Ley Uber: que gane la competencia

Los cambios tecnológicos han llegado para quedarse y en hora buena, porque mejoran la calidad de vida de las personas. ¿No es mejor la vida con Netflix y con Spotify? El éxito de estas aplicaciones habla por sí sólo, aunque su irrupción haya puesto en aprietos a la radiotelefonía, industria discográfica y a los canales de televisión tradicionales. Pero así es el progreso – ¿se acuerda de Nokia, Kodak o Blockbuster? Lo mismo ocurre con Uber y otras aplicaciones que realizan intermediación o corretaje de servicios de transporte urbano (incluido despacho de comida a domicilio). Éstas no prestan el servicio de transporte, sólo conectan al pasajero con el auto. Su éxito, que se demuestra por el crecimiento exponencial que han tenido en Chile y el mundo, se explica porque prestan un servicio mejor y/o más barato que los taxis tradicionales. Además, son más eficientes desde un punto de vista social: los autos no andan vacíos contaminando y haciendo taco mientras buscan pasajeros por las calles. Hoy en Chile se realiza un promedio de 2,2 millones de viajes mensuales en Uber, lo que refleja que el servicio es valorado por los usuarios. Y cómo no, si el tiempo de espera promedio es de apenas 4 minutos, los autos son modernos y limpios y el servicio funciona 24/7. Además, la aplicación les permite a muchas personas desempleadas, jubiladas o con responsabilidades domésticas complementar sus ingresos en horas y días que tienen disponibilidad. Sin embargo, frente a esta “amenaza” los gremios de taxis – que por años han conseguido por distintas vías mantener restringida la entrada de nuevos competidores – han presionado a las autoridades políticas para que se “regule” a estas plataformas. Su fin último es restringir la competencia. Como los usuarios de las aplicaciones tecnológicas no son un grupo organizado que pueda hacer lobby, no pueden contrarrestar esta presión. Algo parecido ocurrió por años con los anteojos de lectura: no podían venderse sino en una óptica y con receta, lo que obligaba a los ciudadanos a ir al oculista para obtener los mismos lentes para leer que hoy compran en las farmacias (y que por años se han vendido sin receta en otros países).