Clientelismo en la Alta Dirección Pública

Desde su creación en 2003, dos facciones han estado en pugna al interior de la izquierda respecto del sistema de alta dirección pública (ADP). Una facción ha aspirado a que los altos cargos directivos del Estado sean inclusivos y abiertos a todos los ciudadanos meritorios. Ello requiere que los postulantes superen primero un filtro que identifique la mejor terna de candidatos según capacidades, de entre competidores meritorios. La otra facción trata a estos altos cargos como recompensas o botín, para los leales que hicieron la campaña vencedora. En 2003, la facción clientelista logró mantener la vieja modalidad de designar sin concurso de mérito y sin plazo de término. Para ello creó la figura “provisional y transitoria”, que solo se diferencia de la vieja modalidad, en que el designado debe solicitar una ratificación posterior al Consejo ADP. La figura fue usada intensivamente desde 2004, pues en demasiados casos el Consejo permitió al provisional llegar a la terna. Ideamos un modo de desalentar el uso de los cargos ADP de primer nivel como recompensa: prohibir a los “provisionales” de primer nivel despedir directivos del segundo nivel  - que son un 85% del total de los cargos ADP -  sin la aprobación previa del subsecretario del ramo. Un instructivo del ex presidente Sebastián Piñera, de 2010, aplicó esta medida. El proyecto de ley de 2011, que mejoraba el Sistema de Alta Dirección Pública, elevaba esa medida a ley. Y sumaba otras, como limitar la duración de los provisionales. En 2011, estas medidas fueron consensuadas con los diputados de la ex Concertación en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Sin embargo, cuando pudo presentarse el acuerdo a la Sala de la Cámara, el clima político había cambiado, pues empezó a preverse un cambio de coalición para 2014. La facción clientelista de la Concertación vio posible poner a sus leales en los cargos directivos en 2014. Para evitar reformas a la figura “provisional y transitorio”, debía darse la vuelta para rechazar los acuerdos, y lo hizo. Ese rechazo le ha permitido, ahora, desvincular a más personas de cargos de primer nivel en las primeras 2 semanas, que lo que el gobierno del Presidente Piñera hizo en sus primeros 3 meses. Este es también el origen de la actual razzia en Salud, recogida en el desgarrador relato del doctor Orlando Durán en un medio electrónico. Así, el clientelismo ha puesto en jaque al sistema ADP. El sistema ADP saldría del jaque si las capacidades de gestión de los directivos fueran puestas en acción, aportando de modo notorio a un Estado más moderno. Sin embargo, ya en 2003 la facción clientelista protegió a sus leales creando un convenio de desempeño que no pasa de ser una autoevaluación en la frecuencia anual, que sólo puede referirse a tópicos irrevocables por 3 años. Pero un mero rediseño del convenio no podría poner la capacidad de los directivos en acción, pues ningún convenio funciona en ausencia de un mandante exigente que lo aplique. Sin mandantes exigentes (en cuanto a gestión) se desperdicia la capacidad de los altos directivos, y no se moderniza la gestión del Estado. Tener mandantes requiere que el subsecretario del ramo, o algún otro superior del alto directivo, ejerza en plenitud el rol de mandante, con la ayuda de profesionales en gestión. Sin embargo, no funciona si el subsecretario ve que La Moneda y su partido sólo evalúan sus roles comunicacional y legislativo. Por eso, rescatar el sistema ADP requiere que La Moneda haga, o instruya a Hacienda hacer, un seguimiento de esta faceta de la labor de los subsecretarios, y discipline a los remolones. Esto es factible, pues lo hizo el gobierno anterior durante 2 años, y con éxito como demuestran estudios recientes de las Universidades Católica y de Chile, sin perjuicio de ser perfectible. Veremos si Bachelet es vencida por el clientelismo o impulsa al sistema ADP hacia la inclusividad sobre la base del mérito y el desempeño. Publicada en El Mercurio, 9 de abril 2014.