Modernización del Estado

La modernización del Estado solo ha sido prioritaria en la agenda política chilena frente a crisis institucionales, como el caso MOP-GATE, en 2003. Desde entonces, poco o nada de una verdadera reforma. Entretanto, el sentir ciudadano es que las demandas cotidianas por un acceso a mejor salud, educación o seguridad -que el mercado promueve, pero no garantiza-, o las demandas productivas por una regulación ágil y eficaz que otorgue certeza jurídica -por ejemplo, en temas medioambientales-, se estrellan con un Estado lejano y que solo se mira a sí mismo. La sentencia del día a día del chileno promedio bien puede ser: "Aquí nosotros y allá los políticos y burócratas". La sensación de muchos es que no basta con subir peldaños en la escala social si arriba se respira un aire enrarecido por el temor a resbalar y, al menor descuido, no hay redes que protejan a un ciudadano que quedó a la intemperie. Impulsar una nueva agenda de modernización supone un Estado más atento a las demandas de la sociedad civil, capaz de leer los signos de los tiempos en un país radicalmente distinto. Cambió la forma en que se distribuye el poder: pasamos de ser un país de ciudadanos sumisos, subordinados a figuras de autoridad, a uno contestatario que cuestiona y exige cambios sobre materias que antes asumíamos como intocables. Ha cambiado la composición socioeconómica. De un país con un 50% de la población bajo la línea de la pobreza, hemos emigrado hacia una gran clase media emergente que ha aumentado su capacidad de endeudamiento y acceso a nuevos bienes y servicios. Cambió también nuestra perspectiva económica: el crecimiento sostenido de los últimos 25 años se detuvo, confiamos en "brotes verdes" que no aparecen, la productividad no avanza y la cercanía de la revolución digital -que se viene en serio- amenaza el reemplazo permanente de miles de puestos de trabajo por la robótica. Es imperativo, entonces, preguntarse qué Estado necesitamos para enfrentar este nuevo mundo con menores holguras fiscales, que ensancha las oportunidades, pero también los temores. Algunos piensan, erróneamente, que la modernización del Estado es una materia estrictamente técnica y sobre la cual existe consenso. No es así. Es, sobre todo, una cuestión política, y las respuestas que el Estado debe dar a los ciudadanos son muy distintas, dependiendo de la concepción dominante sobre "lo público". La reciente contienda electoral dejó claro que hay múltiples visiones sobre el rol del Estado, y no es irrelevante en esta agenda de reformas quién asuma el nuevo gobierno. Hay enormes diferencias entre quienes creen que un país es más justo cuando no hay privilegios, hay igualdad de derechos y oportunidades y equidad de resultados, frente a quienes creen que la justicia requiere un forzoso igualitarismo; o quienes quieren un Estado responsable, eficiente y subsidiario que abre espacios de libertad para emprender, frente a quienes promueven un Estado de Bienestar invasivo y omnipresente. ¿Por dónde partir? Desde luego, acabar con la idea falaz, paternalista y asistencialista a la vez de que el Estado está llamado por naturaleza a financiarlo todo y a todos en sus derechos sociales -utopía inalcanzable y que el chileno hace tiempo dejó de reclamar- y de que el Estado sabe mejor que la ciudadanía lo que ella necesita y que se expresa en políticas públicas que se diseñan desde la altura del olimpo y no se empapan del ágora de la realidad. Es cierto, el Estado puede fomentar el crecimiento económico y la creación de empleos, pero también abatir la inseguridad laboral atemorizante en mercados volátiles. La previsión social ha sido para muchos un buen seguro para la vejez, pero en miles produce angustia cuando se acerca la edad de jubilación y constatan que el ingreso de los pensionados cae violentamente. La ciudad debe crecer a escala humana con áreas verdes para no depender de los " malls " como "el" lugar para pasear con la familia. Las listas de espera en los hospitales públicos y los costosos medicamentos son otra causa de aflicción. Y si bien se valora el avance en educación, de los egresados de media, unos 120 mil estudiantes no acceden a la educación superior y hay miles de ellos que no estudian ni trabajan, y engrosan peligrosamente los grupos donde abundan la drogadicción y el alcoholismo. Emprender la tarea de un nuevo pacto político con el mercado y la sociedad civil exige una renovación del Estado chileno en un escenario de mayores restricciones fiscales. Ello pasa, al menos, por mejorar la deliberación en el diseño de las políticas públicas, una radical reforma del empleo público que hoy se devela ineficiente para servir bien, y mejorar los mecanismos de evaluación, control y transparencia. Es solo un comienzo, pero un buen inicio, de cara a un profundo cambio social, económico y cultural sin muchos precedentes en la historia de Chile. Columna escrita con Alejandro Weber, Máster en Políticas Públicas, Duke University; y publicada en El Mercurio.