Un protocolo insuficiente

El amplio rechazo al proyecto de reforma a la educación superior llevó al Gobierno a elaborar un protocolo de rediseño, que presentó al Consejo de Rectores (CRUCh). La principal crítica al proyecto es que abre flancos para que el Estado invada la libertad de enseñanza, que es una garantía constitucional (Art. 19). El proyecto deja espacios para vulnerar la autonomía y crea nuevas regulaciones en ámbitos ya cubiertos por organismos públicos y, por ende, innecesarias. Pero hay dos aspectos positivos. Saca a la subsecretaría de la definición de los instrumentos de acceso a la educación superior, que serían validados por comités con representación de las instituciones; y reestablece el Aporte Fiscal Directo, lo que no obsta para que a futuro se exijan rendiciones de cuentas y que, eventualmente, se puedan retirar tales recursos en universidades que no cumplan con estándares mínimos de calidad. Pero el protocolo nada dice sobre otros cabos mal atados. Ni en la definición de los criterios y estándares de calidad para la acreditación, que paradójicamente no están asignados al órgano competente (la Agencia de Calidad), ni sobre la intromisión del Mineduc en los temas de acceso, permanencia y titulación de los estudiantes. Es muy reprochable que el protocolo reitere que el Fondo de Investigación y Creación Artística, principal fuente de subsidio estatal para financiar bienes públicos en instituciones que buscan la excelencia, se restrinja a aquéllas que ofrecen gratuidad de aranceles. Se sabe que muchas universidades no podrán sumarse a la gratuidad —de hecho, se declara que la gratuidad es una elección voluntaria—, y la razón es que el Estado no compensa la caída de los ingresos por medio de los aranceles regulados. Un reciente estudio fija en $30 mil millones el déficit global, en 2016, por menores traspasos. El protocolo tampoco se pronuncia sobre la regulación de aranceles para los estudiantes sin gratuidad, lo que conducirá a un agobio económico en universidades que incurren en mayores costos porque invierten en calidad. En suma, mientras no se conozca un texto más integral y detallado sobre el alcance de las indicaciones sustitutivas, el proyecto seguirá empantanado en un cúmulo de regulaciones con un sustrato más bien ideológico, una suerte de estatismo paternalista, y alejado de los objetivos centrales de calidad e inclusión. Columna publicada en La Segunda.