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Columnas

Acción penal y libre competencia

Nuestra legislación de libre competencia ha vivido un proceso de permanente actualización y mejora, que hoy tiene una nueva oportunidad de perfeccionar y completar las tareas pendientes. Estamos ante una nueva reforma que propone modificaciones que, de concretarse, puede ser una importante contribución a la investigación y persecución de carteles.

La discusión del proyecto de Ley Anticolusión, iniciada en marzo de este año, ha revivido una antigua disputa respecto a la titularidad de la acción penal en la persecución de carteles duros, polémica que, probablemente, acompañará la tramitación de esta iniciativa legal que forma parte de la Agenda Anti Abusos, presentada por el Presidente Sebastián Piñera en diciembre de 2019.

En efecto, la Ley 20.945 de 2016, radicó en la Fiscalía Nacional Económica (FNE) el ejercicio de la acción penal, esto es, una vez ejecutoriada la sentencia del Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC), solo la FNE es quien puede dar inicio a la investigación penal del delito de colusión por parte del Ministerio Público (MP). En atención a esto, en la misma ley se establecieron resguardos tendientes a minimizar el ámbito de discrecionalidad de la FNE al momento de ejercer esta facultad, debiendo, por ejemplo, fundamentar su decisión en caso de que no la ejerza.

Sin embargo, recientes declaraciones del fiscal nacional del MP han reanudado el debate sobre la posibilidad de que sea el MP quien también pueda ejercer la acción penal, interés que inevitablemente renueva la aprensión de que sean sacrificados criterios técnicos a causa de la presión que puede generar la opinión pública sobre el MP, en especial, cuando se trata de casos mediáticos. Adicionalmente, despierta la preocupación de desincentivar por esa vía la delación compensada, una de las herramientas más eficaces para desbaratar carteles, dado que es la FNE quien confiere los beneficios derivados de la misma.

Desde esta perspectiva y frente a prácticas anticompetitivas recurrentes, incluso en medio de la pandemia que enfrentamos, lo más adecuado parece ser -además de apelar a la conciencia de los directivos- continuar fortaleciendo la institucionalidad vigente, evitando distracciones y manteniendo un diseño que ha sido validado y reconocido como serio y consistente en todas partes del mundo y que más que modificado en Chile, debiera ser imitado en el extranjero.

Karin Moore
Abogada e investigadora en CLAPES UC