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Columnas

Una asignatura pendiente

La comunicación con las comunidades es una asignatura pendiente en el desarrollo de proyectos de inversión en Chile.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el país hay actualmente 116 conflictos socio-ambientales asociados a proyectos de infraestructura pública y productiva. Esta cifra ha aumentado sostenidamente desde 2012. Los sectores que lideran este tipo de conflictos son energía (44) y minería (33).

Chile está dentro de los 5 países con mayor cantidad de conflictos socio-ambientales del mundo, siendo solo superado por India (278) y Colombia (128).

De acuerdo con la Sofofa, la inversión detenida por este tipo de conflictos al año 2017 era de US$57.870 millones, lo que equivale al 97% de la inversión materializada en ese mismo año.

El éxito de un proyecto de inversión depende, en gran medida, de la comunicación entre los distintos stakeholders (grupos de interés). Esta debe ser eficaz, bidireccional y fluida, involucrando a todos los participantes desde etapas tempranas.

No decodificar las necesidades de las comunidades o no adaptar y presentar adecuadamente el proyecto a la ciudadanía puede generar una desalineación entre las expectativas y la realidad, produciendo insatisfacción y con ello potenciales disputas.

Los conflictos con comunidades no han sido ajenos para países más desarrollos. A fines de los 90, en un contexto de disputas, las agencias viales de Estados Unidos identificaron la necesidad de generar diseños de carreteras más adaptados a sus entornos.

Ante esto, se creó el modelo Diseño Sensible al Contexto (DSC), un enfoque de toma de decisiones que busca equilibrar la necesidad de movilidad y seguridad con otros resultados deseables (cuidado del medioambiente, patrimonio, estética) a través de la participación de las comunidades.

Para ello, el DSC propone evolucionar desde un sistema lineal de diseño -donde el titular del proyecto plantea y defiende una solución técnica ante la comunidad- a un sistema circular, basado en una interacción continua con las comunidades para lograr una solución armónica bajo un contexto particular.

Para elevar los niveles de inversión y reducir el déficit de infraestructura en Chile, resulta fundamental diseñar e implementar nuevos mecanismos que mitiguen preventivamente los conflictos con comunidades.

En este sentido, es destacable la propuesta de política pública de Alianza Valor Minero, la que aborda la participación ciudadana en la gestación de proyectos.

Una agencia que articule la relación entre el Estado, las comunidades y las empresas podría generar las condiciones necesarias para un diálogo de calidad y más efectivo entre los actores involucrados en los proyectos de inversión (especialmente en las áreas de minería, energía e infraestructura pública).

Estos modelos, junto con otros ejemplos de éxito, pueden servir de base para impulsar de forma más dinámica las comunicaciones con las comunidades en Chile, y con ello, aprobar esta asignatura pendiente.

Columna publicada en La Tercera/Pulso.