Pacto para la migración de la ONU: compleja decisión

La decisión del gobierno de no adherir al Pacto para la Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU parece prudente. Va en beneficio de todos aquellos que quieren ser parte de una discusión democrática en torno a la institucionalidad migratoria chilena. Chile necesita y quiere acoger a más migrantes. Éstos, como toda persona, son sujetos de derechos humanos que el Estado de Chile debe respetar. Entonces, ¿por qué no era recomendable firmarlo? Primero, por nuestra propia institucionalidad. En Chile la facultad de negociar, concluir, firmar y ratificar tratados radica exclusivamente en el presidente de la República. El Congreso sólo puede aceptar o rechazar un tratado ya firmado, pero no influir en su contenido. Sumarse al Pacto habría impedido la debida deliberación democrática de las disposiciones de este entre el Ejecutivo, el Congreso y la sociedad civil. Por su parte, un país que respeta la institucionalidad internacional no podría escapar de su cumplimiento, pues aun cuando el Pacto no cuenta con mecanismos que permitan hacerlo exigible, si se firma es para ser cumplido. Aceptado un tratado por el Congreso y tras su tramitación legislativa, éste se transforma en ley chilena. Entonces, de haberse firmado el Pacto y tras ello aceptado y tramitado, parlamentarios y ciudadanos tendríamos que haberlo asumido íntegramente, con lo bueno y lo malo de disposiciones más o menos imperativas, que serían incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico. Segundo, por su contenido y alcance. Se trata de un compromiso a cumplir 23 objetivos concretos. Éstos abordan una gran variedad de temas que van desde la obligación de los Estados de desarrollar capacidades para la recolección de datos migratorios, hasta la obligación de asegurarle a todo migrante el acceso a un trabajo decente y a servicios básicos, a veces adaptados a las necesidades específicas de los mismos. Todo esto sin importar si la situación migratoria es o no regular. Estos 23 objetivos no son títulos vacíos, sino que cada uno es desarrollado en detalle, comprometiendo a los gobiernos en distintas materias. Se exigen modificaciones legales, inversión pública, implementación y cumplimiento de objetivos fijados en otros instrumentos internacionales. Además, los adherentes se comprometen a suscribir, ratificar e implementar al menos otros tres acuerdos ONU. ¿Queremos todo esto? Resulta evidente que la adhesión al Pacto es un tema complejo. No hacerlo nos permitirá determinar libre y democráticamente una nueva institucionalidad migratoria a la medida de las necesidades de ciudadanos chilenos y migrantes y de las posibilidades del Estado, respetando en todo momento los derechos humanos de todos los involucrados. Por el contrario, de haber adherido nuestra institucionalidad migratoria habría quedado sustancialmente predeterminada, a puertas cerradas, por funcionarios internacionales, diplomáticos chilenos y extranjeros y por cientos de gobiernos de todo el mundo, entre los cuales el chileno habría sido solo uno. Más allá de tecnicismos respecto a la naturaleza jurídica del Pacto y su exigibilidad, no suscribirlo nos da la posibilidad de concluir una discusión democrática iniciada hace algunos años que busca promulgar una nueva ley migratoria, legítima y efectiva. El año 2013 se presentó un proyecto de Ley de Migraciones, que fue sustancialmente mejorado a principios de 2018 a través de las indicaciones efectuadas por el Ejecutivo. Llevamos muchos años trabajando para ahora amarrarnos de manos. En adelante, corresponde a Senadores y Diputados seguir adelante con una discusión seria en la arena democrática e incorporarle al proyecto en trámite, si lo estiman conveniente, el espíritu y contenido del Pacto. Columna publicada en La Tercera/Pulso.