Costo de la delincuencia en Chile alcanzó los US$10.540 millones en 2025 y el sector privado concentra la mayor carga

Costo de la delincuencia en Chile alcanzó los US$10.540 millones en 2025 y el sector privado concentra la mayor carga

Santiago, 29 de octubre de 2026

+++Estudio de CLAPES UC revela que el costo económico del delito llegó al 3,03% del PIB, frente al 1,99% registrado en 2013. El aumento se explica principalmente por el fuerte crecimiento del gasto en prevención y seguridad, especialmente en el sector privado, que asumió cerca de US$8.200 millones durante el último año.

El costo económico de la delincuencia en Chile alcanzó los US$10.540 millones en 2025, equivalentes al 3,03% del Producto Interno Bruto (PIB), según reveló el estudio “Costo Económico de la Delincuencia en Chile 2013-2025”, elaborado por el director alterno de CLAPES UC, Leonardo Hernández, y la investigadora del Centro, Ignacia Méndez.

El informe evidencia que, si bien esta cifra es levemente inferior al máximo registrado en 2024, cuando llegó al 3,16% del PIB, se mantiene considerablemente por sobre el 1,99% observado en 2013, reflejando un aumento sostenido de los recursos que el país destina a perseguir y sancionar, enfrentar las consecuencias de la delincuencia y prevenir la ocurrencia de delitos.

De acuerdo con la investigación, prácticamente todo este incremento se explica por el gasto en anticipación, que pasó de US$1.627 millones en 2013 a US$6.327 millones en 2025, multiplicándose por 3,9 y registrando un crecimiento real promedio de 12% anual.

Al respecto, Leonardo Hernández explicó que “este vector pasó de representar el 34% al 60% del costo total”, lo que da cuenta de la creciente importancia de los recursos destinados a prevenir delitos.

Dentro de esta categoría, la seguridad privada constituye la mayor partida individual, con un gasto que se multiplicó casi por ocho durante el período analizado, pasando de US$510 millones a US$4.067 millones. A ello se suma el desembolso en ciberseguridad de la banca y la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), que alcanzó los US$1.571 millones en 2025.

En contraste, los costos asociados a las consecuencias de los delitos y a la respuesta institucional, registraron incrementos significativamente menores durante el periodo, de 52% y 23%, respectivamente, equivalentes a tasas de crecimiento real anual de 3,6% y 1,7%.

Uno de los principales hallazgos del estudio es que el sector privado concentra la mayor parte del costo económico de la delincuencia. En 2025, esta carga alcanzó aproximadamente los US$8.200 millones, equivalentes al 2,36% del PIB, mientras que los costos asumidos por el sector público llegaron a cerca de US$2.300 millones, correspondientes al 0,67% del producto.

Hernández destacó que la totalidad del incremento observado desde 2013 proviene del sector privado, cuyo costo pasó de representar el 1,21% al 2,36% del PIB, mientras que el gasto público se mantuvo relativamente estable durante el período.

Asimismo, el informe establece que, incluso al excluir los recursos destinados a ciberseguridad, el costo total de la delincuencia continúa siendo elevado, al alcanzar los US$8.969 millones en 2025, equivalentes al 2,57% del PIB, frente al 1,55% registrado en 2013.

Impacto y desafíos

Los resultados del estudio fueron presentados durante el seminario “El costo de la delincuencia en Chile: ¿cuánto ha cambiado entre 2013 y 2025?”, organizado por CLAPES UC y realizado en el Aula Magna Manuel José Irarrázaval de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El encuentro contó con la participación del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; el director de CLAPES UC, Felipe Larraín; la exministra del Interior Carolina Tohá; el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella; el director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson; y el director del Centro UC para la Seguridad, Cristóbal Weinborn, además de los autores del estudio.

Durante su intervención, el director de CLAPES UC y exministro de Hacienda, Felipe Larraín, advirtió que la delincuencia no constituye únicamente un problema policial o judicial, sino que genera importantes costos económicos y sociales que afectan al conjunto de la población, incluso a quienes nunca han sido víctimas directas de un delito.

