12 de diciembre del 2020
En medio del debate por el retiro de los fondos de las AFP y la amenaza de una segunda ola de contagios de Covid-19, la aprobación del presupuesto del próximo año ha tenido menos repercusión de lo habitual. Sin embargo, quiero destacar algunos elementos distintivos de este presupuesto, que operará en un año en que se espera que la pandemia nos siga golpeando, pero que, al mismo tiempo, se proyecta que el país volverá a crecer y saldrá de la profunda recesión sufrida este año.
En primer lugar, el nivel de gasto global que se discutió este año no fue el resultado de la aplicación de la regla de balance estructural, sino que fue fruto de un acuerdo técnico-político que determinó que en 2021 se mantendrá el nivel de gasto de este año. Dependerá fundamentalmente de la evolución de la pandemia y de la velocidad de recuperación económica si es necesario mantener una política fiscal fuertemente expansiva el próximo año; pero más allá de eso, vale la pena destacar un primer aspecto de este presupuesto y es que, en un ambiente político extremadamente polarizado, el marco de entendimiento del 14 de junio se respetó y toda la discusión presupuestaria ocurrió dentro de ese marco predefinido. En efecto, para dar cabida a otras prioridades que surgieron durante el debate en el Congreso, se reasignaron unos $200 mil millones (US$270 millones) equivalentes a 0,35% del presupuesto, pero no se alteró el monto global de gasto.
Por otro lado, pese a la inflexibilidad habitual del gasto público, antes de presentar la iniciativa legal al Congreso se hizo un esfuerzo importante por revisar cómo se estaba gastando. Como resultado de esta revisión de programas y diversos ajustes administrativos, se liberaron del orden de US$2.300 millones que permitieron reforzar programas bien evaluados y crear diversos fondos especiales, como, por ejemplo, para el financiamiento de vacunas, para apoyar a las Pymes, el turismo y la innovación y para reducir las listas de espera, entre otros. Este es un proceso que debe continuar y profundizarse en los próximos años.
En tercer término, el presupuesto 2021 tiene un claro énfasis en la reactivación económica y en la recuperación de empleos. En línea con el mencionado acuerdo de junio, el gasto público aprobado para el próximo año crecerá 9,5% real respecto de la ley 2020 ajustada (aunque se mantendrá constante respecto del gasto estimado para este año). Esta cifra incluye un aumento del gasto de capital o inversión pública de 16,3% y el financiamiento de un millón de subsidios a la contratación. Sin duda esto no es suficiente y se requerirá que el sector privado se ponga de pie para tener una recuperación genuina el próximo año, pero el sector público está haciendo lo que corresponde para apoyar este proceso en el presupuesto aprobado.
Si bien han surgido algunas críticas al énfasis que tiene este presupuesto en la inversión pública, vale la pena destacar que este tipo de gasto tiene diversas características que lo hacen superior al gasto corriente, como su mayor efecto multiplicador sobre la actividad, su transitoriedad y el positivo efecto que genera sobre el empleo.
En cualquier caso, si la pandemia impide ejecutar los proyectos de obras públicas o vivienda planificados, y se requiere un esfuerzo mayor en subsidios y transferencias, existe la flexibilidad necesaria para hacerlo y reaccionar a tiempo ante un cambio en las condiciones económicas o sanitarias. De la misma forma, si la recuperación económica resulta ser más rápida y robusta de lo esperado, es de esperar que se utilice esta flexibilidad para que la política fiscal disminuya su influencia extraordinaria y deje los espacios para que se desenvuelva plenamente la iniciativa privada.
Hermann González
Coordinador Macroeconómico en CLAPES UC
Fuente: El Libero, 12 de diciembre, 2020. Visualizar Columna en Fuente.
Fuente: El Libero
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