Salud pública para el siglo XXI

La historia de la salud pública en Chile revela que el paso más importante fue la fundación del Servicio Nacional de Salud (SNS) en 1952. Durante el período 1973-1989, la cobertura de la atención del SNS fue solo para los trabajadores de menores ingresos e indigentes. En 1979 se cambiaría por el Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS), creándose una agencia de financiamiento público o Fondo Nacional de Salud (Fonasa, con la contribución al financiamiento de 7% de los sueldos), y se organizaron los seguros privados en salud (Isapres) para los sectores de mayores ingresos; 7% de sus ingresos empezó a usarse en el seguro privado, restándose ese aporte del seguro público. Desde 1990, el país inició un franco aumento de la población mayor de 60 años, con un ascenso de la mortalidad por enfermedades crónicas, junto a la epidemia de obesidad. Esta situación ha sido enfrentada con poco éxito relativo. Se ha aumentado la inversión en los hospitales públicos, pero se ha señalado que ella ha sido insuficiente y que ha habido una deficiente gestión hospitalaria. Por ello, se ha deteriorado la calidad de los servicios públicos y el tiempo de espera para obtener atención se ha ido incrementando. Al mismo tiempo, la atención privada de salud ha aumentado, atrayendo más población de los sectores medios. Actualmente, el sistema público de salud atiende a 76% de la población en SNSS y la atención primaria con financiamiento de Fonasa. El sistema privado atiende al 19% de la población a través de aseguradoras privadas (Isapres) y múltiples prestadores de salud. En las últimas décadas se ha producido una grave crisis en la atención de salud, especialmente hospitalaria. Se hace necesario pensar con urgencia y con el consenso de todas las fuerzas políticas en un nuevo sistema de salud similar al del estado de bienestar europeo y canadiense, donde la atención es equitativa e integral. Se propone el Seguro Único de Salud. En Chile, mayoritariamente, la población ha optado por el seguro público (hoy Fonasa), que no discrimina, que es solidario en los riesgos y que cuenta con experiencia para establecer mecanismos de pago, que aun siendo insuficientes, vienen operando en prestadores sean de tipo privados o redes de atención pública de diversa complejidad. La experiencia de Canadá, varios países europeos y últimamente en Corea del Sur, demuestra que al optar por el seguro único de salud tienen menor gasto administrativo en salud que los que mantienen seguros privados prioritariamente. Los prestadores públicos preferentemente, y los privados acreditados en Chile, seguirán aportando a la salud colectiva de la población. Es perfectamente posible el desarrollo de seguros complementarios de segundo piso (libre elección), para acceder a una cobertura adicional en el caso de así requerirlo la población. La idea de solidaridad y gestión de los riesgos deben ir de la mano de mayor efectividad y eficacia en salud, garantizando el derecho a la salud de manera efectiva y consagrada en la ley.