En este sentido, explicó que existen “costos directos, como las pérdidas económicas y otros que sufren las víctimas: años de vida perdidos, atenciones de salud y tiempo dedicado a demandar y otros trámites que deben hacerse luego de ser víctima de un delito”.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, planteó que enfrentar la delincuencia requiere reconocer la nueva realidad del crimen organizado en Chile y avanzar en una respuesta que trascienda las medidas estrictamente policiales.

En esa línea, sostuvo que el país debe dejar atrás cierta ingenuidad frente a la presencia del crimen organizado, la corrupción y las bandas delictuales, y advirtió que combatir estos fenómenos representa un desafío que supera las atribuciones del Ministerio de Seguridad Pública, pues también involucra transformaciones culturales de largo plazo.

El secretario de Estado señaló que, junto con las acciones policiales y las inversiones en infraestructura penitenciaria, resulta fundamental promover una mayor participación de la ciudadanía y fortalecer la disposición a denunciar los delitos, evitando que la violencia y la criminalidad se normalicen.

“Necesitamos que la gente se dé cuenta de que vale la pena no quedarse callada frente al delito. Ese cambio cultural, por supuesto, es más lento, pero es fundamental para ganar esta batalla”, afirmó.

Respecto del objetivo de recuperar la seguridad, Arrau sostuvo que la aspiración debe traducirse en situaciones concretas de la vida cotidiana, como poder circular libremente por la macrozona sur, permitir que los comerciantes abran sus negocios con tranquilidad y que los almacenes de barrio puedan funcionar sin necesidad de instalar rejas.

Panel de expertos aborda la prevención, inteligencia y crimen organizado

Posteriormente, se desarrolló un panel de conversación moderado por Cristóbal Weinborn, director del Centro UC para la Seguridad, quien destacó la importancia de profundizar en las razones que explican el fuerte aumento del gasto en anticipación identificado por el estudio.

En particular, planteó la necesidad de determinar en qué medida estos desembolsos responden a los niveles efectivos de victimización o al temor de las personas frente a la delincuencia, distinción que consideró fundamental para diseñar estrategias de seguridad más efectivas.

A su turno, el senador Arturo Squella advirtió que el país enfrenta un fenómeno delictual totalmente distinto a la delincuencia tradicional. “La violencia de los actos que comúnmente vemos en las organizaciones criminales no es parte de su negocio, sino una herramienta para dominar territorios y así lograr realizar actividades ilícitas”, señaló.

Asimismo, sostuvo que estas organizaciones pueden llegar a usurpar funciones propias del Estado, afectando no solo los derechos individuales de las víctimas, sino también la capacidad de las instituciones para ejercer su autoridad y garantizar la seguridad.

Por su parte, el director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, enfatizó la importancia de fortalecer el análisis y la evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad, con el propósito de mejorar la efectividad de las intervenciones.

“Necesitamos análisis, que las instituciones estén abiertas a aprender, que el mismo rigor que tenemos para aplicar una política de salud, una medicación, lo tengamos en seguridad. Si no hacemos estos diagnósticos correctamente, nos vamos a equivocar”, afirmó.

Finalmente, la exministra del Interior Carolina Tohá planteó la necesidad de reforzar decididamente las políticas de prevención, especialmente aquellas dirigidas a niños, jóvenes y barrios críticos.

“Es el momento de meterle fuerza y potencia de verdad a los temas de prevención, de niñez, de juventud, de barrios críticos. Hay que meterle cabeza, lucas, innovación y volumen a lo que allí se hace”, sostuvo.

La exautoridad también advirtió sobre las debilidades del Estado chileno en materia de inteligencia, ámbito que identificó como uno de los principales desafíos pendientes para fortalecer la capacidad del país de enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

Mayor información:

Enlace al seminario "El costo de la delincuencia en Chile: ¿cuánto ha cambiado entre 2013 y 2025?"

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