustara por tarifas. Sin embargo, entiende que políticamente es complejo, aunque señala que desde el año pasado recomendaron hacer un estudio técnico que defina cuánto debe ser el nuevo subsidio y desde qué nivel el ajuste debe ser por tarifas.

“Este Gobierno ha dicho que cree que el subsidio tiene que ser mucho más grande, y con este congelamiento de tarifas lo está haciendo, pero no tiene respaldo técnico, es solo una decisión política. Yo no tengo problema con que así sea, pero quisiera un estudio que dé un respaldo técnico”, dice Montero.

El programa de gobierno del Presidente Boric proponía avanzar gradualmente hacia la gratuidad del transporte público, partiendo con 3 o 4 pilotos del programa llamado “Transporte Público Doble Cero en ciudades pequeñas e intermedias, que considere tarifa $0 para todos sus usuarios, y con buses de cero emisión”. Asimismo, planteaba tarifas gratuitas para los adultos mayores en el transporte público.

Montero estima que si las tarifas no hubieran estado congeladas desde 2019 habrían subido cerca de $160, a los que se sumarían los $40 que el Panel estimó como alza para este mes, es decir, llegaría a cerca de $200 sobre la actual tarifa. Sin embargo, explica que esos $160 ya fueron cubiertos por el subsidio del Estado en forma permanente y no se pueden aplicar ahora a las tarifas. Lo mismo ocurrirá si los $40 nuevamente no se traspasan a los usuarios como ya señaló el ministro de Transportes.

En su opinión, el Gobierno debiera, al menos, comenzar a traspasar una parte de los $40 a los consumidores, con un aumento de $10 o $20. “Entiendo el momento político y que es económicamente complejo, con una recesión a la vuelta de la esquina, pero los costos han aumentado y es importante que el consumidor también entienda eso. Por lo que se debiera, al menos, hacer un traspaso parcial a tarifa. Eso mientras no tengamos claro de qué tamaño queremos que sea el subsidio permanente, con un estudio técnico”, señala.

Además, se podría pensar —agrega— en que el subsidio comience a ser más focalizado y no general como es actualmente. Asimismo, plantea que aumentar las tarifas no generaría un incremento en la evasión y mantenerlas congeladas afecta la calidad del servicio.

Subirán tarifas eléctricas

También tras el estallido, en noviembre de 2019, en el gobierno anterior, se aprobó y publicó la ley de Precio Estabilizado a Clientes Regulados (PEC) que congeló las tarifas eléctricas en su componente de costo de la energía, que equivale al 70% del total de la tarifa que pagan los consumidores. El otro 30% corresponde al costo de transmisión y distribución.

Para ello, se creó un fondo de estabilización por US$ 1.350 millones que asumían los generadores, con el cual se cubriría la diferencia que se produjera entre el precio estabilizado y el costo real de la energía. Este fondo se estimaba que alcanzaría para mantener los precios congelados hasta 2027.

Sin embargo, el alza en el precio del dólar elevó el costo real de la energía más allá de lo previsto, por lo que el diferencial a cubrir se amplió y el fondo alcanzó solo hasta 2022. Dado que ello implicaba que las tarifas subirían cerca de 40% de una sola vez, el actual Gobierno envió al Congreso y logró aprobar otro fondo para frenar las alzas, esta vez por US$ 1.800 millones adicionales a los recursos del PEC. Esta nueva ley, de agosto pasado, creó el nuevo Mecanismo de Protección al Cliente (MPC), aunque también se conoce como PEC2, el que se espera cubra hasta 2032.

A diferencia del primer mecanismo, esta vez se generó un congelamiento de tarifas de acuerdo con el consumo del cliente. Solo se mantuvo sin variación para los clientes que consumen hasta 350 kWh, que considera al grueso de los residenciales. Para grandes consumidores el beneficio es decreciente.

Con esto, se aseguró que las familias se mantuvieran con la tarifa congelada, y a partir de este año 2023 solo se podría reajustar por el IPC, más un 5%. Con ello, ya este año, debería comenzar a verse en las cuentas un leve aumento, aunque sin representar aún el costo real de la energía.

Para el académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Usach Humberto Verdejo, de acuerdo con esos parámetros, una cuenta eléctrica debería subir hasta cerca $3.000 a contar de este mes. Por ejemplo, una cuenta de consumo promedio de 350 kWh en Ñuñoa, Peñalolén o Providencia pasaría de $45.604 hasta $48.988, mientras que en Maipú pasaría de $45.661 a $49.049.

Para ello consideró un alza del IPC de 5,6% entre abril y septiembre de 2022 más un 5%. Sin embargo, señala que existe un retraso en los informes de precios que elabora la Comisión Nacional de Energía para que se puedan aplicar estos ajustes. “Por ahora no es mucho lo que debiera subir, porque para clientes hasta 350 KWh está estabilizada”, dice.

El problema vendrá después, porque esta estabilización deberá comenzar a pagarse más adelante, cuando las empresas comiencen a traspasar a tarifas la actual diferencia. Con ello, se compensaría el congelamiento.

“Se esperaba que las tarifas a futuro bajaran por el ingreso de las energías renovables, pero en la práctica eso no va a pasar, porque se va a estar pagando esta postergación. Los fondos son una suerte de préstamos que hacen las empresas a los usuarios, pero no hay un aporte efectivo del Estado”, dice Verdejo.

