Costo económico de la delincuencia supera el 3% del PIB y afecta principalmente al sector privado

Costo económico de la delincuencia supera el 3% del PIB y afecta principalmente al sector privado

• Un estudio de CLAPES UC reveló que la carga aumentó desde el 1,99% del PIB registrado en 2013, principalmente por un alza en el gasto destinado a prevención.

La delincuencia tuvo un costo económico de US$ 10.540 millones en Chile durante 2025, equivalente al 3,03% del Producto Interno Bruto (PIB). Así lo reveló un estudio del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (CLAPES UC), presentado este jueves en un seminario.

En sus palabras de introducción, el director de CLAPES UC, Felipe Larraín, señaló que “la delincuencia no es solo un problema policial o judicial. Tiene costos que pagamos todos, aunque nunca hayamos sido víctimas”.

Asimismo, destacó que la inseguridad se mantiene como una de las principales preocupaciones de los chilenos, por encima de temas como el empleo y el crecimiento económico.

Por ello, aseveró: “La delincuencia no es una preocupación pasajera, sino una demanda transversal y persistente”.

La jornada incluyó un panel de conversación con el director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson; el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella; y la exministra del Interior, Carolina Tohá, quienes abordaron los desafíos que enfrenta Chile en materia de delincuencia. También expuso el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

Aumento en los costos por alza en gastos en prevención

El estudio utiliza un enfoque de contabilidad de costos que suma los gastos públicos y privados asociados a la delincuencia, considerando los recursos que podrían destinarse a otros fines si esta no existiera. Para ello, clasifica los costos en tres vectores: anticipación, consecuencia y respuesta.

Según el informe, el costo económico anual del delito pasó de representar un 1,99% del PIB en 2013 a un 3,03% en 2025. Cabe señalar que, según lo explicado en el documento, esta cifra es una cota inferior del costo social, debido a que se excluyen los cambios de conducta por temor, los daños psicológicos, entre otros.

Si bien la cifra del año pasado se ubicó por debajo del máximo de 3,16% registrado en 2024, el indicador se mantuvo por sobre los niveles de hace una década.

El principal factor detrás del alza fue el gasto en anticipación, que comprende recursos destinados a prevenir o disuadir delitos, como la contratación de guardias, la instalación de alarmas y la seguridad privada. Este componente aumentó de US$ 1.627 millones en 2013 a US$ 6.327 millones en 2025, es decir, 3,9 veces más. Además, en cuanto al crecimiento real, esta cifra representa un alza anual de 12%. En síntesis, pasó de representar un 35% del costo total a equivaler un 59%.

En cuanto a los costos asociados a las consecuencias de los delitos, tales como pérdida de ingresos laborales y gastos médicos, esta partida creció un 52% entre 2013 y 2025, alcanzando los US$ 2.025 millones el año pasado. Mientras, los costos de respuesta del Estado, que incluyen el trabajo de policías, tribunales y cárceles, aumentaron un 23% en el período, acumulando US$ 2.189 millones por este concepto.

A estos gastos, la actualización del estudio suma la inversión en ciberseguridad de la banca y de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), que para 2025 alcanzaron US$ 1.571 millones. Asimismo, se incorporó una estimación de la pérdida de bienestar de las víctimas mediante indicadores de años de vida ajustados por calidad.

El informe también muestra que el aumento del costo económico de la delincuencia recae principalmente en el sector privado. En 2025, los costos privados llegaron a cerca de US$ 8.200 millones, equivalentes al 2,36% del PIB, mientras que los costos del sector público alcanzaron unos US$ 2.300 millones, es decir, un 0,67% del PIB.

Según el estudio, de representar un 1,21% del PIB a inicios del período estudiado, esta proporción pasó a 2,36%, es decir, prácticamente se duplicó.

“Esto es un impuesto. Le estamos pasando al sector privado el gasto de seguridad, que debiera ser un gasto público, porque la seguridad es un bien público”, indicó el director alterno de CLAPES UC y coautor del estudio, Leonardo Hernández.

Como ejemplo de algunos de estos gastos, mencionó la obligación de grabar las patentes de los vehículos en espejos, vidrios y lunetas, una medida que traslada parte del costo de prevención a las personas.

En esta línea, planteó que “una persona que gana varios millones de pesos ni lo siente, pero una persona que gana $ 300.000 no es chiste. Entonces hay un efecto redistributivo (...) la delincuencia no es neutra”.

Además, el estudio desglosó los costos según el tipo de delito. Entre 2013 y 2025, el costo económico de los homicidios se multiplicó por 2,6, mientras que el asociado al robo de vehículos aumentó un 92,6%. También, se registraron alzas en los costos vinculados a lesiones (12,5%) y en los ingresos perdidos de personas privadas de libertad (6,3%).