“Educación: la pobre herencia de la Nueva Mayoría”

Michelle Bachelet enarboló el 2013 la bandera de los derechos sociales como su lema de campaña y puso a la educación como el ámbito dónde se sentiría con más fuerza la sentencia de que la educación debe ser gratis y universal para ser justa e inclusiva. Dado el amplio rechazo a la gestión de este Gobierno, debe ser frustrante para la Nueva Mayoría haber apostado a un discurso seductor y sentir que la ciudadanía le dio la espalda. Se dijo que hubo problemas de diseño, mala implementación o que se comunicó de manera defectuosa. No se vino a la mente, tal vez, que las reformas cayeron en el vacío porque no sintonizaron con las necesidades de los chilenos. Desde luego, porque la gratuidad no se traga fácilmente en un país que superó la época de creer en las bondades de un estado paternalista y, dónde más que regalos, los chilenos anhelan libertad para decidir, no le temen al esfuerzo y solo demandan que se les den oportunidades para progresar. Lo anterior es muy evidente en la educación escolar con subvención del Estado, punta de lanza de los afanes refundacionales y cuya reforma recibió tímidos aplausos de las familias. La prohibición al financiamiento compartido creado bajo la Concertación fue un error político que no cosechó la adhesión de las familias y sí pone en aprietos financieros a los colegios, amenazando la calidad de su educación. Asimismo, la exigencia de convertir a todas las sociedades comerciales en fundaciones sin fines de lucro choca con el sentido común de que lo que importa es contar con educación de calidad y no censurar a los colegios por su condición jurídica. Quiénes marcharon por las calles el 2015 no lo hacían para saldar una deuda de gratitud; eran familias y sostenedores que protestaban por los cambios legales y que miraban con recelo la icónica reforma llamada de “inclusión”, preguntándose por el gran ausente: la calidad. Misma lectura que han hecho las familias de los colegios públicos. Si bien es cierto que la ley docente es un avance, desvirtúa sus fines porque sesga los incentivos a premiar los procesos más que los resultados en términos del aprendizaje de los estudiantes. Y la creación de los servicios locales públicos, si bien reemplaza en muchos casos una débil gestión comunal, sus estructuras burocráticas alejan a los directores de colegios de la responsabilidad en la gestión y no garantizan mejoras en la calidad de la enseñanza. En educación superior la situación es distinta, porque aún no hay reforma, pero es paradójica. Habiendo consenso en la necesidad de mejorar la regulación para certificar la idoneidad académica y la salud financiera de las instituciones, se ha puesto hincapié en lo que no se pide y que tiene muchos opositores: la gratuidad universal. La gratuidad universal es una utopía para un país como Chile. Avanzar hacia ella debilita el principio de justicia como equidad porque financia a los que pueden pagar y de paso genera brechas negativas de financiamiento en las universidades adscritas lo que afecta su calidad. Además, la pertinaz insistencia en alcanzarla a como dé lugar, se está constituyendo en una nueva frustración con aristas: es un lastre que impide avances en la institucionalidad. El Senador Guillier no ha presentado un programa formal en materia de educación y hay apenas algunos esbozos de sus planes para un futuro Gobierno. No deja de ser llamativo. Quizás era poco estratégico adquirir un compromiso ahora. Con todo, si quedara para la segunda vuelta, no trabaje demás, es recomendable que lea las propuestas de la senadora Goic. Ella hizo la pega y tiene varias ideas interesantes. Lo que sí, y no deja de ser una sorpresa en otra candidata del oficialismo, no son refundacionales. Columna publicada en La Tercera.