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Responsabilidad fiscal

4 de junio del 2014


Se hace creer que, cuando un Estado inicia un programa permanente de gastos, siempre debería financiarlo con ingresos permanentes, léase mayores impuestos, nunca con deuda o vendiendo activos. Eso es incorrecto para las inversiones y transferencias “con retorno fiscal”.

La intuición es la siguiente: si un Estado inicia un programa permanente de construcción de puentes con peaje, obtendrá en el futuro ingresos de los nuevos peajes. Si salvara el período intermedio subiendo impuestos, distorsionaría la producción y reduciría los salarios. En cambio, si lo salva con deuda pública, evitaría esas distorsiones. En general, la regla de financiar gastos permanentes con impuestos sólo es correcta para transferencias sin retorno fiscal.

Las autoridades de Hacienda prometieron que el nuevo gasto público en educación elevará la calidad educativa, que eso aumentará la productividad laboral de los futuros trabajadores, y que elevará los salarios reales y la participación laboral. Si eso es válido, hay más: cuando suba el ingreso laboral también aumentará la recaudación tributaria (IVA, renta, específicos). El aumento recaudatorio se iniciará sólo dentro de 20 años, cuando los actuales estudiantes básicos empiecen a llegar al mercado laboral adulto, y de ahí en adelante el aumento de recaudación será creciente y sustancial.

Por ejemplo, si la productividad laboral de los 3 quintiles de menor ingreso se duplicara en el largo plazo, esa nueva masa salarial podría sumar un 15% al PIB futuro, y eso elevaría la recaudación en al menos 3% del PIB. Así, en la contabilidad fiscal, la inversión en calidad educativa opera de modo similar a la inversión en puentes.

Propongo encargar la responsabilidad de definir el grado en que cada programa de gasto en educación tiene “retorno fiscal”, a un Consejo Fiscal imparcial, creado por ley, por al menos 4/5 de sus votos. Luego, propongo financiar el período intermedio de 20 años, en parte con deuda, pues el “pasivo financiero neto” actual del Estado chileno a 2013 es negativo, -5,7% del PIB. También debería vender participaciones en empresas estatales, lo cual además mejoraría su gobierno corporativo. Este financiamiento evita subir en exceso los impuestos distorsionadores, ayudando a que la economía y los salarios se frenen menos en los 20 años intermedios, mejorando la gobernabilidad durante ese lapso.

La meta de subir los impuestos en USD 8.200 millones no está basada en principios sólidos de responsabilidad fiscal. Subyacen dos errores: que todos los gastos en educación elevarán la calidad educativa en cero, y que sería esencial reducir a cero en estos 4 años el déficit cíclicamente ajustado. Si la parte invertida en mejorar la calidad educativa fuera 0,75% del PIB, y si se moderara la meta para el déficit cíclicamente ajustado a otro 0,75% del PIB, la meta de recaudación caería a cifras factibles. Si la mitad de este 1,5% se financiara vendiendo activos públicos, a la altura del año 2034 la deuda pública neta subiría a lo más a 13% del PIB, cifra prudente a nivel internacional.

Por Salvador Valdés, Investigador CLAPESUC  http://www.latercera.com/canal/opinion/893.html

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Salvador Valdés

Ing. Civil UC. Ph.D. en Economía MIT.
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