Riesgo de topar el segundo fondo

Para Ramón Galaz, director ejecutivo de la consultora Valgesta Nueva Energía, el problema de la segunda ley es que principalmente absorbe el primer fondo, pero no se hace cargo del problema estructural. “Es lo que nosotros hemos llamado la bicicleta, porque se genera una segunda deuda para pagar la primera”, dice.

El experto advierte, además, que existe un alto riesgo de que el segundo fondo tampoco alcance y que apoco andar se requiera una tercera ley o soltar las tarifas. Estima que a febrero de este año, ya se habrá usado US$ 1.425 millones para cubrir la diferencia de costos y que entre octubre y noviembre se toparán los US$ 1.800 millones del segundo fondo. “Por lo tanto, existe la posibilidad de que se aumenten las cuentas para las familias chilenas al finalizar el año 2023, salvo que haya una nueva ley”, advierte. En este contexto, los expertos coinciden en que el Gobierno debe buscar una solución estructural al problema, con subsidios focalizados. “Faltan subsidios, porque el Estado no aporta de ninguna forma al financiamiento de esta ley. Es muy marginal”, sentencia Verdejo.

A su vez, Galaz señala que se debiera buscar una fórmula de subsidio que se aplique en la misma cuenta de las familias más vulnerables. “Este es un tema muy incómodo, pero hay que ponerle el cascabel al gato y sincerar que en algún momento las cuentas van a subir, y cuando eso ocurra va a haber algunos que no van a poder pagar y otros que ni siquiera se van a dar cuenta de que subió. Y esa discusión quedó pendiente en el gobierno pasado y este la sigue pateando”, afirma.

El Panel de Expertos del Transporte Público —instancia técnica y autónoma que estima los ajustes en los precios de las tarifas— calculó que estas se debían aumentar en $40 a partir de este mes.

Analistas estiman efecto acotado en la inflación si se soltaran los precios fijados

La contención de las tarifas del transporte público y eléctricas hasta ahora ha evitado un aumento en la inflación no menor, el que, en todo caso, no sería tan relevante hacia delante.

De acuerdo con un informe de CLAPES UC, si las tarifas de ambos servicios se hubieran descongelado en 2022, habrían tenido un efecto en la inflación anual de entre 1 y 1,2 puntos porcentuales. Con ello el peak inflacionario habría sido 15% en lugar de 14,1 % al que llegó en agosto del año pasado.

Para esta estimación consideran un aumento de 17% en transporte público, equivalente a cerca de $100, que era lo que los expertos consideran que debía subir a noviembre pasado para sincerar las tarifas. Para la electricidad, consideraron un alza de hasta 47%, cifra anunciada por la Comisión Nacional de Energía en julio de 2022 respecto del posible aumento que el servicio hubiese experimentado en algunas localidades de no haberse legislado un segundo fondo para contener las alzas.

"Ese es el efecto estimado directo, pero es importante destacar, que el ejercicio solo considera el efecto directo del aumento de las tarifas en la inflación, por lo que no solo ignora cualquier tipo de gradualidad en el aumento, sino que además no toma en cuenta los efectos de segunda vuelta derivados de este aumento en las tarifas, como reajustes por IPC y aumentos del costo de producción de otros bienes”, dice el analista deCLAPES UC, Ignacio Muñoz.

Sin embargo, asumiendo que las alzas que se evitaron en el transporte en el pasado no se pueden aplicar ahora y que finalmente se aprobó una segunda ley para mantener congeladas las tarifas eléctricas, el efecto en la inflación hacia delante no sería tan significativo.

Según estimaciones del economista de Pacífico Research, Mauricio Carrasco, si el Gobierno se decidiera a aplicar un alza de $40 en el transporte público como la que estimó el panel de expertos recientemente —lo que no cree que ocurra— eso implicaría un mayor IPC de cerca de 0,1 punto porcentual.

Del mismo modo, calcula que si las tarifas eléctricas subieran este año el IPC más un 5% como permite la última ley —aunque no ha salido el decreto— eso también significaría un aumento de 0,1 p.p. En el IPC.

Con ello, el efecto conjunto de descongelar ambas tarifas significaría un alza de 2 décimas en inflación. "Por una parte, venimos con una inflación muy alta, por lo que 2 décimas en ese contexto pareciera no ser mucho, pero por otro lado, en el proceso de desinflación en el que estamos, un aumento de ese nivel, sin ser preocupante, puede no ser deseado. Eso más allá de que este ajuste en las tarifas sí debe ocurrir”, dice Carrasco.

Para evitar que las tarifas eléctricas subieran cerca de 40% de una sola vez, el actual Gobierno aprobó en el Congreso el año pasado un segundo fondo por US$ 1.800 millones, adicionales a los US$ 1.350 millones que se habían aprobado en la administración anterior con la ley PEC.

Se debiera, al menos hacer un traspaso parcial a tarifa. Eso mientras no tengamos claro de qué tamaño queremos que sea el subsidio permanente, con un estudio técnico”. JUAN PABLO MONTERO EXMIEMBRO DEL PANEL DE EXPERTOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO MAURICIO QUEZADA

Se esperaba que las tarifas a futuro bajaran por el ingreso de las energías renovables, pero en la práctica eso no va a pasar, porque se va a estar pagando esta postergación”. HUMBERTO VERDEJO ACADÉMICO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA DE LA USACH

Existe la posibilidad de que se aumenten las cuentas para las familias chilenas al finalizar el año 2023, salvo que haya una nueva ley”. RAMÓN GALAZ DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CONSULTORA VALGESTA NUEVA ENERGÍA