Estudio de CLAPES UC estima que Chile deja de percibir más de US$2.000 millones anuales por no reformar la justicia civil

Estudio de CLAPES UC estima que Chile deja de percibir más de US$2.000 millones anuales por no reformar la justicia civil 

Santiago, 14 de mayo de 2026

+++ Investigación presentada en la Universidad Católica concluye que la reforma procesal civil, que se discute en el Congreso hace más de una década, podría elevar el PIB entre 0,29% y 0,75% anual. Autoridades y expertos coincidieron en la urgencia de modernizar el sistema judicial chileno. 

Chile deja de percibir entre US$814 millones y US$2.118 millones anuales por mantener un sistema judicial civil obsoleto. Así lo concluye un estudio presentado por CLAPES UC, el cual estima que, de concretarse la reforma procesal civil, el país podría incrementar su PIB anual entre 0,29% y 0,75%. 

La investigación utilizó un modelo estadístico con información de 180 países entre 2005 y 2020, evidenciando que las naciones con sistemas judiciales de mayor calidad presentan mejores niveles de desarrollo económico. 

De acuerdo con el estudio, aumentar en un punto el indicador de calidad judicial podría elevar el PIB entre 0,62% y 1,05%. Asimismo, mejorar el cumplimiento de contratos en un punto se asocia a un incremento del PIB de entre 0,34% y 0,44%, mientras que reducir en un día el tiempo de ejecución de sentencias genera un aumento del PIB de entre 0,03% y 0,04%. 

La investigación fue presentada en un seminario realizado en el Salón de Honor de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la instancia expusieron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat; el director de CLAPES UC, Felipe Larraín; el subdirector del Programa de Reformas a la Justicia UC, Nicolás Frías; y el director alterno de CLAPES UC, Leonardo Hernández. 

Durante su intervención, el ministro Rabat sostuvo que el mandato entregado por el Presidente de la República, José Antonio Kast, es que Chile cuente con “un sistema judicial donde se encuentren soluciones rápidas, donde las personas puedan confiar en que la solución será efectiva, donde se sientan protegidas y resguardadas y, lo más relevante, donde se deposite plena confianza en las instituciones”. 

La autoridad agregó que “no cabe ninguna duda que el sistema judicial requiere de reformas relevantes si queremos responder a las exigencias actuales de la ciudadanía que por cierto son distintas a las de 1903”, año en que entró en vigencia el actual Código de Procedimiento Civil. 

El exministro de Hacienda y director de CLAPES UC, Felipe Larraín, explicó que implementar un sistema moderno tendría un costo cercano a los US$90 millones anuales en régimen, de acuerdo con antecedentes del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres). 

“Es decir, entre US$800 millones y US$2.000 millones en beneficios potenciales versus US$90 millones en costos anuales. Es una inversión extraordinariamente rentable. Desde cualquier perspectiva económica, la reforma no solo es necesaria. Es altamente rentable para Chile”, afirmó. 

La urgencia de avanzar 

La investigación fue desarrollada por Antonia Cabrera, investigadora de CLAPES UC, y Leonardo Hernández, director alterno del centro de estudios. Además, contó con la colaboración de los profesores Nicolás Frías, José Pedro Silva y Hernán Larraín, del Programa de Reformas a la Justicia UC de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile. 

En su exposición, Frías señaló que la reforma procesal civil es “necesaria y urgente. El estudio da cuenta que el sistema actual no da la respuesta principal que es solucionar los conflictos. Y, por otro lado, existe una gran necesidad de acceso a la justicia y las personas no están concurriendo a los tribunales”. 

Según los datos del Poder Judicial expuestos por Frías, el año 2025 ingresaron 960.683 causas civiles, de las cuales un 75% correspondieron a juicios ejecutivos. Igualmente, el año 2025 concluyeron 531.752 causas civiles, de las cuales únicamente el 15,49% lo hizo mediante sentencia definitiva. 

Asimismo, el informe cuenta cómo, de acuerdo al Doing Business, resolver una disputa comercial en Chile tarda, en promedio, 519 días, por sobre México (341 días) y Perú (478 días); cifra que resulta coherente con la duración exhibida de las causas civiles al año 2025. A ello se suma que el país ocupa el puesto 77 en costos judiciales como porcentaje del monto demandado y el lugar 60 en calidad del sistema judicial civil. 

En este contexto, Hernández afirmó que “la reforma procesal civil mejoraría la eficiencia o calidad del sistema judicial en Chile, haciendo los procesos más rápidos y efectivos, entregando mayor certeza jurídica y mejorando el acceso a la justicia de las personas”. 

Panel de conversación 

El seminario concluyó con un panel de conversación moderado por el exministro de Justicia, Hernán Larraín. Participaron la senadora Paulina Vodanovic (PS), la diputada Constanza Hube (UDI) y el presidente del Colegio de Abogados de Chile, Ramiro Mendoza. 

La senadora Vodanovic afirmó que “este es un problema que tiene un costo económico, pero también un costo social muy grande. Todos estamos de acuerdo en que es importante realizar esta reforma, pero como dijo el ministro es poco sexy el tema, porque pareciera ser que son temas muy generales, careciendo de una bajada que perciba el ciudadano”. 

Por su parte, la diputada Hube sostuvo que “si una reforma cuesta US$90 millones, pero finalmente se tendrá un beneficio social relevante, es muy importante sacarla adelante. Creo que el ministro Rabat tiene una oportunidad de avanzar con el ministro de Hacienda quien está con esa voluntad política”. 

Finalmente, Ramiro Mendoza señaló que “si bien hay que avanzar en lo que el ministro tiene como expectativa que es la reforma procesal civil, no puede detenerse ante una segunda expectativa que es caminar haciendo mejoras que permitan ir avanzando en el problema de la justicia civil, que son dos cosas distintas”. 

Mayor información:

Enlace al seminario Reforma Procesal Civil: El costo de no reformar

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