Confianza legítima

Confianza legítima

“El incidente frente al dictamen de Contraloría es un termómetro de los desvaríos de la política mezquina y atrapada en los detalles”. 

Se armó una escandalera por el dictamen de la nueva contralora que modifica el criterio de recurrir al principio de “confianza legítima” para forzar a la renovación del empleo público a contrata. El plazo para invocar ese principio será ahora de 5 años, lo que flexibiliza la desvinculación en línea con lo planteado por la Corte Suprema frente a las reclamaciones de ilegalidad de los despidos. Como telón de fondo está la ausencia de un marco normativo para el empleo público que se blinde frente a lo que ha sido usual hasta ahora: un sistema de reclutamiento y selección cerrado a la afinidad política y sin igualdad de oportunidades; sin movilidad horizontal entre servicios y con un esquema de calificación poco objetivo dónde el 98% es signado como de “excelencia”. 

Desde el retorno a la democracia ha sido recurrente en todos los gobiernos la intención de modernizar al Estado. La ciudadanía ha ido desvalorizando a las Lo instituciones en general, y en ello el deterioro de la política y los casos de corrupción contribuyeron a ello. Lo que tenemos hoy no resiste mayor análisis y requiere oxigenarse con prácticas modernas en gestión de personas.

Se debe apuntar a un nuevo régimen de empleo público que permita a cualquier chileno postular a un trabajo en el Estado en cualquier nivel y que el ascenso en la carrera funcionaria sea la consecuencia del mérito y no la vinculación a un partido político. La gestión de las personas en el sector público se debe abordar de un modo integral, y eso supone cambios legales e institucionales.

La carrera funcionaria puede mantenerse a condición de eliminar los tantes privilegios actuales en los cargos de planta; con ingresos mediante concursos públicos competitivos y transparentes, con promoción interna sujeta a evaluación real del desempeño y sin que las asociaciones de funcionarios sean juez y parte como ocurre hoy. Es cierto que los nombramientos a contrata con plazo de un año según la ley son una anomalía, así como lo es esta tramposa figura que se inventó de la “confianza legítima”, que fue finalmente un subterfugio para apernar al funcionario después de un tiempo. 

La confianza y la legitimidad no se gana por decreto. La palabra lo dice todo: confianza, viene del latín “fides”, o sea, lealtad, concepto republicano que empleaba Cicerón como virtud fundamental y constitutiva del Estado. Desempeñar cargos públicos no debe tener como exigencia ser aliado político, solo fidelidad al compromiso de servir con honradez y recta moral al país. El incidente frente al dictamen de Contraloría es un termómetro de los desvaríos de una política mezquina y atrapada en los detalles y alejada de las verdaderas transformaciones para una gestión pública transparente, eficaz y eficiente.