Convención Constitucional: el desafío que viene

¿Es posible apostar por un debate constitucional donde primen la voluntad de diálogo, el respeto por el disenso y la moderación? ¿la compleja coyuntura que vive nuestra democracia representativa puede afectar a la Convención Constitucional?

Vivimos uno de los momentos políticos e institucionales más complejos de nuestra historia y es legítimo preguntarse por el destino del proceso constituyente. Como premisa inicial, es necesario establecer que no es viable el debate constitucional desde el extremismo jurídico, como tampoco desde el político.

Uno de los desafíos que nos impone este complejo escenario es transitar por un proceso en condiciones de paz social, civilidad y apego a las normas, asegurando un entorno adecuado para el trabajo de los constituyentes.

La violencia – o el amago de ella – así como la intolerancia y el ánimo refundacional son las principales amenazas que condicionarán el éxito de un proceso en el que está depositada la legitimidad de la nueva Constitución y, sobre ella, el futuro de Chile y su institucionalidad. No hay espacio para caprichos constitucionales.

Existe una razonable preocupación ciudadana fundada en la polarización política, el desapego a las normas y a los acuerdos fundantes. La falta de certeza contribuye a profundizar la desconfianza e incertidumbre que han acompañado a la crisis social y a la sanitaria, impactando fuertemente en el crecimiento económico.

En este contexto, quienes resulten electos convencionales, así como la forma y la celeridad con que la Convención Constitucional acuerde su reglamento -dando muestras inequívocas de su voluntad de adherir a lo convenido por un quórum de 2/3- contribuirán a reducir la incertidumbre reinante, además de otorgarle legitimidad y eficacia a este órgano en cumplimiento de su tarea.

Por su parte, las expectativas generadas en la población – y su eventual frustración- están relacionados con los contenidos de la futura Constitución. Será la Convención la que deberá definirlos y asumir la responsabilidad de construir el delicado equilibrio entre mayorías y minorías que requiere una Constitución genuinamente consensuada.

La voluntad de cambio manifestada por la ciudadanía exige responsabilidad a la hora definir qué queremos de la Constitución. Quizás no lograremos acuerdo en todo, pero si debemos estarlo en que 200 años de tradición y décadas de progreso convierten a la Constitución en el instrumento más perfecto con el que contamos para proteger a los ciudadanos de su propio Estado.

Karin Moore
Investigadora Clapes UC y Prof. en Facultad de Economía y Administración UC.

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